[ Publicado en www.elpais.com e www.farodevigo.es ]
Caamaño anuncia otras dos unidades judiciales
Galicia contará con dos nuevas unidades judiciales en 2010, que se sumarán a las 11 que ya estaban asignadas para el próximo año. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, antes de participar en una conferencia organizada por el Colegio de Abogados de Vigo. Caamaño puntualizó que será la Xunta de Galicia quien decida el destino de esos órganos, ya que es la administración autonómica la que posee las competencias en este ámbito y la que "dice donde se coloca cada juzgado".
El ministro de Justicia aclaró que esta concesión surgió tras la última Conferencia Sectorial y supone "un esfuerzo" del Gobierno "después de haber escuchado a las autoridades autonómicas". Así, Galicia dispondrá finalmente de 13 nuevas unidades judiciales en 2010, a las que se suman los dos jueces de adscripción territorial ya designados, una figura de reciente creación que sirve de refuerzo para los diferentes juzgados de una ciudad al no estar vinculado a ninguno de manera específica.
Caamaño promete buscar soluciones para desatascar la Sección Civil de la Audiencia de Vigo
El ministro de Justicia analizará con el Poder Judicial la saturación de la sala viguesa
Esperanza para la Sección Civil de la Audiencia de Pontevedra en Vigo, la más colapsada de España, con más de 1.500 casos abiertos y año y medio de retraso. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se comprometió ayer durante su visita a Vigo a trasladar "esta preocupación" a los vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y de manera conjunta "analizar de qué manera podemos reforzar esta sección para evitar los atascos en Vigo". De todas formas, entiende que la sala se verá beneficiada a medio plazo de los dos pactos entre el Gobierno central y el máximo órgano de gobierno de los jueces para reforzar precisamente los ámbitos de lo social y lo mercantil, "debido a los efectos de la crisis en estos dos campos jurisdiccionales desbordados".
Caamaño visitó ayer la ciudad invitado por el Colegio de Abogados de Vigo para explicar el proyecto de modernización de la Justicia aprobado en septiembre por el Gobierno central. Acompañado por el alcalde, Abel Caballero, la senadora Carmela Silva, y representantes del órgano colegial que organizaba la charla, aprovechó su intervención en el Centro Cultural Caixanova para anunciar la concesión a Galicia de dos nuevas unidades judiciales que se suman a las once ya aprobadas.
Las salas deben entrar en funcionamiento antes de que finalice 2010 y van acompañadas de dos jueces de adscripción territorial, una nueva figura que sustituye a los actuales magistrados suplentes o de refuerzo y que depende directamente del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Preguntado por la posibilidad de que una de las nuevas unidades pueda permitir que Vigo recupere su demandado tercer juzgado de Familia, el ministro insistió en que no es competencia del Estado decidir a qué territorio ni ámbito jurisdiccional se destinan las nuevas unidades. Debe ser la Xunta de Galicia la que lidere la demanda ante el Poder Judicial, pues Caamaño recordó que la ubicación de las salas "debe nacer de una propuesta de la comunidad al CGPJ, que luego lo traslada al ministerio". Para explicar el procedimiento a seguir puso el ejemplo del Juzgado Mercantil que entrará en funcionamiento el 30 de marzo y que "no venían directamente encauzado para Vigo, pero que me alegro muchísimo de que se implantara en Vigo", reiteró el ministro de Justicia, uno de los principales valedores de que el nuevo órgano se destinase a la ciudad.
"La configuración de la Justicia en capitales de provincia ya no es válida"
El ministro de Justicia visitó Vigo para impartir la charla "Traballando por unha nova Xustiza", en la que detalló las nuevas leyes aprobadas para desarrollar la nueva oficina judicial y el proyecto para modernizar los juzgados. Francisco Caamaño defendió que "invertir en Justicia es hacerlo en la economía y una más pronta salida de la crisis" y añadió que la seguridad jurídica "es uno de los factores determinantes de una economía competitiva". Para ilustrar la íntima relación que mantienen ambos sectores, señaló que "en estos momentos están judicializados en los tribunales 4.000 millones de euros, que de otra manera podrían estar en el circuito económico e impulsarían una más rápida salida de la crisis".
El ministró apuesta por una reforma de la Justicia consensuada, basada en la redistribución de tareas y competencias y en un cambio de mentalidad, agilizando los trámites con el uso de las tecnologías y reduciendo los recursos interpuestos con mero afán dilatorio y para los que las nuevas normativas establecen una tasa de penalización.
Otro de los asuntos que abordó Caamaño fue la necesaria desjudicialización de los registros civiles y la reforma de la Ley de Planta, uno de los ámbitos que considera "más difíciles de modificar". Advirtió el socialista que "la segunda instancia no responde ya a la anterior configuración de capitales de provincia, eso pasaba en el S. XIX", señaló el ministro.
