Publicado en www.publico.es
"Es un anteproyecto, un tema abierto y es algo que está demandando casi todo el mundo, entre otros, todo el CGPJ, por unanimidad", defiende el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia. Julio Villarrubia, que rechaza tajantemente que el proyecto de Ley de Agilización Procesal beneficie a los más ricos.
El proyecto, adelantado ayer por Público antes de su previsible aprobación, mañana, en el Consejo de Ministros, revisa las cuantías objeto de litigio para recurrir una sentencia de 150.000 a 800.000 euros en el caso de acudir al Tribunal Supremo e impide el recurso en asuntos que no superen los 6.000 euros.
"Las reformas que estamos haciendo van justo en la dirección contraria" a la de primar a quienes más tienen, argumentó Villarrubia. "La actuación del Gobierno es otra: ampliar derechos y defender al más débil", explicó. "Lo que se hace en este caso es reforzar el papel del Supremo como garante de la igualdad, para que unifique la doctrina", subrayó el portavoz socialista en defensa de un proyecto susceptible de cambios en su negociación parlamentaria.
Justicia confía en contar con el apoyo del PP basándose en los contactos que ha mantenido con esta formación, cuyo responsable de Justicia, Federico Trillo, rehusó ayer las reiteradas invitaciones de adelantar su posición.
"CiU es partidaria de que la reforma incremente las competencias de los tribunales superiores de justicia autonómicos, como establecen los nuevos estatutos de autonomía", avanzó su portavoz de Justicia, Jordi Jané. Esto descargaría de trabajo al Supremo al dar funciones casacionales a los tribunales autonómicos.
El PNV consideró "improcendente" la elevación de cuantía que prevé la reforma para permitir el recurso de casación. Emilio Olabarria, responsable de Justicia del Grupo Vasco, señaló que este endurecimiento de requisitos "es contrario a aquellos con menos capacidad económica, que constituyen el gran segmento de los litigantes". La solución "no es limitar el acceso de los justiciables a la casación, sino establecerla de otra manera", según Olabarria. "Dignificar el papel del Supremo pasa por eliminar de sus competencias la casación derivada de pleitos de carácter ordinario", planteó como alternativa.
"Debería sorprendernos que una iniciativa así la apruebe un Gobierno que se dice progresista", ironizó el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao. La reforma "sería una más hecha a costa de los más débiles", criticó.
ERC alertó sobre el endurecimiento de la condena en costas en procedimientos frente al Estado, que supone, a su juicio "una coacción". ERC denunció además, la "ausencia de elementos como la dación en pago" para resolver hipotecas, cuya inclusión pedirán en sus enmiendas.
IU omitió su valoración "para evitar ventajas al Gobierno en la negociación" de la iniciativa, según se excusaron fuentes de este grupo.
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