CCOO exige de nuevo al Ministerio de Justicia la restitución de todos los derechos eliminados desde 2010


9 dic. 2014




CCOO ha vuelto a exigir al ministro de Justicia que, entre otros derechos robados:

  • Se restituyan los salarios anteriores a mayo de 2010, tras el recorte inadmisible que efectuó el anterior gobierno contra todos los empleados y empleadas públicos en mayo de 2010.

No es tolerable que tras cinco congelaciones sucesivas (2011 a 2015) que venimos soportando, unido al tremendo recorte que se nos infringió a los trabajadores/as públicos en 2010 y a la eliminación de la paga extra de diciembre de 2012 (otro 7,14 % más de recorte adicional), hayamos acumulado ya la pérdida de poder adquisitivo desde 2010 superior al 30 % de salario real.
Es decir, de cada 100 euros que cobrábamos en 2010 hoy solo disponemos 70 euros.
  • Se devuelva de inmediato a todos los trabajadores/as de la Administración de Justicia el total de la paga extra de diciembre de 2012 y no tan solo ese ridículo 24,04% que plantea el gobierno en el proyecto de LPGE 2015. Estamos hartos de la tomadura de pelo de este Gobierno, que, mientras ampara a los corruptos de su organización, es incapaz de cumplir con la ley y la justicia y devolver el 100% de la paga que nos robaron en 2012, como ya muchas sentencias judiciales están resolviendo.
  • Se restituya el 100 % del salario en todos los casos de Incapacidad Temporal (IT)
  • Se restauren todos los días de asuntos particulares y de vacaciones, incluidos los días de antigüedad.
  • Se reponga de nuevo la jornada máxima laboral de 35 horas

  • Se restablezca la convocatoria de la oferta de empleo público anual y de todos los cuerpos. El gobierno debe garantizar la convocatoria de todas las vacantes en la oferta de empleo público en un máximo de tres años, incluyendo no menos de 2500 plazas en 2015 entre turno libre y promoción interna de todos los cuerpos generales y especiales


Asimismo, CCOO ha exigido de nuevo al ministro de Justicia que debe restaurarse el derecho de todas las personas físicas a poder acudir a defender sus legítimos derechos ante la Administración de Justicia sin tasas judiciales. 

En el contexto de nuestra demanda, es imprescindible que todos los empleados y empleadas públicas recuperen también un derecho inalienable, cuando acuden a la jurisdicción contenciosa a defender sus derechos laborales y profesionales, a no ser condenados en costas, pues lo único que ha pretendido el gobierno con esta decisión es persuadir para no litigar para defender derechos legítimos, sabiendo perfectamente que muchos compañeros y compañeras desisten de emprender acciones judiciales por ese motivo, a pesar de tener la razón de su lado.