La crisis sanitaria aflora también las carencias del servicio público de la Administración de Justicia


2 abr. 2020


  • Las medidas publicadas en el BOE de 1 de abril para agilizar, tras el estado de alarma, la actividad en los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantiles, están abocadas al fracaso por la crónica falta de medios en la Administración de Justicia

La disposición adicional 19ª del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado hoy en el BOE establece que el Gobierno aprobará, en el plazo máximo de 15 días tras el estado de alarma, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil, con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Para CCOO, los datos indican que la situación de estos juzgados antes de esta crisis, como toda la administración de justicia, presentaba un panorama desolador: decenas de juzgados atascados o al borde del colapso, atrasos de años en la resolución de los procedimientos, señalamientos de juicios para dentro de dos o tres años, etc

Los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial son absolutamente explícitos:

Tipo de Juzgado
Asuntos ingresados en 2019 (media por órgano)
Carga anual de asuntos máxima por órgano estimada por el CGPJ
(BOE 29/12/18)
Asuntos pendientes de resolver (media por órgano)
Juzgados de lo Social
1061,50
800
807,68
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
598,30
570
408,88
Juzgados de lo Mercantil
1089,78
435
1063,43

Estas cifras medias implican que, en determinados juzgados, el volumen de asuntos ingresados duplica o incluso triplica los módulos de carga de trabajo y, por tanto, es imposible su atención con los medios de que se dispone. Y lo mismo con el número de asuntos pendientes de resolver que, en muchos casos, supera en dos o tres veces el número de asuntos que ingresan cada año.

CCOO calcula que alrededor de 400 juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales y de todo el territorio nacional mantienen en la actualidad retrasos inasumibles en la resolución de los asuntos y una cifra similar (400 juzgados) reciben cada año cargas de trabajo que es imposible atender.

Solo para actualizar el retraso CCOO estima que sería necesaria la contratación de 400 jueces/zas y 3.500 funcionarios/as de refuerzo del resto de los cuerpos, como así lo ha solicitado CCOO al Congreso de los Diputados y a los sucesivos gobiernos en reiteradas ocasiones.

Con este panorama, CCOO se pregunta cómo se va a acometer el plan de agilización que disponen las medidas extraordinarias acordadas en el Boletín Oficial del Estado. La experiencia reciente de las medidas adoptadas por el CGPJ para los juzgados habilitados para atender las demandas de cláusulas suelo y otras reclamaciones hipotecarias ha sido decepcionante para la ciudadanía, que sigue viendo cómo la resolución de sus reclamaciones se retrasará durante años por la falta de medios, beneficiando, eso sí, a las entidades bancarias que cobraron cantidades indebidas.

Ha quedado claro, durante esta crisis que estamos padeciendo, que la inversión en Sanidad Pública y Servicios Sociales es imprescindible para atender los derechos básicos de la ciudadanía. También otros servicios esenciales como la Educación Pública exigen mejoras sustanciales de medios materiales y personales. Pero el servicio público de la Administración de Justicia es también un pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho que propugna nuestra Constitución para la defensa de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía. Y si no se dota este servicio esencial de medios suficientes, como ha venido ocurriendo durante toda la etapa democrática, las medidas de agilización que se anuncian no serán más que un brindis al sol.