Comienza la negociación de la reforma de la LOPJ


29 abr. 2015



  •  Comienza la negociación de la reforma de la LOPJ


CCOO exige al Ministerio de Justicia que la Ley Orgánica del Poder Judicial garantice las actuales plantillas y las retribuciones del personal y que impida la movilidad geográfica forzosa en las modificaciones organizativas que plantea el Gobierno.

El proyecto de modificación de la LOPJ pretende la extensión de competencias territoriales a varios partidos judiciales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de determinadas materias del orden civil y de los Juzgados de lo Penal, Mercantiles, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social con sede en una localidad distinta de la capital de provincia.

CCOO reclama más plantilla y mayores retribuciones para los juzgados que vean incrementadas sus cargas de trabajo y la obligatoriedad de que los jueces de refuerzo estén acompañados de las plantillas necesarias de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial


El Ministerio de Justicia ha explicado en la mesa sectorial celebrada ayer, 28 de Abril, las modificaciones organizativas que ha planteado en el proyecto de ley de reforma de la LOPJ con las que pretende hacer una redistribución de las cargas de trabajo desde juzgados especialmente sobrecargados a otros con un menor volumen de asuntos.

Como primer aspecto pretenden que la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se pueda extender a dos o más partidos judiciales.

En segundo lugar, se propone también que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional puedan asumir el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos o ejecuciones de los mismos, es decir, que un juzgado concreto pueda asumir todos los asuntos (de cualquier materia, por ejemplo, de familia) de varios partidos judiciales.

También se regulan los planes de actuación para nombrar jueces de apoyo especializados para la atención de asuntos concretos de especial relevancia.

Por último, los Juzgados Mercantiles, de lo Penal, de Menores, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de lo Contencioso Administrativo que tengan la sede en una localidad distinta de la capital provincia, podrán conocer de asuntos que no sean de su actual ámbito territorial, pudiendo corresponderle por reparto otros asuntos de distintos partidos judiciales de la propia provincia.

CCOO hemos hecho saber al Ministerio de Justicia que, desde el punto de vista político, nos parece una aberración la intención del Gobierno de que la demarcación judicial pueda establecerse por Real Decreto en algunos casos. Hasta ahora, es obligatorio que se haga por Ley y la nueva regulación que se propone impedirá un debate parlamentario de las propuestas gubernamentales y el conveniente filtro de los órganos consultivos del Estado.

La modificación propuesta de la demarcación territorial de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, es un ejemplo de lo anterior y va a provocar de forma directa el alejamiento de la justicia “por decreto” de una gran cantidad de mujeres víctimas de esta lacra social; mujeres que tenían en su propio municipio, o muy cerca de él, el juzgado que debía atenderlas se encontrarán con una nueva traba, una más, en su lucha y en su derecho por defender su integridad física y moral. El alejamiento del juez del conocimiento de la situación social del terreno no será una mejora, sino un deterioro más del servicio público de la Administración de Justicia y otra afrenta a las mujeres maltratadas con la excusa de la crisis económica.

Para CCOO, lo que hay que hacer es crear más juzgados donde hagan falta para que se puedan atender los procedimientos de todos los órdenes jurisdiccionales y, el colapso en éstos y su sobrecarga de trabajo, no impidan una buena atención también a las víctimas de violencia de género.

Desde el punto de vista estrictamente laboral, CCOO ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia que estas propuestas van a afectar también a las cargas de trabajo que soportarán los juzgados que acojan una circunscripción territorial más amplia, cargas de trabajo que también se verán incrementadas por la asignación de la competencia en el conocimiento de nuevos delitos prevista en otros puntos de este proyecto de reforma de la LOPJ.

Al mismo tiempo, se pudiera ver afectado el número de puestos de trabajo al no estar determinado el futuro de las plazas que los actuales Juzgados con competencias, por ejemplo, en materia de violencia sobre la mujer tienen por encima de las plantillas de otros juzgados de la misma localidad. Este aspecto podría también afectar, si se equiparasen las plantillas, a procesos de redistribución de efectivos en los que CCOO no aceptará la movilidad forzosa a otra localidad en ningún caso. Tampoco quedan garantizadas en la propuesta del Gobierno las retribuciones complementarias que tienen asignadas los juzgados de violencia sobre la mujer en algunos territorios.

CCOO ha exigido al Ministerio de Justicia:

1.- El aumento de las plantillas y/o de las retribuciones complementarias en los juzgados que vean incrementadas sus cargas de trabajo, tanto por la extensión de su actual ámbito de competencia territorial como por el conocimiento de nuevos delitos.

2.- La modificación del artículo 523 de la LOPJ para que se recoja expresamente que los procesos de redistribución de efectivos no podrán conllevar, en ningún caso, la disminución de retribuciones por cualquier concepto, incluidas las guardias, ni el traslado de localidad, ni pueda verse afectado a la baja el número total de puestos de trabajo de la localidad.

3.- Que el nombramiento de los jueces de apoyo especializados o los jueces de refuerzo de los planes de actuación, vaya siempre obligatoriamente acompañado de la plantilla necesaria de personal de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, debiendo recogerse expresamente en la LOPJ esta obligación de las administraciones competentes.

4.- La supresión del artículo 528 de la LOPJ que autoriza la aplicación de planes de reordenación de recursos humanos en la Administración de Justicia impuestos unilateralmente por el Gobierno Central o las Comunidades Autónomas con competencias.

El Ministerio de Justicia había negado, inicialmente, la negociación de estos aspectos organizativos y de su incidencia en las condiciones de trabajo y la presión de CCOO ha conseguido que en una próxima reunión de la mesa sectorial se aborde la negociación colectiva de estas materias con los representantes sindicales.

En sucesivas reuniones se abordarán las reformas de la LOPJ referentes a nuestro estatuto jurídico y condiciones de trabajo de las que informaremos debidamente.