CCOO defenderá con total determinación el Servicio Público de Justicia cercano a la ciudadanía y los puestos de trabajo


17 feb. 2020


  • Comparecencia del ministro Juan Carlos Campo ante la Comisión de Justicia del Congreso

EL MINISTRO DE JUSTICIA PRESENTA SUS PLANES PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y NO HACE NI UNA SOLA MENCIÓN RELATIVA AL PERSONAL DE JUSTICIA, SALVO AL DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL

Tampoco ha presentado ninguna solución concreta a la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil prevista para el próximo 1 de julio como le hemos exigido desde CCOO

Atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal en lugar de a los Juzgados de Instrucción, creación de los Tribunales de Instancia en sustitución de los juzgados unipersonales, agrupación de partidos judiciales defendiendo una demarcación provincial e implantación definitiva de la oficina judicial, han sido las propuestas organizativas anunciadas

CCOO ya se opuso a la reforma de Gallardón que pretendió eliminar decenas de partidos judiciales y empleo. CCOO volverá a responder con la máxima contundencia si ahora lo pretende el nuevo ministro de Justicia

El nuevo Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado en el día de hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso lo que ha llamado el plan 20-30 para la Administración de Justicia, fundamentado en tres ejes fundamentales como son la mejora en el acceso de la ciudadanía a la Justicia, en la eficacia operativa del servicio público y en la transformación digital.

El ministro ha resaltado la bondad de los órganos provinciales (juzgados de lo penal, de menores, de lo social, de lo contencioso-administrativo, de lo mercantil) frente a los juzgados de partido judicial (como si no hubiese sobrecarga de trabajo y órganos colapsados en ambos casos), fiando a las nuevas tecnologías y a un lenguaje jurídico menos técnico el acceso de la ciudadanía a la justicia en mejores condiciones y apuntando un cierre masivo de órganos judiciales en las pequeñas y medianas poblaciones, sin considerar que este alejamiento de los servicios públicos es una de las principales lacras que sufre la España más despoblada.

Durante su intervención, el ministro ha desoído algunas preguntas de otros grupos parlamentarios referidas a la mejora de las condiciones de trabajo del personal no judicial ni fiscal que trabajamos en los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios de la Administración de Justicia y no ha contestado, por ejemplo, a la necesidad de unas retribuciones justas para el personal no transferido que (como CCOO le hemos venido advirtiendo desde que fue nombrado) están congeladas desde 2008 en el concepto del complemento específico.

El ministro ha anunciado una oferta pública de empleo con un elevado número de plazas para las carreras judicial y fiscal pero no ha hecho mención al resto de cuerpos ni categorías profesionales, como si jueces y fiscales no necesitaran el apoyo de las oficinas y de su personal para desempeñar su tarea… o quizá pretenda que el mismo número de trabajadores y trabajadoras incrementemos aun mas nuestras cargas de trabajo.

CCOO no estamos en contra de la modernización y adaptación a las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, pero defenderemos con uñas y dientes los derechos laborales y retributivos de sus trabajadores y trabajadoras en un servicio público cercano a la ciudadanía y con medios personales y materiales suficientes para atender con calidad sus demandas.

En ningún caso permitiremos que las reformas organizativas afecten al volumen de empleo, permitan traslados geográficos y funcionales forzosos ni merma en las retribuciones por todos los conceptos que actualmente se perciben. Muy al contrario, seguiremos exigiendo más puestos de trabajo, elección voluntaria del destino y mejora sustancial de las retribuciones ya suficientemente recortadas durante los últimos años.

EL REGISTRO CIVIL

En el último momento de su turno de réplica en respuesta a preguntas de otros grupos (no lo ha hecho en su primera intervención) y, a juicio de CCOO, sin tener muy claro el sentido de su intervención y en una posición incómoda, el ministro Campo ha hecho referencia a la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, señalando que es una situación “absolutamente preocupante”, que debe salir adelante “con el apoyo de todos”. Ha agradecido la proposición de ley del Grupo Popular que “servirá de base para debate que, en su caso, se produzca” y que debe darse una salida “que no repercuta en el ciudadano” y que “habrá que decidir sobre su entrada o no en vigor, total o parcialmente”. Se compromete “a traerlo (al Congreso) y que entre todos podamos alumbrar la mejor solución”.

Para CCOO, el nuevo ministro se ha quedado solo en la defensa del cierre masivo de las oficinas del Registro Civil en los partidos judiciales y juzgados de paz. La protesta sindical encabezada por este sindicato, las iniciativas parlamentarias del PP y Unidas Podemos, los centenares de ayuntamientos de todo signo político (incluidos los del PSOE) que a requerimiento de CCOO han aprobado mociones en defensa de sus registros civiles, están causando efecto y seguiremos trabajando para mantener este servicio público en todas las localidades y atendido por personal de justicia, como hasta ahora, en las de más de 7000 habitantes.

El ministro ha hecho referencia continuamente en su intervención al consenso para llevar a cabo sus propuestas y desde CCOO vamos a sumar a este consenso la obligación que tiene de negociar la mejora de nuestras condiciones de trabajo y todas las reformas organizativas que afecten a ellas.

Estamos a la espera de que cumpla su compromiso con CCOO de convocar a las organizaciones sindicales a una primera reunión tras producirse esta comparecencia ante el Parlamento, reunión en la que le expondremos todas las reivindicaciones del personal de justicia, propuestas que ya conoce porque se las hemos remitido por escrito y que, por ahora, no ha tenido en cuenta si tomamos como referencia su intervención en el Congreso en el día de hoy, en el que se ha olvidado de sus empleados y empleadas públicas a quienes, ni tan siquiera, ha mencionado.