CCOO presenta una iniciativa al Parlamento Europeo para impedir la privatización del Registro Civil


6 feb. 2015


CCOO SIGUE PLANTEANDO INICIATIVAS PARA IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
CCOO EJERCE EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL Parlamento Europeo, PARA que SE establezca que los Registros Civiles de los países de la UE DEBEN MANTENERSE EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y SERVIDOS POR FUNCIONARIAS/OS PÚBLICOS

CCOO expone en su petición que en España, desde su creación en 1871, el Registro Civil ha estado a cargo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia


CCOO continúa trabajando para impedir que a partir del 15 de julio de este año el Registro Civil salga de la Administración de Justicia y se privatice, atribuyendo su llevanza a los Registradores Mercantiles. Además de estar pendiente la aceptación a trámite y posterior recogida de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular para paralizar la privatización del Registro Civil,  CCOO ejerció ayer a través del portal del Parlamento Europeo el derecho de petición contemplado en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de que:

1º.- Que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la necesidad de que los Registros Civiles de los países de la Unión Europea, como institución a cargo de los datos personales esenciales de los ciudadanos de la Unión Europea, sean servidos en todo caso por funcionarios/as públicos integrados en Administraciones públicas, en salvaguarda de los derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal recogidos en los artículo 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

2º- Que el Parlamento Europeo proponga la inclusión, en el Proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y de Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que se establezca de forma expresa que en los Registros Civiles de los Estados miembros de la Unión Europea los responsables del tratamiento de los datos contenidos en los mismos y todo el personal que tenga a su cargo deban ser funcionarios/as públicos integrados en Administraciones públicas.

CCOO solicita que, dado que en España a partir del 15 de julio de 2015 la llevanza del Registro Civil va a corresponder a los Registradores Mercantiles, y que en caso de ser aprobada esta petición dicha llevanza sería contraria a la misma, se proceda a la consideración y votación de su petición antes del 15 de julio de 2015.

Para CCOO, la llevanza del Registro Civil encomendada a los registradores mercantiles y sus trabajadores/as, implicaría que los datos más personales de todos la ciudadanía serán tratados por personal que no tienen la condición de funcionarias/os públicos, por tanto no sujetos al deber de confidencialidad en el tratamiento de datos personales lo cual puede suponer vulneración del derecho a la intimidad al encomendar a particulares la llevanza del Registro Civil. No basta con la titularidad pública del Registro Civil, de sus datos o de los programas informáticos que lo gestionen, es preciso que quien sea responsable del tratamiento de estos datos, quien los gestione y tenga por tanto la oportunidad de registrarlos, modificarlos o cederlos tengan, desde el Registrador hasta sus empleados/as, la condición de funcionarias/os públicos.

CCOO explica en su petición que en España desde su creación en 1871 el Registro Civil ha estado a cargo de la Administración de Justicia, siendo sus responsables los Jueces o Magistrados Encargados de los Registros Civiles municipales principales o Central, y los Cónsules, respecto de los Registros Civiles Consulares, y que los encargados del tratamiento de los datos incluidos en este fichero son las y los funcionarios públicos de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia destinados en los Registros Civiles.


Una vez se admita a trámite esta petición por el Parlamento Europeo explicaremos cómo todas las personas, organizaciones y colectivos que lo deseen pueden adherirse a la misma, para hacer más fuerza ante el Parlamento Europeo y que en caso de que prospere debería suponer la paralización de la privatización del Registro Civil.