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Ayer, 20 de noviembre, se cumplían dos años desde la aprobación por el Gobierno de la ley de tasas judiciales, ley que abría el ataque del Gobierno del Partido Popular al conjunto de la ciudadanía para restringir de forma muy severa el acceso a la tutela judicial efectiva de la inmensa mayoría de la población.
No ha sido un ataque aislado. Siguió el Gobierno atacando los derechos, y, entre otras gravísimas actuaciones, meses después formalizó la privatización del Registro Civil. Privatización que vamos a parar.
Ayer se celebraron numerosos actos de protesta contra la ley de Tasas Judiciales, convocados por diferentes asociaciones y colectivos, volviendo a exigir su derogación.
En Madrid, entre otros actos de protesta, el 20 de noviembre, la Confederación Española de Abogados Jóvenes convocó una concentración ante el Ministerio de Justicia para exigir la derogación de la Ley de Tasas, concentración que ha sido apoyada por el Sector de la Administración de Justicia de CCOO .
Algunos voceros emitían juicios junto a Gallardón (el siniestro ministro de Justicia que ha pretendido en los casi tres años de su paso por el Ministerio de Justicia, cargarse y desmantelar la Administración de Justicia) y el Gobierno, de que la Ley de Tasas Judiciales nacía con la única intención de eliminar la litigiosidad innecesaria.
Estos voceros del Gobierno o afines a él, eran aquellos que apoyan sistemáticamente el derecho de los más poderosos a mantener sus privilegios, amparados por los mismos que amparan a los corruptos, pero que manifestaban a la vez que todos los derechos y libertades no se podía extender al conjunto de la población de nuestro país y que no se podía aplicar de forma efectiva. Porque no estaban dispuestos a aceptar que se debe cumplir la máxima de que nos encontramos en un Estado democrático y de derecho y no en una vergonzosa situación de desmantelamiento de los servicios públicos, que son los que permiten el acceso en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Pues dos años después, los hechos demuestran las mentiras del Gobierno: la ley de tasas judiciales ha impedido a más del 30% de la población acceder a la Administración de Justicia para defender sus derechos y sus legítimas reclamaciones. Y a una gran mayoría de personas le ha dificultado de forma enorme ese acceso, viéndose obligados en muchísimos casos, si querían acceder a la Administración de Justicia, a renunciar a otros gastos imprescindibles.
Porque el único objetivo de esta injusta Ley de Tasas Judiciales ha sido, por un lado recaudar y engrosar las arcas del Estado, sin que este dinero sirviera tampoco para mejorar los servicios públicos (los datos de una recaudación de al menos más de 500 millones de euros atestigua lo que de verdad está ocurriendo) mientras al mismo tiempo cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas son excluidos en la defensa de los suyos, porque no pueden pagar tasas judiciales.
No nos sirven las palabras huecas de Catalá, que ha afirmado que si estudio del impacto de la ley de Tasas Judiciales demuestra que impide el acceso a la tutela judicial efectiva, la modificará.
Ministro Catalá: No nos valen las buenas palabras. EXIGIMOS LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES.
TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS DEBEN ESTAR EXENTAS DE PAGAR TASAS JUDICIALES EN CUALQUIER ACTUACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Ministro Catalá: DEJE SIN EFECTO LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Señor ministro: el tiempo pasa y las buenas palabras deben convertirse en hechos. De lo contrario, la confrontación con el conjunto de la sociedad estará servida de nuevo.
