Nota informativa de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales
La implantación progresiva de la NOJ parecía empezar a lograrse, y con ella cobraba sentido el papel que la Ley Orgáncia del Poder Judicial determinó para los secretarios judiciales. Sin embargo, peligra en este momento concreto de forma alarmante. Desde que se iniciaron las primeras experiencias piloto en las ciudades de Burgos y de Murcia, y luego en Cáceres y en Ciudad Real, ciertos sectores de la judicatura evidencian con su actitud su oposición radical a la reforma que quiso el legislador orgánico en el año 2003.
Sistemáticamente se publican en los medios de comunicación, sobre todo en los locales de las ciudades piloto, noticias que más allá de poner de manifiesto las disfunciones que lógicamente se pueden producir, pintan un panorama apocalíptico de lo que, a nuestro juicio, no son más que las lógicas disfunciones de unos sistemas novedosos, que a las dificultades técnicas inherentes a algo muy nuevo y en pruebas, deben vencer unas resistencias que poco o nada tienen que ver con la conciencia de servicio público o de eficacia.. Pues en estas ciudades piloto, los problemas organizativos o técnicos no producen más retraso que el que pueda haber en cualquier otra ciudad en la que viene funcionando desde siempre el sistema judicial que conocemos. Y sin embargo, no se aprecia tal actitud en los jueces directamente afectados por estas experiencias.
Precisamente es en esos bancos de pruebas de las ciudades piloto donde se están estudiando las formas de implantación, detectando los problemas y superándolos.
Con frecuencia se habla en estos comunicados de “desapoderamiento” del Poder Judicial, “ataque a la independencia judicial”, “intromisión en la labor jurisdiccional”, etc. Lo cual prima facie, parece un tanto excesivo.
La cuestión es que determinados sectores de la judicatura no están dispuestos a tolerar nada que suene ni remotamente a rendimiento de cuentas de su trabajo, ni a una organización que busque una eficacia incompatible con su personal conveniencia, por mucho que ello redundara en beneficio para los ciudadanos.
Esta estrategia de presión no tiene como meta ni más ni menos que una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para llevarla a la situación anterior a la trascendental reforma de 2003.
No hay más que ver la noticia publicada en el diario ABC de ayer, en el que el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho “que se trata de la aplicación de una Ley Orgánica aprobada en 2003 y al Consejo le corresponde cumplir la ley, por lo que ha considerado que deben ser los legisladores los que decidan si es necesario realizar alguna modificación en su contenido”. Está más que clara por tanto la intención.
En este estado de cosas se corre el riesgo de que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial cedan a las críticas de tales sectores admintiendo una “superior dirección” de los jueces y magistrados sobre lo que según la Ley Orgánica del PoderJudicial es responsabilidad de los secretarios judiciales. Así se explican las recientes Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, ambas numeradas con el 1/2011, literalmente idénticas, publicadas en el BOE el pasado 5 de abril, únicamente destinadas a hacer recaer la responsabilidad del funcionamiento en los secretarios judiciales, atribuyendo por vía reglamentaria una superior decisión a los jueces y desvirtuando con normas menores lo que establece la superior.
De nuevo responderemos por el funcionamiento de la oficina quienes no tenemos el poder último de decidir, por mucho que la Ley Orgánica así lo disponga: no es esto lo que queremos, ni por lo que tanto hemos luchado.
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