Publicado en www.europapress.es
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado este miércoles, en el Pleno del Congreso de los Diputados, que su Ministerio ya dispone de una primera propuesta de texto preparatorio dirigido a la reforma del proceso penal elaborado por el grupo de trabajo constituido a este efecto.
En respuesta a una pregunta efectuada por el diputado del PNV Emilio Olabarría --que mostró su preocupación por la ineficacia del secreto de sumario-- Caamaño ha destacado la necesidad de una reforma integral de este proceso, que, ha dicho "es algo imprescindible para este país". "El trabajo está muy avanzado, contamos ya con un texto preparatorio que esperamos podamos presentar pronto", ha asegurado.
El ministro ha puesto de manifiesto en la cámara baja las carencias de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, y que ha sufrido desde entonces 65 modificaciones, 47 de ellas posteriores a la Constitución de 1978.
"Junto a los aspectos ignorados por las reformas subsisten normas en desuso y otras cuya vigencia efectiva es mas de discutible, además de resultar un cuadro normativo notoriamente insuficiente para atender a las necesidades de la justicia penal", ha asegurado.
Caamaño se ha mostrado convencido de que ha llegado el momento de "poner fin a esta sucesión de reformas parciales" que no dan solución al problema y que "agravan las carencias" y ha destacado que la propuesta de texto mencionada servirá "para iniciar el camino hacia un nuevo proceso penal".
A pesar de que el ministro se ha referido en concentro al secreto sumarial ha destacado que la intención del Gobierno es elaborar "un modelo completo y ágil de proceso penal" a la altura de otros países de nuestro entorno democrático.
"Se trata en definitiva de tener una Ley que acote la fase de investigación y en la que se ponga fin a la palabra imputado, que incorpore por primera vez el estatuto jurídico de las víctimas al proceso penal, que regule con precisión los derechos de las personas contemplando garantías constitucionales", ha precisado.
En opinión del ministro debe tratarse de una norma que resulte respetuosa con los derechos de los investigados pero también con la libertad de información, imprescindible en una sociedad democrática, y que reconozca de forma inequívoca el derecho a una segunda instancia penal.
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