Los casos por cerrar caen un 13% pero el colapso se perpetúa en los penales, con dos millares de condenas firmes sin ejecutar
La maquinaria de la justicia no se para aunque chirríe y las penurias del presupuesto marquen una etapa de corto a medio plazo con menos recursos y campo de reivindicación. En tres meses llega a solucionar 12.000 casos pero el papel mide en toneladas los retrasos que pervierten el derecho del usuario a no aguardar plazos eternos hasta una salida a sus pleitos y procesos. La prolongación de la crisis incuba cierto grado de resignación pese a las críticas mantenidas de los funcionarios sobre recientes y previsibles recortes. La Xunta, tirando de coyuntura y menos margen de maniobra, no los niega.
Papeles que amarillean, procesos dilatados con los años y castigos sin cumplir se concilian mal con el lado mejorado de las cifras que evidencia la reducción de un 13% en el volumen de asuntos judiciales por resolver, cerca de 12.000 en todas las instancias ourensanas según la última estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Contrastan con los 13.640 casos abiertos al fin de 2010, evidencian que se soluciona más en un trimestre (12.506) que el número de nuevos pleitos y denuncias que llegan (11.878), pero los datos, a la vez, consolidan el preocupante lastre de los dos juzgados de lo Penal, las sedes de resolución de la inmensa mayoría de los delitos que se destapan en Ourense.
Los dos órganos se multiplican en los esfuerzos, disponen de personal de auxilio mientras proliferan los recortes, y aun con todo no se despegan de los más de dos millares de condenas firmes que todavía no se han llevado a la práctica, alentando el riesgo de prescripción y cultivando cierta sensación de impunidad al eternizarse la aplicación de la ley y demorarse, por ejemplo, el pago de indemnizaciones.
El cumplimiento de las sentencias dictadas no supone, ni mucho menos, la única labor pendiente de estas dos instancias. "No saben ni por dónde empezar al llegar por la mañana", explicaba gráficamente ayer el presidente de la junta de personal, Xosé Antón Velón, altavoz de la desazón del funcionario. Los dos penales reciben, en tres meses, más de 300 nuevos procedimientos de instancias inferiores. Según los últimos datos, arrastran 664 asuntos pendientes de juicio, sentencia y solución, incrementando las pilas por hacer y la carga diaria de trabajo. Las cifras también revelan la medida del trabajo de los dos magistrados titulares. En 90 días dictaron 204 autos y rubricaron 158 sentencias.
La mala situación de estas dos sedes es tal que genera consenso entre las partes que difieren en todo lo demás. Los sindicatos temen una cascada de recortes, los magistrados se resignan a sortear lo que viene exprimiendo recursos al máximo, mientras que la Xunta tampoco esconde el rumbo determinado por la crisis.
Después del cese en las últimas semanas de cinco funcionarios de refuerzo que se quedaron sin renovar sobre un total de once –en lógica podrían empeorar los ritmos–, fuentes autonómicas anuncian la posibilidad de nuevas reducciones. "Hasta el verano se venían cubriendo las bajas en tiempo real, casi automáticamente. Y ahora lo que se hará es seleccionar, claramente hay plazas que son demorables. Dependiendo de la situación, se podrán demorar e incluso no cubrir estas plazas, en los juzgados con poca carga de trabajo". Los operadores también lamentan el retraso en la implantación del sistema informático y notificación Lexnet.
Sin calendario y previsión a la vista del gobierno central, que se verá obligado a prorrogar unos presupuestos irreales tras la tormenta europea, podrían aparcar sin fecha ni plazos la dotación de nuevos juzgados que hasta hace bien poco todavía eran un clamor. "Habrá que reforzar lo más urgente y reclamar con cabeza porque hay que ser conscientes de la situación actual", advertía ayer el juez decano, Antonio Piña.
Apoyos
A pesar de los recortes que causan pavor entre los funcionarios por la baja y tardía reposición de interinos, Ourense todavía puede pertrecharse con cinco funcionarios de apoyo que, dado el nivel de tareas de otras sedes como el Juzgado de lo Mercantil –con trámites complejos en concursos mercantiles y reclamaciones de la crisis– el instaurado en 2010 de Familia –que tiene ya medio millar de casos pendientes– y los restantes órganos de Primera Instancia, deberán trabajar sin arraigo rotando de sede en sede. "La impresión que tenemos es que van a meter la tijera", concluía a las claras Xosé Antón Velón.
Publicado en www.farodevigo.es
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