Los jueces achacan los altos niveles de pendencia al aumento de las condenas por impagos y a la falta
Uno de los factores que más empaña la imagen pública de la Justicia es su lentitud. El estallido de la crisis ha multiplicado el recurso a las demandas judiciales para reclamar deudas y pagos pendientes, haciendo que la necesidad de una respuesta ágil y eficaz por parte de los jueces tenga más sentido que nunca. Las estadísticas, sin embargo, revelan una realidad muy diferente ya que no solo crecen los asuntos que llegan a los juzgados, sino que las sentencias sin ejecutar también se acumulan en las dependencias judiciales de todo el país, sobre todo, en los órganos civiles, que es a donde van a parar las denuncias por deudas. "La crisis ha provocado más impagos y, por lo tanto, más sentencias condenatorias, pero también hay mayores dificultades para pagar. Si la gente no tiene dinero, por mucho que dictemos sentencias no se pueden ejecutar", resume Xermán Varela, magistrado y portavoz de la organización progresista Jueces para la Democracia en Galicia.
En el caso de los juzgados de la comunidad, el número de resoluciones a la espera de ejecución se ha disparado un 15% en apenas año y medio y asciende ya a 127.798, en su mayoría, por delitos civiles y penales. Es una cifra enorme pero que sigue creciendo, incluso durante 2011, cuando se preveía que la carga de trabajo vinculada a la crisis empezaría a relajarse y permitiría normalizar la situación en los juzgados. En los seis primeros meses del año, sin embargo, la Justicia gallega acumuló otras 16.229 sentencias pendientes, el 93% de ellas (15.184) en el ámbito civil, un dato que viene a confirmar que gran parte de los fallos a la espera de resolución están relacionados con la crisis.
Varela tiene claro que la razón de este colapso hay que buscarla en un "exceso de carga de trabajo" y en la "abusiva derivación a los juzgados de asuntos" que podrían resolverse por vías alternativas, como el arbitraje o la mediación y sin "reducir las garantías". Esta excesiva litigiosidad sumada a la falta de medios suficientes y adecuados para cumplir en tiempo y forma las sentencias explican, en su opinión, el problema que arrastra en Galicia y el resto del país las ejecutorias civiles, que son, dice, "una de las grandes cenicientas" de la Justicia.
"Si no se ejecutan las sentencias, por muchas que haya de poco le valdrán a la gente. Una sentencia debe cumplirse en un plazo razonable y serio, pero en muchos casos se tarda más en ejecutarla que en llegar a dictarla", reflexiona Xermán Varela, que añade que se trata "de un círculo vicioso, porque cuanto más se tarda en ejecutar, más difícil es lograr que se cumpla". A modo de ejemplo, el magistrado explica que ante cualquier denuncia relacionada con una deuda lo normal es que el demandante tenga algún tipo de vínculo con la persona que le debe dinero, como "un número de cuenta o una dirección", información que puede serle muy útil al juzgado. "Pero cuando pasa cierto tiempo esos datos se pierden", explica.
Como dificultad añadida en el caso de las sentencias relativas a deudas, Varela destaca los problemas técnicos y logísticos a los que se enfrentan jueces y funcionarios para hacerlas cumplir, como la falta de recursos a su alcance para la búsqueda de patrimonios, las dificultades para que, una vez localizados, esos bienes puedan ser rápidamente subastados o el actual sistema de pujas judiciales, que peca de cerrado y al que cree que se le podría dar mucha más publicidad gracias a las nuevas tecnologías.
Para solucionar este atasco en la fase de ejecución, Varela no cree que la única respuesta sea crear más juzgados sino dotar a los órganos existentes de más y mejores medios para "poder sacar adelante sus sentencias". "Hay que mejorar mucho la gestión de la ejecución. Hay que conseguir una informatización real de los juzgados, que el acceso a determinada información sea automático y eso implica también formar a los funcionarios", asegura.
Pero las sentencias sin ejecutar no son lo único que se acumula en los juzgados. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Justicia gallega cerró el primer semestre de este año con un total de 172.564 asuntos sin resolver. La buena noticia es que esta bolsa, si bien sigue siendo exagerada, empieza a reducirse, una tendencia que ya se empezó a detectar a finales de 2010 y que los últimos datos parecen confirmar. Entre enero y junio los asuntos pendientes cayeron de media un 6,2% en todas las jurisdicciones salvo en una: la Social. Este es otro de los ámbitos, precisamente, más afectados la crisis. Asuntos como despidos, conflictos colectivos o ERE's se han disparado en los últimos años y eso se nota en la pendencia de los juzgados sociales, donde esperan su turno 28.870 asuntos, casi mil más que los que había a principios de año.
El ´desahucio exprés´, uno de los pocos casos que se resuelven en pocos meses
Pese a la lentitud con la que, por regla general, se ejecutan la mayoría de las sentencias en España, hay un caso que supone una clara excepción: los desahucios. A pesar de que la crisis ha puesto las denuncias por impago del alquiler a la orden del día, solo en el primer semestre de este año se ejecutaron en Galicia 1.152 lanzamientos (figura jurídica que define el desalojo del inquilino moroso).
Estas cifras solo son posibles gracias a las últimas reformas legislativas encaminadas a agilizar la ejecución práctica de los desahucios. La primera, aprobada en noviembre de 2009 a través de una modificación parcial de la ley de Enjuiciamiento Civil, sentó las bases del hoy conocido como desahucio exprés, que pretendía agilizar un procedimiento que hasta entonces se prolongaba de media entre diez meses y un año. Los cambios introducidos permiten exigir ahora el desahucio a partir de un solo mes de impago y obtener además una sentencia más rápida, al acortarse el plazo legal para hacer efectivo el desalojo de la vivienda de tres meses a solo 30 días desde la celebración del juicio. Entre la denuncia, la notificación y la ejecución efectiva del desahucio, sin embargo, podían pasar todavía medio año ya que la saturación de los juzgados suele demorar la señalización del juicio entre tres y cuatro meses.
Con la intención de recortar todavía más los plazos el pasado 31 de octubre entró en vigor la ley de Agilización Procesal. Esta norma dio un paso más hacia el desahucio exprés al establecer que los inquilinos morosos tendrán tan solo diez días para responder a la notificación judicial informándole de la denuncia y si no lo hace (algo bastante habitual y que contribuía a dilatar el procedimiento) se puede proceder al desalojo sin necesidad de ir a juicio. ¿El objetivo? Ejecutar el desahucio en dos o tres meses.
Publicado el 28/11/2011 en www.laopinioncoruna.es
Enlace permanente: http://goo.gl/pfz0k
