08.09.2011.- CCOO considera que la eliminación de los permisos sindicales son un ataque al movimiento sindical y no va a mejorar la delicada situación financiera de la Generalitat valenciana. Con este ataque a los sindicatos, el consell quiere evitar el debate sobre la nefasta gestión económica que en la Generalitat ha realizado el Partido Popular en la última década.
El Gobierno valenciano ha roto los acuerdos suscritos en su día con los sindicatos sobre permisos sindicales de carácter institucional. Estos permisos corresponden a la representatividad que otorgan los resultados de las elecciones sindicales y las personas que los ostentan atienden a cuestiones que van más allá del centro de trabajo, como por ejemplo, la participación en foros o comités consultivos. Tal y como confirmó ayer el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, estos permisos se van a anular. En total se trata de eliminar a 197 permanentes sindicales de todos los sectores públicos: sanidad, educación, función pública y justicia.
Este ataque directo al movimiento sindical no mejora la situación financiera y económica de la generalitat, y simplemente obedece a una posición política e ideológica ultraconservadora que busca debilitar al máximo el sindicalismo de clase que representa CCOO.
La decisión del Gobierno valenciano, expresada en la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Generalitat Valenciana, quiere evitar el necesario debate sobre la baja calidad que presentan los servicios públicos básicos en el País Valenciano y sobre cómo abordar las dificultades financieras a las que nos ha llevado la mala gestión del consell.
Nada se aleja más de la realidad para CCOO. La situación económica y financiera de la generalitat obedece a una nefasta gestión y al desarrollo de un modelo de actuación política dirigido al saqueo de las arcas públicas.
Desaparición de 704 plazas
Por otro lado, las federaciones del Área Pública de CCOO en el País Valencià (Servicios a la Ciudadanía, Sanidad y Enseñanza) rechazan la amortización de 704 en la administración autonómica, anunciada ya. En su lugar, CCOO propone que esas plazas se destinen a los centros de atención directa, para atender a personas mayores, discapacitadas o con necesidades especiales, centros educativos y hospitalarios. Asimismo, el sindicato señala que se podría reducir el número de asesorías y de una nueva figura, el coordinador o coordinadora de asesores y asesoras, que no ha sufrido ninguna merma.
Ante esta situación, CCOO quiere aclarar que las federaciones del Área Publica no van a enmudecer y continuarán defendiendo los intereses de las personas a las que representan, los trabajadores y las trabajadoras.
