CCOO denuncia la agresión que ha sufrido un compañero del SCNE de Palma de Mallorca


12 jun. 2015



CCOO denuncia la agresión que ha sufrido un compañero del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Palma de Mallorca y muestra su total apoyo al mismo.

CCOO exige al Ministerio de Justicia y a las CCAA que adopten de una vez las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que ejercen sus funciones para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.

CCOO sigue denunciando que el personal de la Administración de Justicia se está convirtiendo en muchos casos en el objeto del enfado de las personas desahuciadas cuando exclusivamente están cumpliendo con su tarea de funcionarios públicos de la Administración de Justicia, y no son responsables en absoluto de la situación de violencia que se genera por los desahucios, que en una inmensa mayoría de los casos no garantizan el derecho habitacional y están provocando situaciones de emergencia social, y que CCOO, al igual que decenas de organizaciones sociales y ciudadanas, consideran que no pueden llevarse a cabo si no garantizan el derecho de las personas a una vivienda digna  

CCOO vuelve a reclamar que de inmediato se garantice al personal de la Administración de Justicia:

El apoyo total de la Administración al personal de la Administración de Justicia afectado en todos los aspectos (sanitarios, jurídicos y de toda índole, incluido el apoyo de profesionales que puedan ayudarles en estas situaciones que pueden provocar miedo y angustia)

CCOO exige que el Ministerio de Justicia y las CCAA realicen una campaña en defensa de los empleados y empleadas públicas en general, y del personal de la Administración de Justicia en particular, especialmente de todos aquellos trabajadores/as que tengan entre sus funciones las de realizar lanzamientos y embargos.

CCOO se pone a disposición de todos los trabajadores/as afectados para ayudarles ante hechos como los ocurridos en Palma de Mallorca.

CCOO vuelve a poner de manifiesto que las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia, con funciones como las derivadas de los procesos de desahucios y de los embargos, no garantizan su seguridad ni su integridad física, y hechos como los ocurridos demuestran la falta de responsabilidad de la Administración con sus trabajadores/as.