Publicado en www.diariodeburgos.es
Muestran su «indignación» ante las voces que les han acusado de obstaculizar el proceso. Señalan que el Ministerio les ha ninguneado de forma «consciente y premeditada»
Los jueces burgaleses se han sentido «abandonados» en el proceso de implantación de la nueva Oficina Judicial y acusan al Ministerio de Justicia de no darles de forma «consciente y premeditada» la oportunidad de participar en el proceso. Magistrados, secretarios, fiscales y procuradores participan entre ayer y hoy en un curso titulado ‘Los primeros meses de vida de la Nueva Oficina Judicial’, que dirige y organiza Francisco Javier Ruiz Ferreiro, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Burgos.
La jueza decana, Blanca Subiñas, quien señaló que el modelo tal como funciona ahora «no es exportable», atribuyó a la «poca participación de la carrera judicial en el proceso de implantación» parte de la culpa de su fracaso en estos primeros meses. María Luisa Miranda, titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 y encargada del Registro Civil se sintió «indignada» por las acusaciones de algunos colectivos acerca de la obstaculización de los jueces a la implantación. «Si algo ha funcionado ha sido precisamente gracias al trabajo de los magistrados y a las buenas relaciones que han tratado de entablar con el resto de colectivos», afirmó.
Francisco Javier Ruiz participó de esa misma indignación y recordó que el Ministerio, cuando a principios de octubre los jueces preguntaban cuándo se pondría en marcha la Oficina Judicial, «se negaban a dar ninguna fecha». Y luego comenzó a funcionar un 10 de noviembre.
Los tres jueces, junto a la directora del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP), Pilar Rodríguez, participaron en una de las mesas redondas celebradas ayer en el hotel NH, en la que se abordó el actual proceso de implantación de la Oficina Judicial así como el expediente digital y las futuras reformas.
En este sentido, Subiñas recalcó que el modelo se puso en marcha de forma «precipitada» y se mostró partidaria de una puesta en marcha «gradual» de los servicios comunes. La fase de implantación en que se encuentra actualmente «es de agotamiento», ha llegado al máximo. Y solo el expediente digital «contribuirá a evitar muchas de las deficiencias» de la Oficina Judicial, ya que con él se eliminarán los traslados físicos de expedientes desde los servicios comunes a las Unidades de Apoyo a los Jueces (UPAD), que son los que retrasan el procedimiento.
Personal escaso
La jueza decana de Burgos lamentó que la provisión de puestos de trabajo no fuera la más adecuada en la puesta en marcha del nuevo modelo. En concreto, subrayó la poca dotación de persona al SCOP, con tan solo 30 funcionarios, «cuando es el gran tramitador, el que realiza la labor desde la entrada de una demanda hasta la ejecución de la sentencia». Prueba de la escasez de recursos humanos en el servicio es que a finales de junio empezarán a trabajar en él 20 funcionarios más.
Con la modificación del modelo organizativo 256 funcionarios se han movido de su puesto de trabajo, «con lo cual los juzgados han perdido en especialización». Subiñas puso un ejemplo: «Hay trabajadores que han pasado toda su vida en Vigilancia Penitenciaria que han pasado a tramitar asuntos mercantiles o de familia, todo ello sin recibir la formación adecuada», se quejó.
Reclamó, asimismo, un servicio de información «eficaz» y una agenda de señalamientos «acorde a estos tiempos». Solicitó también que se dote a los jueces de un sistema que los mantenga vinculados a los servicios comunes, y reclamó que las UPAD se dediquen a la labor para las que fueron concebidas, el auxilio a los magistrados, y no a la tramitación.
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