- El anuncio realizado por CCOO el pasado 7 de Julio de huelga en la Administración de Justicia provoca la convocatoria de reunión sobre el Registro Civil, que CCOO ha exigido que se convierta en una mesa de negociación y no una simple reunión informativa como pretende el Ministerio.
- Csif, Staj y Ugt sucumben al chantaje del Ministerio y aceptan firmar un preacuerdo –sin texto alguno aún- dando por cerrada la negociación de la LOPJ y ofreciendo su “paz social”
- CCOO advierte que no firmará ningún acuerdo con el Ministerio de Justicia sobre el contenido completo de la nueva LOPJ sin trasladarlo previamente a los trabajadores y trabajadoras de la administración de justicia
Lo que hasta ayer parecía un imposible durante los meses atrás desde la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de LOPJ, y tras meses de movilizaciones, reuniones con partidos políticos, ayuntamientos, parlamentos autonómicos y sobre todo la convocatoria de huelga general en la Administración de Justicia realizada por CCOO para el día 8 de octubre contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia, hoy el Ministerio de Justicia ha flexibilizado en parte sus posiciones iniciales y da pasos en la dirección que CCOO le venía exigiendo desde el 4 de abril en que el Gobierno aprobó el anteproyecto de reforma de la LOPJ, modificando algunos aspectos imprescindibles que veníamos reclamando también en todas las reuniones del grupo de trabajo como:
- El centro de destino dejará de ser la provincia y será la localidad (cada Servicio Común Procesal de cada localidad por un lado, y el conjunto de todas las UPADs de la misma localidad, por otro, al haber desaparecido la distinción entre órganos unipersonales y órganos colegiados, así como las jurisdicciones, en los Tribunales Provinciales de Instancia. Seguirán siendo centro de destino único tanto todo el Tribunal Supremo y toda la Audiencia Nacional, sin distinción de salas, secciones….).
- Se reconocerá la existencia de los partidos judiciales, pero sin comprometer el Ministerio en ningún momento el mantenimiento de todos ellos. Y negando la posibilidad de poder intervenir sindicalmente en la negociación de la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial que CCOO había exigido
- Los Tribunales Provinciales de Instancia, dejarán de llamarse Provinciales, pero sin concretar si habrá tribunales de instancia de ámbito inferior a la provincia, ni cuántos ni cuales.
- El Registro Civil Central y los Registros Únicos se mantendrán como centro de destino pero solo hasta la entrada en vigor de la nueva ley que privatiza el Registro Civil en manos de los Registradores mercantiles.
- Los Juzgados de Paz desaparecerán y podrán ser sustituidos por oficinas judiciales de paz a las que se les asignarán nuevas competencias como venía reclamando CCOO con funciones de información, registro, mediación y conciliación, pero sin poder asegurar el Director si estas oficinas judiciales de paz constituirán por sí mismas un centro de destino a los que pertenecerían los funcionarios que prestan hoy servicio en los Juzgados y Agrupaciones de Paz.
Pero lo que se avecinaba como un importante avance en la negociación tal y como veníamos demandando desde CCOO y que suponía abrir la posibilidad de darle la vuelta a un anteproyecto de LOPJ tremendamente dañino para los ciudadanos y trabajadores, el Ministerio, con la aquiescencia de Csif, Staj y Ugt, lo ha convertido en un punto y final, dando por finalizada la negociación y exigiendo un principio de acuerdo con esos puntos y alguna modificación más respecto a las sustituciones de Gestores al cuerpo de Secretarios, promoción interna o plan de igualdad y los que ya había adelantado en el escrito que remitió con anterioridad a la mesa y que los sindicatos habíamos denunciado unos minutos antes como claramente insuficientes, chantajeando a las organizaciones sindicales advirtiendo que solo puede garantizar estas propuestas si se firma hoy mismo un preacuerdo en la mesa sectorial y se dan por finalizadas las negociaciones, quedando el resto de asuntos que los sindicatos hemos planteado sin aceptar por parte de la Administración y que no se incluirán de ninguna manera en la reforma de la LOPJ.
Expresamente, y a exigencia de CCOO,el Ministerio de Justicia ha reconocido que su oferta de acuerdo otorga a la Administración competente los instrumentos para reducir las plantillas, para imponer la movilidad geográfica y funcional forzosa, para la reducción de las retribuciones actuales, y mantiene su propósito de privatizar a favor de los Procuradores los actos de comunicación y ejecución.
Y deja fuera el resto de importantísimas cuestiones que tenemos pendientes de conseguir para recuperar y mejorar nuestras condiciones de trabajo, como son: Lo que hasta ayer parecía un imposible durante los meses atrás desde la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de LOPJ, y tras meses de movilizaciones, reuniones con partidos políticos, ayuntamientos, parlamentos autonómicos y sobre todo la convocatoria de huelga general en la Administración de Justicia realizada por CCOO para el día 8 de octubre contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia, hoy el Ministerio de Justicia ha flexibilizado en parte sus posiciones iniciales y da pasos en la dirección que CCOO le venía exigiendo desde el 4 de abril en que el Gobierno aprobó el anteproyecto de reforma de la LOPJ, modificando algunos aspectos imprescindibles que veníamos reclamando también en todas las reuniones del grupo de trabajo como:
- El centro de destino dejará de ser la provincia y será la localidad (cada Servicio Común Procesal de cada localidad por un lado, y el conjunto de todas las UPADs de la misma localidad, por otro, al haber desaparecido la distinción entre órganos unipersonales y órganos colegiados, así como las jurisdicciones, en los Tribunales Provinciales de Instancia. Seguirán siendo centro de destino único tanto todo el Tribunal Supremo y toda la Audiencia Nacional, sin distinción de salas, secciones….).
- Se reconocerá la existencia de los partidos judiciales, pero sin comprometer el Ministerio en ningún momento el mantenimiento de todos ellos. Y negando la posibilidad de poder intervenir sindicalmente en la negociación de la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial que CCOO había exigido
- Los Tribunales Provinciales de Instancia, dejarán de llamarse Provinciales, pero sin concretar si habrá tribunales de instancia de ámbito inferior a la provincia, ni cuántos ni cuales.
- El Registro Civil Central y los Registros Únicos se mantendrán como centro de destino pero solo hasta la entrada en vigor de la nueva ley que privatiza el Registro Civil en manos de los Registradores mercantiles.
- Los Juzgados de Paz desaparecerán y podrán ser sustituidos por oficinas judiciales de paz a las que se les asignarán nuevas competencias como venía reclamando CCOO con funciones de información, registro, mediación y conciliación, pero sin poder asegurar el Director si estas oficinas judiciales de paz constituirán por sí mismas un centro de destino a los que pertenecerían los funcionarios que prestan hoy servicio en los Juzgados y Agrupaciones de Paz.
Expresamente, y a exigencia de CCOO,el Ministerio de Justicia ha reconocido que su oferta de acuerdo otorga a la Administración competente los instrumentos para reducir las plantillas, para imponer la movilidad geográfica y funcional forzosa, para la reducción de las retribuciones actuales, y mantiene su propósito de privatizar a favor de los Procuradores los actos de comunicación y ejecución.
- La convocatoria inmediata de OEP con la totalidad de las plazas vacantes, como única garantía de que no habrá destrucción de empleo en la Administración de Justicia.
- Que no se va a amortizar ni una sola plaza de la Administración de Justicia, porque se mantiene en la nueva LOPJ la posibilidad de aprobar planes de ordenación de recursos humanos de manera potestativa y sin necesidad de negociación colectiva.
- La garantía a los trabajadores de pertenencia a un puesto de trabajo concreto (Secciones concretas y UPADs concretas) quedando al capricho del jefe de cada oficina la movilidad funcional e incluso geográfica forzosa, pues tampoco incluyen que una posible redistribución de efectivos en ningún caso suponga cambio de municipio.
- La recuperación de todos los derechos laborales y retributivos robados durante estos últimos años e incluso que el Ministerio de Justicia adquiera el compromiso de que se van a negociar nuestras demandas con el objeto de conseguir de más derechos.
- O avanzar en la mejora de otras cuestiones que se regulan en la LOPJ como son: la objetividad en el nombramiento de personal interino, en las sustituciones o en las comisiones de servicio; la mejora de la regulación de los sistemas de acceso a la Administración de Justicia incorporando el concurso-oposición como un sistema ordinario; la correcta regulación de los concursos de traslado; la negociación en las modificaciones de las RPT; la mejora del régimen disciplinario; la clarificación de las funciones de cada uno de los cuerpos, eliminando el cajón de sastre de las funciones análogas; las adscripciones a órganos concretos –y no al IML- del personal laboral; la regulación de la jubilación anticipada, forzosa y que las prórrogas en la edad de jubilación sean voluntarias para el trabajador y obligatorias para la Administración si aquel lo demanda, y la elección voluntaria de poder optar al régimen general o de clases pasivas en vistas a la jubilación; la mejora de la normativa general sobre jornada y horario; licencias y permisos; situaciones administrativas; régimen retributivo, etc. etc., recogiendo nuestras propuestas; aspectos, todos ellos, sobre los que CCOO ha presentado más de un centenar de propuestas y a cuya negociación no vamos a renunciar.
El Ministerio ha zanjado toda la negociación que quedaba por delante de la LOPJ, exigiendo la firma de un preacuerdo hoy mismo sobre los puntos que ha expuesto oralmente o retiraba su Ofrecimiento.
CCOO ha insistido hasta la saciedad en no cerrar la negociación de esa manera y hemos exigido que:
1.- Que se nos traslade por escrito el texto que se ofrece como acuerdo.
2.- Que la redacción de ese texto sea negociada en una nueva Mesa Sectorial convocada urgentemente para la próxima semana.
3.- Que tras la negociación de ese acuerdo se continúe la negociación del resto de asuntos pendientes, que para CCOO deben garantizar, como mínimo, que no habrá privatizaciones de ningún servicio de la Administración de Justicia, que no se perderá ningún puesto de trabajo, que no habrá movilidad geográfica ni funcional forzosa y que ningún trabajador verá reducidas sus actuales retribuciones con motivo de la implantación de la nueva LOPJ.
2.- Que la redacción de ese texto sea negociada en una nueva Mesa Sectorial convocada urgentemente para la próxima semana.
3.- Que tras la negociación de ese acuerdo se continúe la negociación del resto de asuntos pendientes, que para CCOO deben garantizar, como mínimo, que no habrá privatizaciones de ningún servicio de la Administración de Justicia, que no se perderá ningún puesto de trabajo, que no habrá movilidad geográfica ni funcional forzosa y que ningún trabajador verá reducidas sus actuales retribuciones con motivo de la implantación de la nueva LOPJ.
El Ministerio ha negado esta solicitud de CCOO y, tras dos meses sin contestar a una sola de las alegaciones de las organizaciones sindicales y con una urgencia inusitada, ha acordado con el resto de sindicatos presentes dar por finalizadas las negociaciones de la LOPJ, a pesar de las numerosas cuestiones pendientes, además con un preacuerdo en blanco –sin texto alguno hoy- que concretará en los próximos días y que posteriormente trasladará, ya sin control sindical alguno, a la LOPJ, ofreciendo tan solo una posible negociación en los reglamentos de desarrollo de la LOPJ –que muy probablemente no podrá darse dentro de esta legislatura-.
Sorprendentemente lo que podría haber sido un comienzo en la buena dirección, se ha visto truncado por la “fe ciega” en las palabras del ministerio por parte de Csif, Staj y Ugt, quienes con un absoluto entreguismo han anunciado su disposición a firmar un acuerdo a un texto que ni tan siquiera conocen, no mostrando ninguna crítica al “chantaje” del Ministerio. Y a pesar de las reiteradas llamadas a la unidad y de creación de un frente común en que ha insistido CCOO, incluso después de acabada la reunión.
Para CCOO, aunque estos avances, que, recordamos nuevamente, han sido fruto exclusivo de la convocatoria de huelga efectuada para el 8 de octubre, pueden mejorar objetivamente la situación anterior (a pesar de que siguen siendo inconcretos al no recoger expresamente que se mantendrán todos los puestos de trabajo en las sedes actuales ni que se mantendrán todos los partidos judiciales existentes ni que se asegurará la plantilla actual, ni que se retira del texto la movilidad geográfica y funcional forzosa) comprometen a la “paz social” a los sindicatos firmantes que de facto renuncian a la consecución con la negociación y la presión de los importantísimos aspectos que seguimos teniendo pendientes de conseguir para recuperar y mejorar nuestras condiciones de trabajo y no permitir que la reforma de la LOPJ constituya un retroceso sin precedentes para los trabajadores.
Estamos convencidos de que un frente común sindical puede mejorar ostensiblemente la situación anterior y revertir una LOPJ que causa daños irreversibles a los derechos de los trabajadores, y así se lo volvemos a trasladar al resto de sindicatos, porque si mantienen su decisión y dan el aval al Ministerio de Justicia para cerrar negociación, estaremos perdiendo una oportunidad de oro para lograr eliminar todos los aspectos negativos de la reforma de la LOPJ que permanecen en el texto.
CCOO no va a firmar ningún acuerdo mientras:
1.- No lo avalen los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia
2.- No conozcamos y se negocie en la mesa sectorial un texto que recoja con precisión en la LOPJ estas cuestiones, como mínimo:
- El mantenimiento de todos los partidos judiciales actualmente existentes, y no solo el reconocimiento de su existencia.
- La garantía de que se mantendrán todos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, de forma que no admita interpretación, como “se podrán crear oficinas de paz que sustituyan a los Juzgados de Paz”
- El compromiso en el texto de la reforma de la LOPJ de que se mantendrán todos los puestos de trabajo actuales, que el director general se niega a reconocer.
- La garantía de que se asegurarán todas las retribuciones actuales
- Que se retire del texto de la reforma de la LOPJ la movilidad forzosa, Y que se elimine el instrumento que se otorga a las Administraciones de acordar planes de ordenación de recursos humanos que podrían amortizar cientos de puestos de trabajo.
Hoy mismo, CCOO nos reunimos con la Defensora del Pueblo para solicitarle la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 8/2014, en el que se privatizan los Registros Civiles, presentándole numerosos argumentos para su interposición. Y la próxima semana con los grupos parlamentarios con el mismo objetivo.
Si luchas puedes perder,
pero si no luchas, entonces estás
perdido
¡¡ HAY QUE PARAR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN,
NO ESPERAR A SUFRIR SUS CONSECUENCIAS!!
