Aprobado en el Senado el proyecto de ley que incluye la derogación de la privatización del Registro Civil y amplía la vacatio legis de la ley del Registro Civil hasta 30 de junio de 2017


9 jul. 2015



El Senado ha aprobado, en la comisión de Justicia, el Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que contiene la derogación de la privatización del Registro Civil (anulando la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles) y la ampliación de la vacatio legis de la ley 20/2011, del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2017, con el mismo texto que el que aprobó el Congreso en el mes de junio
En relación con los aspectos referidos a la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil y la derogación de las disposiciones adicionales de la Ley 18/2014 que privatizaban el Registro Civil y lo entregaban a los Registradores Mercantiles, el texto aprobado por el Senado permanece, como decimos más arriba, igual que el aprobado por el Congreso, publicado en su web el pasado 15 de junio de 2015:


«Disposición final décima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".



"Disposición derogatoria única. 1. Quedan derogadas las disposiciones adicionales vigésima, vigésima primera, vigésima tercera, vigésima cuarta y vigésima quinta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 2. Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en la presente Ley."



Del resto de contenidos de dicha ley, ya emitimos hoja informativa de CCOO hace unos días, con una denuncia expresa a muchas de las cuestiones que se han introducido por la puerta de atrás en esta ley para colarnos medidas supuestamente modernizadoras pero que van a causar más inconvenientes que ventajas, y además reformar por la puerta de atrás los expedientes de nacionalidad atribuyendo la competencia para toda su instrucción a quiénes han mostrado sobradamente su incapacidad para tramitar la pequeña parte que hoy le corresponde.



Adjuntamos enlace a la web del Senado, que anuncia lo aprobado por la ponencia: