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Cree que serán contadas las ocasiones en las que el orden lo establezca un funcionario
El Registro Civil de San Sebastián no ha tenido en los últimos cuatro años un solo caso de conflicto porque los uno cónyuges quisieran que su apellido fuese el primero que llevara su hijo. El dato es revelador e induce a pensar que la disposición que contempla la nueva Ley de Registro Civil respecto a que sea un funcionario quien decida el orden de los apellidos de un recién nacido ante el desacuerdo de los padres será de escasa utilización en Gipuzkoa. «Suponemos que serán contadas las veces que se aplique. En los cuatro años que llevo en el Registro donostiarra, no hemos tenido un caso de estas características», afirma Belén Quintillán, secretaria del Registro Civil de San Sebastián y del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia, órgano al que está adscrito dicho servicio.
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el miércoles por unanimidad la reforma del proyecto de ley de Registro Civil, que a excepción de un artículo del Código Civil, no entrará en vigor hasta transcurridos tres años desde su publicación en el BOE.
A partir de entonces, la solución ante un desacuerdo entre los progenitores sobre el orden de los apellidos de su hijo no será que se registre primero el del padre, como rige en la actualidad; ni el orden alfabético, como había propuesto inicialmente el Gobierno. Tampoco se aplicará el azar o los apellidos menos frecuentes como habían sugerido algunos grupos parlamentarios de la oposición.
Conforme al consenso alcanzado en el Congreso, si no hay acuerdo entre los padres o tutores legales del menor, se les apercibirá que tienen tres días más para cumplir con su obligación de fijar el orden y, de no hacerlo en dicho periodo, decidirá la persona encargada del Registro Civil, atendiendo siempre al «interés superior del menor». El hecho es relevante, ya que el registro del primero de los hijos determinará la filiación de los restantes.
Funcionario cualificado
Desde el Registro Civil donostiarra se indica que en el que caso de que haya discrepancias entre los cónyuges, éstas se darán principalmente en aquellos casos en los que exista un problema derivado de una separación, y no exista un acuerdo en el orden de los apellidos. «Imagino que ese es el ejemplo en el que el legislador ha pensado. De cualquier manera, conforme a nuestra experiencia estadística, estos casos son muy pocos, una porción ínfima», afirma Belén Quintillán.
Aunque la ley no concreta qué funcionario deberá adoptar en última instancia la decisión, se da por hecho que no será la persona que en ese momento esté atendiendo al ciudadano. Al contrario, todo indica que será uno de «alta cualificación», presumiblemente quien dirija el Registro Civil.
En la actualidad, al frente de este servicio se encuentra un juez que es quien en última instancia resuelve. Con la nueva ley, no obstante, el Registro quedará desvinculado de cualquier órgano judicial, por lo que se convertirá en un ente de carácter administrativo. En consecuencia, ya no será el magistrado quien adopte las resoluciones, sino la persona que sea designada para gestionar la oficina, que, muy probablemente, será un secretario judicial con nuevas atribuciones.
Desde el Registro Civil donostiarra se reconoce la «indefinición» en la que incurre la norma aprobada cuando, en el momento de fijar el orden de los apellidos, se apela al interés superior del menor. «Es muy difícil concretar cuál es ese interés. Hay casos en los que la decisión parece más sencilla, principalmente cuando la combinación de ambos apellidos genera mofa o composiciones poco afortunadas. Pero imaginemos que los apellidos son García y Pérez. ¿Qué debe primar?, García-Pérez o Pérez-García. La expresión de anteponer el interés del menor tendrá que ser explicada y ampliada cuando la ley, a su vez, se desarrolle reglamentariamente», afirma Belén Quintillán.
De acuerdo con la ley actual, la inscripción en el Registro Civil de un recién nacido con el apellido de la madre sólo puede efectuarse en el momento de la propia inscripción o bien cuando esa persona adquiere ya la mayoría de edad. «Hoy por hoy no son demasiados los casos en los que se antepone el apellido de la madre al del padre. No llegan al 50% de los casos. Y no alcanzan ni cincuenta al año el número de personas que solicitan el cambio cuando llegan a la mayoría de edad», afirma Quintillán.
Expedientes de matrimonio
Además de la desvinculación del Registro Civil con cualquier órgano judicial, la nueva ley ofrece otra destacada novedad: traslada la competencia de la tramitación de todos los expedientes de matrimonio que se celebran en el ámbito civil a los ayuntamientos. «En la actualidad, nosotros tramitamos los expedientes y luego los cónyuges celebran las bodas en el Registro o en otro lugar. Con la nueva ley, dicha tramitación pasará a los ayuntamientos. Va a ser una carga importante para ellos. Los expedientes sencillos son, eso, sencillos, pero los complicados pueden resultar muy laboriosos, sobre todo cuando los contrayentes son parejas de distinta nacionalidad. Hay que hacer gestiones con consulados, a veces publicar edictos, reunir diferente documentación...» explica Belén Quintillán.
Cuando la nueva ley entre en vigor, las bodas ya no se oficiarán en los Registros. «Como no va a haber un juez para celebrar, que es el que estaría investido de la facultad para casar, la persona que encargada del Registro no podrá celebrar, a no ser que haya un cambio legislativo en ese sentido. Por lo tanto, serán los alcaldes o los concejales los únicos que podrán hacerlo», explica la secretaria del Registro Civil.
«A veces miramos en Google si el nombre existe»
Una de las causas habituales de discrepancia surge por el nombre de los niños inscritos. «A veces, no sabemos ni de dónde los obtienen. En ocasiones, los buscamos en Google. Los padres pueden poner el nombre que deseen, pero tiene que existir. La ley no permite nombres que puedan provocar risa o mofa o que induzcan a error en cuanto al sexo», afirma Belén Quintillán, secretaria del Registro Civil de San Sebastián.
La responsable de la oficina señala que antes la ley era mucho más restrictiva en cuanto a los nombres. «Ahora es amplia y cada vez vamos a encontrar nombres que nos resultan más raros. Hasta la fecha no hemos rechazo ninguno. Lo que sí se ha hecho ha sido no aceptar aquellos en euskera que no están reconocidos por Euskaltzaindia. Tampoco se han admitido los que tienen una grafía que no se corresponde con la normativizada», explica Quintillán. La ley española sólo permite inscribir dos nombres a una persona: uno compuesto o dos sencillos. «A veces se rechaza uno compuesto con otro sencillo, principalmente en personas de origen latinoamericano, siempre y cuando estén nacionalizadas».
Caamaño dice que hay que evitar apellidos con «tono hiriente»
El ministro de Justicia afirma que ningún Registro Civil está en manos de los jueces
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que el funcionario del Registro Civil atenderá al «interés superior del menor» a la hora de establecer el orden de los apellidos, en caso de desacuerdo de los padres, y, para ello, «habrá que ir fijando criterios», entre los que destaca que un apellido sea más o menos común, que tenga un «tono hiriente» o que su combinación produzca un «efecto no deseado».
En una entrevista a RNE, Caamaño explicó que esta ley lo que hace es «desjudicializar los Registros» y acabar con la «injusticia» de que prevalezca el apellido del varón en caso de discrepancia entre la pareja. «La preocupación del Gobierno y del PSOE era evitar un elemento discriminatorio y residual porque la ley dice que en caso de desacuerdo prevalece el del padre», apostilló.
De esta forma, señaló que «en ningún país el sistema de un Registro está en manos de los jueces» y, por lo tanto, la primera medida de esta ley ha sido «reservar a los jueces a sus funciones jurisdiccionales, que son las que les da la Constitución, y trasladar esta decisión al ámbito de las administraciones».
Caamaño afirmó que la decisión final, tomada por unanimidad, se ha basado en la experiencia de otro Estado democrático, como es Alemania. En este país se decidió dejarlo en manos del funcionario «al entender que si los padres no estaban de acuerdo para poner el apellidos tampoco lo estarían con la forma del sorteo y habría muchas impugnaciones de sorteos».
Respeto al menor
Asociaciones de Mujeres consideran, por su parte, que lo «fundamental» es respetar el interés del menor en el establecimiento del orden de apellidos. La presidenta de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, destacó que lo principal es que se cumpla con todas las garantías para que el menor sea el favorecido. Además, considera que es «una decisión muy trascendente que debería ser adoptada de mutuo acuerdo por los padres en función de las circunstancias del niño».
Igualmente, apuntó que «en sustitución de esa decisión conjunta no debería decidir un funcionario a su libre albedrío». En este sentido, explicó que debería darse alguna medida en la que intervengan un contraste de pareceres a presencia judicial y después el encargado del Registro Civil podría decidir qué es lo más conveniente para el niño.
Por su parte, la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, señaló que «teniendo en cuenta que el encargado del Registro Civil es un juez no les parece mal que, atendiendo a las circunstancias que concurran en el caso, sea el que decida cuando no haya acuerdo entre los progenitores». Sin embargo, subrayó que «siempre y cuando sea el encargado y no cualquier otro funcionario»
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