Cataluña se niega a convocar oposiciones de justicia en 2016


11 mar. 2016



Oferta de Empleo Público 2016 en la Administración de Justicia

LA GENERALITAT DE CATALUÑA SE NIEGA A CONVOCAR NINGUNA PLAZA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016 Y RECHAZA LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES QUE LE HA OFRECIDO EL MINISTERIO

El Ministerio de Justicia ha propuesto al de Administraciones Públicas la convocatoria de algo más de 2100 plazas (de las que el 30% de las asignadas a los cuerpos de Letrados, Gestión, Tramitación y Facultativos son para promoción interna) de las que podrían quedar sin convocarse, al menos, las 503 plazas del turno libre que habían correspondido a Cataluña


Según las informaciones de que disponemos en CCOO, el Ministerio de Justicia ha propuesto al de Administraciones Públicas la convocatoria del 20% de las plazas vacantes en la Administración de Justicia, máximo permitido por la Ley de Presupuestos Generales para 2016, aproximadamente algo más de 2100 plazas de todos los cuerpos, que incluye tanto las del turno libre como las de promoción interna. Al mismo tiempo se efectuó un reparto entre las distintas administraciones competentes (central y autonómicas) correspondiéndole a Cataluña la cifra de 503 plazas para el turno libre, además de un 30 % para promoción interna de las de los cuerpos de Gestión y Tramitación.

Inicialmente todas las comunidades autónomas con competencias transferidas, incluida Cataluña mediante un escrito de fecha 4 de febrero, aceptaron este reparto de plazas y así lo trasladó el Ministerio de Justicia al de Administraciones Públicas para que fuesen convocadas en la OEP de este año. Sin embargo, en fechas recientes, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha remitido un nuevo escrito al Ministerio de Justicia, anulando lo solicitado en el de 4 de febrero y renunciando a la convocatoria de plazas del turno libre en este año 2016. Los motivos que se alegan en dicho escrito son que se están acometiendo modificaciones organizativas en las oficinas judiciales por lo que no ven conveniente convocar dichas plazas, argumento que para CCOO no tiene ninguna credibilidad ya que el porcentaje de personal interino en esa comunidad alcanza cifras que superan el 30% de las plantillas afectando a unos 2800 puestos de trabajo.

Cataluña es una de las comunidades autónomas que tienen más plazas vacantes no cubiertas por personal titular, contando con un grado de empleo precario en la Administración de Justicia de los más altos de toda España. Y el hecho de que el gobierno de la Generalitat haya decidido unilateralmente condenar a su personal a mantener esta situación indefinidamente, demuestra lo poco que le preocupa las condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia que presta servicios en Cataluña, además de hacer al personal interino un rehén de las políticas que ha adoptado en relación con el empleo.

CCOO viene defendiendo con la mayor vehemencia que es preciso que se convoquen en todas las CCAA transferidas y por el Ministerio de Justicia en su ámbito, en un plazo de tres años, todas las plazas vacantes y por el sistema de concurso-oposición, con el fin de que todos los trabajadores/as interinos tengan la opción de lograr una plaza en propiedad y con todos los derechos, además de que se establezca una verdadera carrera profesional para el personal titular, con la reserva del 50% de las plazas para promoción interna. El objetivo no puede ser otro que convertir paulatinamente el empleo inestable en empleo fijo y con todos los derechos en la Administración de Justicia.

CCOO va a solicitar al Departament de Justícia que reconsidere seriamente esta decisión unilateral, agravada por el hecho de que ni siquiera ha informado aún a los representantes de los trabajadores/as de su ámbito lo que supone un ataque en toda regla a los derechos de todo el personal de la Administración de Justicia, tanto contra el personal titular como contra el personal interino, porque lo que verdaderamente pretende la Generalitat es que el sistema para la cobertura de los puestos de trabajo en Cataluña sea una decisión exclusiva y unilateralmente suya, sin contar ni con los trabajadores, ni con sus derechos, ni con sus justas reclamaciones.