Un muro infranqueable
Por Ángel Garmendia Díaz (funcionario judicial)
Los pilares sobre los que se fundamenta una sociedad avanzada son: la educación, la sanidad y la Justicia. Nuestro país, con la irrupción de la democracia, apostó por recoger estos fundamentos en su carta magna pero, en la mayor parte de las ocasiones, los partidos gobernantes utilizaron criterios partidistas y de corto plazo, olvidando que la apuesta por aquellos pilares debe perdurar en el tiempo y no sólo en las citas electorales o con ocasión de acallar escándalos mediáticos.
La Justicia en nuestro país es la gran olvidada. Los males que la aquejan son muchos, pero la mayor parte de ellos están detectados. Sólo falta una verdadera voluntad política, valentía y convicción para reformarla y, aunque no proporciona réditos electorales inmediatos, es una institución definitiva para garantizar la libertad y la democracia a los ciudadanos.
Las últimas encuestas sobre la valoración de la Justicia la sitúan en el último puesto de la estima pública entre las administraciones públicas. Es este un hecho que debiera de servir a los poderes públicos y al Gobierno para, de una vez por todas, apostar por su reforma, modernización y adecuación a su carácter de servicio público, que es a lo que está destinada.
Casos mediáticos como el de la niña Mari Luz, los errores judiciales y sus consecuencias han puesto de nuevo el tema de la Justicia en el candelero de la opinión publica pero, pasado el tiempo y encontrado un cabeza de turco, todo sigue igual y nos quedamos con grandes declaraciones pero sin soluciones. Mi reflexión es para lanzar un mensaje de esperanza: "La Justicia tiene solución". Pero sólo si se apuesta de manera decidida y valiente por ella y si se remueven usos, costumbres y formas de trabajar, que es imprescindible superar para adecuar este servicio público a las necesidades de nuestra sociedad.
La inversión económica debe ser sostenida y continuada en el tiempo. De nada vale que un Gobierno, del color político que sea, invierta un año sí y otro no. El acuerdo entre las fuerzas políticas debe ser muy de fondo.
Debiera asumirse un Pacto de Estado por la Justicia, dando cabida a todas las aportaciones de partidos políticos, asociaciones, sindicatos y profesionales del mundo de la Justicia. Ha de trazarse una hoja de ruta con objetivos reales y partidas presupuestarias que se adecuen a ellos, si de verdad se quiere conseguir una Justicia moderna y que dé respuesta a las expectativas ciudadanas. No es una utopía tener una Justicia de calidad.
Los plazos deben ser serios y ambiciosos y, al igual que funcionan otras administraciones, funcionará la Justicia. No podemos olvidar que estamos hablando de una administración que debe servir al ciudadano y no a la confrontación política y partidista.
Ha de incidirse muy especialmente en modernizar las herramientas que se emplean en los juzgados y el mismo sistema de trabajo. Tenemos una informática infrautilizada, que sólo sirve de fachada, pero que no resuelve problemas, ni cubre necesidades nuevas y perentorias.
Basta ver, por ejemplo, como sigue fallando la intercomunicación entre los órganos judiciales o como se carece de bases de datos que permitan agilizar los expedientes y evitar farragosos trámites burocráticos. Puede darse la circunstancia de que dos órganos judiciales, situados en el mismo edificio e incluso en la misma planta, tengan un demandado común y que, en un juzgado, esté en situación de rebeldía y, en el de al lado, esté compareciendo. Esto es algo que ocurre y la explicación no es otra que los juzgados son reinos de taifas, donde puede trabajarse sin medios técnicos modernos o con herramientas modernas pero con un sistema anticuado y obsoleto.
Asimismo, hay que impulsar, de manera decidida, una nueva oficina judicial moderna en su estructura, con sistemas de organización flexibles y adaptable a las necesidades, con un cuerpo único de funcionarios judiciales, eliminando compartimentos estancos de funciones que sólo retrasan y burocratizan la administración. En consecuencia ha de apostarse por la formación continua y por incentivar a funcionarios y funcionarias con el reconocimiento de la capacidad, el mérito y la valía profesional.
Debe modificarse, al mismo tiempo, la planta y demarcación judicial (distribución geográfica de los órganos judiciales), pues en la actualidad no responde a la realidad demográfica y económica, dado que la estructura de los partidos judiciales es, en su gran mayoría, heredera de la realizada a mediados del siglo XX. ¿Se imaginan una empresa que tuviera en el 2008 una organización y una estructura de 1950? Seguro que no sería competitiva.
Deben, pues, los partidos dejar de lado sus intereses corporativos y afrontar retos verdaderamente políticos, entre los que está, sin duda, el establecimiento de un nuevo mapa judicial. Galicia sufre situaciones insostenibles. Partidos judiciales, con 14.000 habitantes, tienen dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción y poblaciones, de más de 25.000, como Oleiros, Culleredo o Arteixo, por ejemplo, sólo tienen juzgados de Paz, servidos por un juez no profesional, lo que se llama un juez lego.
Bien sabemos que la mayor parte de la resistencia partidista a modificar el mapa judicial se debe al hecho de que la elección de los diputados provinciales tiene como circunscripción el partido judicial, lo que incide de manera definitiva en el control de las diputaciones, y una variación del mapa judicial, podría modificar el poder político provincial. Pero para un verdadero demócrata o para un político con sentido y vocación de servicio público siempre debe primar el interés común sobre intereses partidistas de corto plazo. Han de incrementarse las plazas de jueces y funcionarios para poder atender la demanda de una sociedad cada vez más judicializada. Pero no olvide el Poder judicial, que es un poder que da equilibrio a una sociedad democrática, que está sometido al imperio de la ley y que no puede hacer de la ley su propio imperio. Perversión en la que han caído últimamente estamentos del Poder judicial, olvidando su independencia y su papel de equilibrio, por jugar a políticos.
Creo que todos estos asuntos pendientes son contrafuertes muy importantes de ese muro infranqueable que separa a los ciudadanos de la Justicia. Es imprescindible derribar estos contrafuertes para que un día el muro se derrumbe y toda la ciudadanía pueda acceder a un bien público, que le pertenece por derecho.
Ni la Administración de Justicia ni el Poder Judicial pueden legitimarse por los intereses de unas castas profesionales, muchas veces infectadas de corporativismo, sino porque presten un verdadero servicio público y se sometan, como los demás, al control democrático de la ciudadanía.
