Montañas de expedientes se acumulan en el Juzgado de lo Penal número 1 de Reus
Los funcionarios han dejado de atender al público para centrarse en los casos más urgentes
Publicado en www.elperiodico.com
Los cuatro funcionarios que quedan en el Juzgado de lo Penal número 1 de Reus (Baix Camp) están al borde de un ataque de nervios. Las montañas de expedientes no paran de crecer hacia el techo de la sala que ocupan en la segunda planta de los juzgados en la avenida de Marià Fortuny. Dos carteles colgados junto a la puerta advierten de la gravedad de la situación: Este Juzgado suspende la atención al público por falta de personal. «Se te cae la cara de vergüenza por no poder atender a la gente», admite la secretaria judicial Olga Rucio, responsable de la medida.
La precaria situación de la administración de justicia está haciendo estragos en partidos judiciales como el de Reus. Ayer eran cuatro los funcionarios que estaban trabajando en el Penal 1, al margen de la secretaria judicial y de la jueza. Tres bajas de larga duración que no se han cubierto y la liberación de un enlace sindical desde principios de año han dejado este juzgado con la mitad de la plantilla habitual. La imagen del viernes pasado era mucho más patética por dos bajas de última hora. «Lo siento, no podemos atenderle», explicaba la propia jueza a un usuario que se había acercado al mostrador. Rucio asegura que en sus 10 años de carrera nunca había vivido «una situación igual».
Con la mitad del personal
Solo tres de los 14 juzgados que hay en Reus tienen la plantilla al completo. «De los 72 que hay en la provincia de Tarragona, 47 están afectados por la falta de personal», confirma Enrique Domeque, coordinador de los secretarios judiciales. Los casos más graves, precisa, son los del Penal 1 de Reus, el 7 de Primera Instancia de Tarragona y el del decanato de la capital, «que solo disponen del 50% del personal».
Lo peor de todo es que no les dan esperanzas de solución. La Administración de Justicia ya les ha advertido de que la situación no va a cambiar. Por eso ayer hubo una reunión de secretarios judiciales en Reus con el objetivo de buscar soluciones. Piden, como medida excepcional, trasladar personal de los juzgados con menos carga de trabajo a los que tengan una situación más complicada, y que los liberados sindicales dediquen algunas horas a la tarea diaria de sus juzgados.
«Podemos entender lo que está pasando, pero no compartimos el hecho de que un servicio público se deje sin atención al público», explica Pere Lluís Huguet, decano del Col·legi d'Advocats de Reus. «Permanecer un mes en esta situación significará más de dos años de retraso en los expedientes», asegura Rucio, que se acuerda de las quejas ciudadanas por la lentitud de la justicia y de errores judiciales propiciados por la saturación de trabajo, como ocurrió con el caso Mari Luz, la niña asesinada en Huelva.
Más carga de trabajo
Rucio, después de comprobar que sus mensajes de alarma no surtían ningún efecto, dictó el 22 de febrero un expediente gubernativo para suspender «la atención total al público» y poder centrarse en los expedientes de violencia contra las mujeres, las causas con presos y los juicios rápidos.
Mientras, las montañas seguirán creciendo en las mesas del Penal 1. Cada uno de sus funcionarios, si no quedan sepultados, tendrá que afrontar una media mensual de entre 250 y 300 expedientes, en vez de los 150 que tenían y que les llevaban a acotar el retraso en poco más de un mes.
Enlace permanente
Ampliaciones
Sobre esta problemática, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha asegurado que se trata de "una verdadera disfunción que tendrá que ser solucionada cuanto antes".
En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, Bravo ha afirmado que la medida debe tener un carácter puntual, ya que un juzgado que no atiende al público "incumple una de sus máximas funciones".
La portavoz del CGPJ ha asegurado que la responsable de reemplazar a los trabajadores de baja de larga duración es la Conselleria de Justicia, y que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya había mostrado preocupación.
El Govern propone reubicar efectivos para impedir cierres como el del juzgado de Reus
La consellera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, ha propuesto la reubicación de efectivos para impedir el cierre de juzgados o la falta de atención al público por falta de personal como ha sucedido en el Juzgado de lo Penal número 1 de Reus (Tarragona).
A juicio de Bozal, así como faltan efectivos en muchos juzgados, en otros sobran personas que no pueden hacer otras labores, por lo que se está tramitando un expediente de reordenación que necesitará de la aprobación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Ministerio, que todavía no tiene fecha.
"En la Audiencia Provincial ahora tienen menos trabajo y está más bien dotada. Podríamos sacar personal de ahí, pero la palabra del TSJ es fundamental, y sin su apoyo y su informe favorable no se hará", ha explicado la consellera en una visita a la cárcel de mujeres de Wad-Ras, su primera visita a un centro penitenciario.
Ha reconocido que el trámite es lento y ha lamentado que en el departamento de Justicia no exista la flexibilidad de otras empresas para poder trasladar efectivos de un día para otro, pero asegura que, pese a que con los cambios la solución no será inmediata, se abrirán vías para que la situación mejore.
En relación al juzgado tarraconense que se ha visto obligado a suspender el servicio de atención al público por falta de personal, ya que tres de sus trabajadores están de baja de larga duración y otro es un liberado sindical, tal y como han informado a Europa Press fuentes judiciales, Bozal ha insistido en que sólo ha dejado de atender durante un día por la falta de un gestor que se incorporará este miércoles.
Bozal se ha comprometido a dar herramientas para solventar la falta de personal en una semana, y se ha mostrado esperanzada en que se solucionará con buena voluntad y distribuyendo los efectivos.
Sobre el cierre de juzgados, ha explicado que por el momento no ha llegado a suceder, y en caso de que así fuera, la Consellería tendría noticia de ello previamente y haría lo que estuviera en su mano para que no llegara a pasar.
