Reportaje: La Justicia se ahoga en islotes
Un mosso d'esquadra de Cambrils redacta el atestado en su ordenador. Cuando termina, lo imprime en papel, lo mete en un sobre y se lo da a un compañero para que lo lleve en coche al juzgado de Reus. Allí, el funcionario abre el sobre, coge el atestado y lo vuelve a escribir en su ordenador. Los sistemas informáticos de comunidades autónomas o de distintos órganos judiciales en la misma ciudad siguen mayoritariamente sin estar interconectados. Sólo el delincuente sale ganando. Y el caos.
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El Poder Judicial negocia con una fortísima división si suspende a Tirado
El nuevo Consejo del Poder Judicial se reúne hoy en el primer pleno de su mandato marcado por la división. La razón de la fractura en el gobierno de los jueces es la discusión sobre si procede o no castigar con falta muy grave (suspensión de funciones) al juez Rafael Tirado, que dejó sin ejecutar durante dos años una condena de cárcel contra el pederasta que supuestamente mató a la niña de Huelva Mari Luz.
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El 'caso Fabra' irrumpe en el pleno del Consejo del Poder Judicial
Pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suele optar por la reelección de las presidencias de Audiencias Provinciales, en el caso de Castellón el nombramiento del futuro presidente ha sido uno de los motivos de desacuerdo entre sus componentes. No en vano la de Castellón es la Audiencia Provincial en la que se resuelven los recursos del llamado caso Fabra, por el que se investiga al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, del Partido Popular, ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal.
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Editorial: Revuelta judicial
Al menos 200 jueces de los 4.500 que hay en España han firmado un manifiesto en el que se muestran dispuestos a ir a la huelga el próximo 18 de febrero. De arrastrar a una mayoría de compañeros, tarea a la que no pocos se dedican con pasión en Internet, esta huelga no sería una más. No se paralizaría la producción de una rama industrial, ni tampoco se dejaría de prestar un servicio esencial para la comunidad, el transporte público, por ejemplo; se vulnerarían directamente derechos fundamentales del ciudadano como la tutela judicial efectiva que corresponde garantizar a los jueces como titulares del poder jurisdiccional del Estado.
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