El sector de Justicia de Castilla y León de CCOO censura que la apuesta por la modernización de la justicia pase en primer lugar por una costosa inversión en sistemas de grabación audiovisual en los juicios encargada a la empresa Fujitsu, en lugar de una dotación de medios personales adecuados y una buena programación informática en las aplicaciones procesales.
El Ministerio de Justicia pretende, sin tener implantada la nueva oficina judicial (NOJ) en Valladolid, prescindir de los secretarios judiciales en los juicios orales al poner en marcha un programa informático de grabación audiovisual denominado fidelius.
Este sistema, de funcionar correctamente- cosa que no suele ocurrir en la justicia- recogería la grabación audiovisual de toda la intervención en el juicio y ya no sería necesario la presencia del secretario judicial para levantar acta, ya que la grabación en sí es el acta a todos los efectos tal y como recoge la modificación de las leyes procesales acorada por la Ley 7/2009. Sin embargo, nada se dice de quién y con qué grado de garantía jurídica va a cotejar los documentos presentados en el juicio, ya que no es una competencia del juez ni de los propios funcionarios ya que la fe plena la sigue teniendo únicamente el cuerpo de secretarios judiciales.
Pero además los problemas se van a incrementar con la obligación de acudir a la sala de vistas de los diferentes funcionarios en función del cometido que se les pida, unas funciones que para nada son de su incumbencia y manu militari se pretende que lo cumpla, cuando lo que procede es la modificación legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial o un desarrollo normativo de la misma. Y es que el espíritu de la reforma procesal y las distintas normas que se han dictado, son para cuando esté en funcionamiento la NOJ. Esta situación crea inquietud y cabreo entre los integrantes de las oficinas judiciales ya que les va a suponer más carga de trabajo, sin una remuneración que lo acompañe. Se da la paradoja que, por ejemplo, para constar en el juicio el DNI se preve la exhibición por el interviniente y su lectura alta y clara a la cámara (de chiste). O que para deducir las pruebas a practicar a posteriori de la audiencia previa, los funcionarios van a tener que "tragarse" toda la grabación (cuya duración puede ir de varios minutos a varias horas) para encontrar el diálogo correspondiente donde se pide por los abogados y así se acuerda por el juez que se practique tal o cual prueba o se hagan los correspondientes trámites. Ahora de la lectura del acta física ya se desprendía lo que había que realizar.
Este sindicato duda de la seguridad jurídica que pueda causar la ausencia del secretario judicial en la sala ya que es el fedatario público encargado de dar veracidad a los hechos acaecidos, mientras que pretender que, bien el propio juez u otro funcionario cumpla tal cometido, pierde virtualidad jurídica. Tampoco se contempla la situación de posibles fallos en la grabación, lo que implica la suspensión del juicio mientras se localiza los técnicos informáticos- que por otra parte ya no estarán en la propia sede judicial como hasta ahora- o cuando acudan nuevos intervinientes no previstos inicialmente (testigos nuevos propuestos en el momento) o de documentos que exijan su cotejo inmediato para comprobar su veracidad o competencia procesal.
Pensemos en juzgados como los de Primera Instancia de Valladolid con la plantilla de un solo funcionario del cuerpo de Auxilio, tiene que hacer el correo, buscar los expediente en el archivo guardar sala, etc., o del cuerpo de Tramitación con la plantilla ya menguada.
