CCOO mantendrá la convocatoria de movilizaciones contra el recorte del empleo en los Registros Civiles y en defensa de los derechos de todos los trabajadores de la Administración de Justicia


28 abr 2011


Nota informativa de CCOO de Justicia

Hoy, 28 de abril, se han llevado a cabo las primeras movilizaciones convocadas en solitario por CCOO en defensa de los más de 3.000 puestos de trabajo que están en riesgo de ser amortizados en la Administración de Justicia a consecuencia de la modificación de la Ley de Registro Civil y de la LOPJ, que se encuentran en el trámite parlamentario de negociación de enmiendas con los grupos políticos y que será aprobada, en primera instancia, en el Congreso, el próximo 4 de mayo.

CCOO se ha posicionado claramente en contra de que las reformas de los registros civiles atenten contra el empleo en la Administración de Justicia, y lo venimos haciendo desde la toma de posesión del ministro Caamaño, cuando ya anunció, entre sus prioridades, la “desjudicialización” del Registro Civil. Desde el primer momento CCOO presentó enmiendas al proyecto de Ley e inició una recogida masiva de firmas entre los trabajadores, con nuestra oposición frontal al contenido del proyecto, tal y como estaba redactado.

Sin embargo, el Gobierno no ha hecho caso hasta el momento y las consecuencias, contenidas tanto en el texto del proyecto de Ley aprobado por el Gobierno así como en las enmiendas de los grupos parlamentarios, que se derivarán para los trabajadores y para el empleo en la Administración de Justicia, son muy graves tanto para el servicio público como para el empleo, y por eso están siendo denunciadas y combatidas por CCOO. Aquí algunas de las consecuencias si se aprueba el proyecto de Ley sin que se acepten las reclamaciones de CCOO:

• Amortización de más de 3.000 puestos de trabajo

• Cese automático de personal interino

• Reordenación y Reasignaciones forzosas de efectivos sin garantía de respeto a la localidad del destino actual o a las retribuciones que se perciben

• Paulatina y efectiva desaparición de los Juzgados de Paz, pues una de sus principales tareas son las competencias en materia de Registro Civil

• Restricciones a los derechos de movilidad voluntaria al desaparecer los registros civiles como centros de destino en la LOPJ, lo que afectará gravemente a todos los trabajadores de la Administración de Justicia, no sólo a los destinados en los Registros Civiles.

• Disminución radical de la oferta de empleo público.

• Y en el caso de que los funcionarios de la Administración de Justicia pudieran ocupar puestos de trabajo en las futuras Oficinas Generales de los Registros Civiles, la enmiendas planteadas al proyecto de Ley afirman claramente que esos funcionarios dejarían de pertenecer a la Administración de Justicia y se integrarían plenamente en el ámbito competencial de la Administración Autonómica, perdiendo derechos y también retribuciones sobre las que perciben actualmente.

Ante esta situación, CCOO ha convocado, y seguirá convocando, actos de protesta junto a los trabajadores en todas las CCAA, para impedir que Ley sea aprobada sin la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, que hemos exigido al Ministerio de Justicia.

Las concentraciones de hoy, 28 de abril, han tenido un amplísimo seguimiento de trabajadores tanto en el Registro Civil Central como en las sedes de los Registros civiles únicos más alejados del resto de las sedes judiciales donde la totalidad de la plantilla ha secundado la concentración como en el Registro Civil único de Madrid o Coruña, o ante los órganos judiciales con competencias en materia de Registro civil donde incluso, en estos casos, el seguimiento no solo ha sido por parte de los trabajadores destinados en los registros civiles, sino por trabajadores destinados en otros órganos de la Administración de Justicia (destacando el seguimiento de los trabajadores en Vigo, Guadalajara, Orense o Almería….), demostrando así que éste es un asunto de especial trascendencia para los intereses generales del servicio público que se presta a los ciudadanos como de los trabajadores de la Administración de Justicia.