María Victoria Cinto Viceconsejera de Justicia. Considera que la transferencia íntegra del personal haría que la gestión fuera más eficaz
Publicado en www.diariovasco.com
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| María Victoria Cinto |
Los veintitrés años que lleva en la carrera judicial, quince de ellos en tareas de gobierno -bien como juez decana, presidenta de la Audiencia o miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Euskadi-, hacen que María Victoria Cinto, actual viceconsejera de Justicia, conozca como pocas personas las virtudes y también las carencias que tiene la Justicia. Afirma que se avecina un «pequeña revolución» en la administración que ahora le corresponde dirigir y sostiene que el proceso de modernización que ya ha comenzado va a requerir de un brutal cambio de mentalidad por parte de los jueces, secretarios y funcionarios.
- Hace menos de un año estaba usted al frente de la Audiencia de Gipuzkoa. Hoy es la viceconsejera de Justicia. ¿Cómo se ven los toros desde este lado de la barrera?
- Aunque la materia sea la misma, la perspectiva es diferente. Ahora estamos en el otro lado el campo de juego, pero la problemática que tiene el poder judicial sigue siguiendo muy actual para mí.
- Después de veintitrés años en la carrera judicial no creo que tenga problemas para efectuar un diagnóstico sobre cuáles cree que son sus necesidades.
- Diría que las primordiales son la modernización y una mayor dotación de jueces. Aun cuando en ambas materias en Euskadi estamos más adelantados que en el resto de las comunidades autónomas, tenemos una profunda necesidad de modernizarnos.
- ¿La modernización es de máxima prioridad?
- Sin duda alguna. La Justicia es una administración anclada en otro siglo y ha de ser introducida en la modernidad. Desde la llegada de la democracia ha sido la gran olvidada, la hermana pobre. Creo que ahora sí existe una verdadera apuesta por la modernización. Estamos en ello.
- ¿Qué pasos se están dando para alcanzar este objetivo?
- La modernización pasa en primer lugar por una forma de organización absolutamente distinta, tanto de los tribunales como del funcionamiento de la propia administración. Pero también pasa por la utilización de las nuevas tecnologías, por reformas de leyes procesales, por el nuevo mapa judicial...
- Y por una profunda reforma de la oficina judicial.
- En efecto. La configuración de la nueva oficina va a requerir de un cambio de mentalidad brutal en los jueces y funcionarios. Pasamos del juzgado atomizado al colectivo. Todos estamos acostumbrados a trabajar con nuestro juez, nuestro secretario judicial y nuestros funcionarios. Compartir ahora mismo esa nueva organización y establecer las tareas que ejecuta cada uno de ellos es complicado. La inercia nos lleva a trabajar de una manera determinada. Para el juez, no tener su juzgado supondrá un cambio de mentalidad, lo mismo que para el secretario asumir la dirección efectiva del personal y la organización. Igual le sucederá al funcionario que ya no pertenecerá a un juzgado, sino a un servicio común que prestará su función a distintas unidades judiciales. Es una pequeña revolución.
- ¿En qué beneficiará al usuario?
- La nueva organización tiene que revertir en una administración de justicia más eficiente, más equilibrada y de una mayor calidad, con unos tiempos de respuesta asumibles. El ciudadano tiene que aspirar a una buena justicia y ésta pasa por estos parámetros que he citado.
- ¿La lentitud sigue siendo la asignatura pendiente?
- Y la opacidad, el oscurantismo, la incomprensibilidad... Todo esto tendría que desaparecer, en especial la lentitud. Una Justicia lenta es mala, siempre. Y me da la sensación de que el ciudadano se ha acostumbrado a que la Justicia sea lenta; esto es inaceptable. La Justicia es un servicio público de primer orden.
- En algunos juzgados se está trabajando con el nuevo modelo de oficina. ¿Cómo va la experiencia?
- En Azpeitia, Irun, Eibar, Balmaseda y Getxo ya se ha implantado. No ocultaré que hemos detectado problemas que estamos tratando de corregir antes de que el modelo se extienda. Los problemas, sin embargo, bajo ningún concepto son irresolubles ni tampoco graves.
- ¿Se están observando reticencias por parte del funcionariado o de los jueces?
- Yo no diría que hay reticencias. El cambio de mentalidad y de filosofía siempre cuesta. En Euskadi contamos con la inestimable colaboración, dentro del Poder Judicial, de una Sala de Gobierno, con su presidente a la cabeza, que apuesta decididamente por esta nueva organización. También contamos con los secretarios coordinadores y de Gobierno, además de con otros muchos secretarios. Éstos son pieza fundamental en la nueva organización. Los hay que son reticentes, pero yo diría que no son mayoría. Desde hace tiempo algunos de ellos forman parte de grupos de trabajo para que este proyecto sea posible. Creo que existe una complicidad importante entre el Ejecutivo, los jueces, los secretarios y los funcionarios. Este es un proceso imparable. Mi experiencia en Gipuzkoa me dice que cambios que hace diez años suscitaron recelos hoy están interiorizados y que a las personas se les haría muy difícil trabajar de otra manera.
- En la era digital, parece que a los expedientes electrónicos judiciales está costando entrar.
- Las primeras experiencias que se llevaron a cabo, en las jurisdicciones Civil y Social, las viví siendo presidenta de la Audiencia de Gipuzkoa. El programa se puso en marcha con mucho énfasis, pero quizá, desde mi punto de vista, de un modo prematuro. El proyecto no estaba suficientemente maduro y conozco que ha dado problemas pese a la colaboración de las personas que participaron en aquella experiencia. De cualquier manera, he de decir que no es un proyecto abandonado. Estamos canalizando cuáles son los problemas para tratar de dar con una solución y seguir adelante.
- Pero la digitalización será un proceso irrenunciable. ¿No?
- No cabe la menor duda de que tenemos que caminar en esa dirección. La Ley de Nuevas Tecnologías está a punto de salir y va a permitir avanzar. No sé si llegaré a ver juzgados sin papel, pero llegará un momento en el que habrá que tomar la decisión de hacer desaparecer el papel, pero aún tardaremos un tiempo.
- ¿Cómo está la justicia en cuanto a medios en Euskadi?
- Tradicionalmente, el País Vasco ha estado a la cabeza, lo cual no significa que no sean necesarios más medios. La implantación de la nueva oficina conlleva una importante inversión en informática, infraestructuras, edificios... Queda camino por recorrer.
-¿Y de personal?
- Entiendo que las oficinas judiciales están bien dotadas, otra cosa es si con personal fijo o interino. Muchas veces he dicho que un juzgado es como una pequeña Babel burocrática, donde varias administraciones gestionan un trocito de la misma organización. A veces esta gestión se realiza de espaldas unos a otros. El Gobierno Vasco tiene transferida la gestión del personal, pero carece de otras competencias: no convoca las oposiciones y tampoco determina el número de plazas. Ahí estamos a expensas del Ministerio de Justicia. Con estos condicionantes es más difícil ordenar.
-¿Está reclamando la transferencia íntegra respecto al personal?
- Pues sí. Permitiría desarrollar una gestión más eficaz. Esta es una reivindicación de todas las comunidades autónomas.
- ¿Y qué escollos existen para que no se lleve a efecto?
- Sería preciso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque tampoco requeriría de una profundo transformación. Creo que la mayor dificultad estaría en el funcionariado. Pasarían de ser cuerpos nacionales a autonómicos. Y eso crea algunas desconfianzas.
- Ha hecho usted antes referencia a la interinidad de los funcionarios. Pero no es menos cierto que un elevado número de plazas de jueces las han ocupado interinos.
- En periodos importantes, el ejercicio de la actividad jurisdiccional en el País Vasco ha sido posible gracias a la justicia interina. No había muchos titulares y en años tan duros como los que hemos vivido no éramos precisamente una comunidad atractiva. Los jueces que llegaban destinados y no tenían arraigo personal o familiar optaban, legítimamente y de modo totalmente comprensible, por marcharse. Hemos vivido momentos de auténtico desierto judicial. El ejercicio de la función jurisdiccional ha estado asegurado gracias a los jueces sustitutos y magistrados suplentes. A veces se habla de justicia interina como sinónimo de mala justicia. Es profundamente injusto para estas personas que han estado en momentos muy complicados y que lo han hecho realmente bien.
- ¿La situación hoy en día es diferente?
- Asistimos a un mejor periodo. Tenemos más jueces. Hemos sido capaces, en colaboración con la Universidad del País Vasco, de atraer a jóvenes licenciados hacia las profesiones jurídicas. En 2000, unas cuantas personas, junto con la Facultad de Derecho de Donostia, pusimos en marcha una experiencia para preparar a futuros jueces, fiscales y secretarios. Aquella iniciativa está dando buenos frutos. Tenemos ya bastantes jueces y secretarios que son de aquí y que se han colocado en juzgados de la comunidad.
- ¿Cree que la planta de jueces es suficiente?
- No diría que, en general, los juzgados del País Vasco estén sobresaturados. Hay algunas jurisdicciones y juzgados que tienen una mayor carga de trabajo, pero creo que contamos con una aceptable planta judicial. El problema que siempre ha existido a la hora de creación de órganos era el coste económico. Cuando se detectaba que faltaban jueces había que crear todo un juzgado y a veces no era necesario. Con la Ley de Tribunales de Instancia y la nueva configuración de la oficina se abaratarán costes por cuanto sólo será preciso crear la plaza de magistrado.
- En esta época de crisis, ¿el Gobierno Vasco va a invertir mucho en Justicia?
- En tiempos de crisis toca priorizar. Y desde luego, la modernización de la Justicia es una prioridad.
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