Publicado en www.lavozdegalicia.es
La Agencia de Protección de Datos detectó deficiencias en la seguridad tras una queja del juzgado que lleva el caso Carioca
21-05-2011. La Xunta admitió ayer que había errores graves en la red informática judicial, pero que se detectaron antes de la denuncia formulada por la jueza del caso Carioca. El Gobierno gallego recalca que la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica trabaja en los puntos más débiles del sistema y, de hecho, alegan que ya se han solventado la mayoría de las deficiencias detectadas por la Axencia de Protección de Datos. Los técnicos de la Xunta localizaron los primeros problemas en el año 2009, concretamente cuatro meses antes de que «xurdira a incidencia no Xulgado de Lugo» y de forma inmediata se puso en marcha un plan de medidas urgentes que se ha ido complementando con otro de mejoras estructurales de más calado.
Aunque la Xunta garantiza que, en ningún caso, los datos de este caso corrieron el riesgo de ser objeto de filtraciones graves. «Como xa se explicou no seu día, a incidencia informática bloqueou temporalmente o acceso á información do sumario do caso Carioca por parte dos usuarios, pero non provocou en ningún momento a perda de ningún dato nin o acceso á información por parte de terceiros», según destacan los portavoces de este departamento, que dejan claro que nada tuvo que ver con un acto de piratería informática: «Non foi un incidente provocado, senón un fallo do sistema informático».
La Axencia de Protección de Datos detectó una serie de deficiencias que la Xunta asegura que casi ha terminado de resolver y que se trabaja en el resto con la premisa de crear controles estrictos del personal que accede al servicio y el modo el en que lo hace. Asimismo, estas mejoras no terminarán hasta que se complete una auditoría que pueda sacar a la luz otros puntos flacos del modo en el que se almacenan los archivos judiciales en Galicia.
«Deficiencias históricas»
La Xunta reconoce que existían «deficiencias históricas no ámbito xudicial galego en materia tecnolóxica». Por eso, alega que el plan de medidas urgentes con el que se trabajó en un primer momento tendrá una segunda fase en la que se pondrá en marcha un programa denominado Senda 2014 y que los técnicos definen como «a primeira folla de ruta para consolidar unha infraestrutura tecnolóxica e de servizos robusta e fiable que permita avanzar na integración das novas tecnoloxías no eido xudicial».
Durante los años 2009 y 2010 se completaron inversiones por valor de cinco millones de euros que se centraron en la sustitución de los equipos y las infraestructuras, mientras que para el presente ejercicio está prevista la misma cuantía, que se dedicará a completar la red. El plan Senda prevé que antes del año 2014 se inviertan 34 millones de euros, con los que se pretende finalizar la modernización de toda la red judicial.
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Un sistema que blindará el acceso a los expedientes
Entre las nuevas soluciones para reforzar la seguridad de la red de datos de los juzgados figuran dos que tienen como objetivo blindar el acceso a los expedientes. Así, los informáticos de la Xunta ya trabajan en un sistema que generará un registro sobre las consultas que hagan los funcionarios y otro donde figurarán las personas autorizadas a entrar en la documentación de cada caso.
La jueza también descubrió que una declaración había sido modificada
El grave problema de seguridad informática detectado en el juzgado lucense que se encarga de la instrucción de la operación Carioca, no se limitó únicamente a que no fue posible acceder a las diligencias previas, declaradas secretas, los días 6 y 8 de noviembre del año 2009. La jueza, Pilar de Lara, también detectó que una declaración efectuada por una persona relacionada con la investigación fue cambiada, sin que se pudiera saber qué fue lo que ocurrió.
La instructora denunció esta situación a la Xunta, a los órganos judiciales y a la Agencia Española de Protección de Datos, sin embargo en la resolución dictada por este organismo no se hace referencia a este cambiazo.
Protección de Datos estima que la incidencia informática puso en grave riesgo información contenida en el sumario, decretado secreto, y también la identidad de los testigos protegidos. Según indicaron diversas fuentes, no existe garantía alguna de que alguna persona pudiera haber entrado en las diligencias y copiado o anotado la relación de mujeres que tenían la condición de testigos protegidos para, luego, amenazarlas para que no prestaran declaración y así conseguir echar por tierra la operación en el momento del juicio.
La jueza, en su denuncia, expresaba que los datos de los numerosos testigos protegidos se encontraban en el soporte informático y no en papel, precisamente para dar la debida protección a tales personas. La instructora apuntaba que le resultaba totalmente incomprensible que desapareciese de su juzgado precisamente este proceso penal en el que están implicadas numerosas personas y hay múltiples intereses. En sus denuncias recordaba que, aunque el procedimiento acabó siendo recuperado, este pasó algún tiempo desaparecido.
