21-06-2011. Los secretarios generales de CCOO y UGT intervienen en la asamblea de delegados y delegadas de los dos sindicatos que se celebra este miércoles en Madrid con motivo de la Jornada de movilización convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, CES.
La Jornada de Acción de mañana día 22 consistirá en una asamblea de delegados y delegadas de CCOO y UGT , , a las 10h, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Pº Castellana, 90), en la que intervendrán los secretarios regionales de Madrid, Javier López y José Ricardo Martinez, y los secretarios generales confederales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.
Al término de la asamblea, los delegados y delegadas, encabezados por delegaciones de los dos sindicatos y los secretarios generales de CCOO y UGT, marcharán en manifestación hasta el Ministerio de Trabajo, donde entregarán el manifiesto de la Confederación Europea de Sindicatos, exigiendo un cambio de rumbo de la política económica y europea, diciendo ¡no! al gobierno de austeridad y sí a una Unión Europea y, harán declaraciones a los Medios de Comunicación.
LA CES, CCOO Y UGT EXIGEN UN CAMBIO DE RUMBO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EUROPEA
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su reciente Congreso celebrado en Atenas, ha convocado a los trabajadores y trabajadoras europeos a participar en una nueva movilización sindical. El motivo general del llamamiento es la expresión del rechazo a las políticas económicas y sociales, impulsadas o impuestas por las instituciones de la Unión Europea, y la exigencia de un radical cambio de rumbo de las mismas en el incipiente gobierno económico de la UE. Las políticas de austeridad y ajuste presupuestario acompañadas de las llamadas "reformas estructurales", iniciadas en mayo de 2010 y que van a ser consagradas en el Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro, no sólo son profundamente injustas, al hacer recaer todo el coste de la crisis sobre los trabajadores y las clases medias, sino que, además, son erróneas: han fracaso estrepitosamente en su propósito de poner fin a la crisis de las deudas soberanas de varios países (véase la situación actual y las perspectivas de Grecia, Irlanda y Portugal) y, en aquellos Estados miembros que las han aplicado con mayor rigor, como España, el resultado ha sido el mantenimiento o la recaída en la recesión y el fuerte aumento del desempleo.
La política que rechazamos parte del error de tener un único objetivo -reducir déficits y deudas públicas-, limitarse a ello en el peor momento -antes de la recuperación del crecimiento- y pretender alcanzarlo en un plazo de tiempo muy corto-2013-. Peores son los medios, que están produciendo un aumento de la pobreza y la desigualdad social en casi todos los países europeos: reducir y congelar salarios y pensiones, recortar fuertemente las inversiones públicas y las prestaciones sociales, aumentar sólo los impuestos indirectos y reformar la negociación colectiva en el sentido de debilitar su fuerza normativa, en particular la de los convenios sectoriales, maximizar la flexibilidad sin seguridad y debilitar la capacidad contractual de los sindicatos.
Nunca en la historia de la UE se habían promovido desde sus principales instituciones - Consejo, Comisión y Banco Central Europeo - unas políticas de signo tan conservador y ultraliberal. Nunca se había pretendido, en tan gran número de países, establecer simultáneamente tantas medidas que deterioran prestaciones e instituciones básicas de sus Estados de bienestar. Nunca hasta ahora se había utilizado la necesidad de financiación pública de los gobiernos nacionales para imponer políticas reaccionarias en campos en los que la UE no tiene competencias: políticas sociales, salarios y negociación colectiva.
Estas y otras decisiones políticas, como las que afectan a las migraciones, están fomentando el alejamiento de los ciudadanos de las instituciones europeas, fomentando el nacionalismo, la insolidaridad y la quiebra de la cohesión social y entre los Estados y, con todo ello, poniendo en serio riesgo el propio proyecto de integración, económica y política, de la UE.
UGT y CC OO han tenido que enfrentarse a la negativa influencia de la política económica y laboral de la UE en el diálogo social en España. El pasado año contribuyó al fracaso de la negociación sobre la reforma del mercado laboral y a los negativos contenidos de lo decretado por el Gobierno en esta materia, que llevaron a convocar la Huelga General del 29 de septiembre y, ahora, a promover la Iniciativa Legislativa Popular para rectificar lo promulgado. En estos días, las orientaciones del Pacto por el euro y las condiciones del plan de ajuste para el rescate financiero de Portugal han contribuido a que la patronal española, la CEOE, se desdijera de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación e hiciera fracasar las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva.
CC OO y UGT han participado en todas las movilizaciones sindicales europeas que la CES ha convocado desde comienzos de 2010, por considerar que, hoy más que nunca, resulta necesario enfrentarse en el ámbito transnacional europeo a unas políticas que condicionan tan decisivamente la actuación de gobiernos y patronales en cada país. La CES ha convocado una nueva movilización sindical europea en las vísperas del debate en el plenario del Parlamento Europeo (22 y 23 de junio) del Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro, y de la Cumbre del Consejo Europeo (23 y 24 de junio). El 21 de junio se celebrará una euromanifestación en Luxemburgo en la que participarán delegaciones de CC OO y UGT. La CES ha llamado a que se realicen acciones públicas en las principales ciudades europeas (en Grecia se ha convocado una nueva huelga general, el 21 de junio).
La CES, UGT y CC OO pretenden que el mensaje de los trabajadores europeos a los responsables políticos sea claro: hay que cambiar el rumbo de la errónea y antisocial política económica europea; el fortalecimiento del gobierno europeo pasa por reforzar, y no atacar, su modelo social.
Además, en relación con el debate que tendrá lugar en el Parlamento Europeo, defendemos que:
Los avances logrados durante los trabajos del Comité de Asuntos Económicos sean preservados: hay que garantizar la autonomía de los interlocutores sociales, en particular en lo que respecta a los salarios y al marco de la negociación colectiva; el gasto público en inversión sostenible sea independiente de las restricciones presupuestarias y no contabilice para la consecución de los objetivos de déficit; el gobierno económico europeo incluya la armonización de la base fiscal y un tipo impositivo mínimo del impuesto de sociedades; las inversiones en el desarrollo europeo y en las redes de infraestructuras y proyectos se financien mediante la emisión de eurobonos; para hacer frente a las necesidades de financiación de los Estados miembros, de forma solidaria y a tipos de interés y plazos razonables, la UE debe emitir eurobonos hasta un valor equivalente al 60% del PIB de cada uno de ellos. La CES, CC OO y UGT participan igualmente en la campaña internacional por la implantación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales (el 22 de junio se celebra una jornada mundial de apoyo a esta reivindicación). Hoy, ambas medidas resultan especialmente útiles para combatir la especulación financiera y la evasión fiscal y para obtener los ingresos necesarios para la realización de las políticas públicas que estamos preconizando.
Gobernar Europa tiene que significar trabajar por una Europa más social e inclusiva para todos los ciudadanos, especialmente para los jóvenes. El gobierno económico de la UE debe estar orientado al acceso a puestos de trabajo estables y de calidad, la promoción generalizada de la formación para todos, los salarios dignos, y una fuerte protección social. Se deben asegurar y defender el poder adquisitivo, el nivel de las pensiones y el acceso a unos servicios sociales de calidad.
UGT y CC OO hemos convocado una jornada de acción en España el 22 de junio. En ese día se celebrarán asambleas de delegados/as y concentraciones o manifestaciones en numerosas ciudades españolas. Las concentraciones o manifestaciones se convocarán ante las Delegaciones del Gobierno y, en Madrid, concluirá ante el Ministerio de Trabajo.
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