Cuarta reunión de la mesa de trabajo del Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)


5 jun. 2014



A PESAR DE LA PRESIÓN DE CCOO, EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE NEGÁNDOSE A NEGOCIAR LOS ASPECTOS DE LA REFORMA DE LA LOPJ QUE SUPONDRÁN UN GRAVE RETROCESO DE NUESTROS DERECHOS Y CONDICIONES LABORALES.

CCOO DENUNCIA QUE LA REFORMA PREVISTA NOS ABOCARÍA A UN PROCESO DE DESPIDO MASIVO DE PERSONAL INTERINO Y DE REDISTRIBUCIÓN DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL A CUALQUIER CENTRO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA.
Nadie tendría garantizadas su actuales retribuciones (incluidas las guardias) y todo el personal podría ser objeto de traslados forzosos funcionales y geográficos dentro de la provincia.

En la reunión de hoy se han abordado, entre otros, los artículos de la LOPJ referentes a las retribuciones, centros de destino o redistribución de puestos de trabajo, todos ellos directamente relacionados con la nueva organización judicial que pretende imponer el Ministerio de Justicia.

La implantación de los Tribunales Provinciales de Instancia conlleva la desaparición de todas las Audiencias Provinciales, de todos los partidos judiciales, de los Juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales tal y como los conocemos hasta ahora y de los Juzgados de Paz y de  las  Agrupaciones de éstos. De prosperar esta impresentable propuesta del Ministerio, el destino de cada funcionario será toda una provincia y  si quedaran abiertas algunas sedes judiciales (no se precisan cuántas ni cuáles) en alguna o algunas localidades fuera de la capital el propio texto de la LOPJ establece que deberán reunir una serie de condiciones concretas (población, distancia a la capital y medios de transporte, carga de trabajo…) ponderadas todas de manera conjunta.

El desarrollo del anteproyecto de LOPJ, caso de ser aprobado, tendría el siguiente calendario:

1.- Al día siguiente de publicarse la ley en el BOE desaparecen los Juzgados de Paz, y Agrupaciones de Juzgados de Paz y todo su personal pasaría a ser destinado al servicio común del partido judicial correspondiente donde lo hubiese o se crearía uno al efecto.

2.- Durante los dos años siguientes, como máximo, a la aprobación de la LOPJ se desarrollaría la nueva ley de planta. Los funcionarios de todos los Juzgados y Tribunales pasarían a tener como centro de destino la provincia pudiendo ser asignados a cualquier órgano jurisdiccional de esa provincia. En el caso del Tribunal Supremo todas las salas y secciones quedarían integradas en un solo centro de destino, al igual que la Audiencia Nacional donde se integrarían todas las salas, secciones y juzgados centrales pudiendo ser adscrito a cualquiera de ellas cualquier funcionario en cualquier momento.

3.- Solo se mantienen los centros de destino actuales en las Fiscalías, Institutos de Medicina Legal, Instituto Nacional de Toxicología, Mutualidad General Judicial y Registros Civiles y, para estos últimos, como ya venimos informando, tampoco está garantizada ni mucho menos su continuidad en la administración de justicia.

Está tremenda agresión a los trabajadores provocaría un proceso de redistribución de efectivos que afectaría a la práctica totalidad de los más de 40.000 funcionarios existentes, que con esta reforma no tenemos garantizada la totalidad de nuestras retribuciones (guardias incluidas) ni la seguridad de seguir trabajando en la localidad en la que actualmente lo hacemos voluntariamente.

La negativa de la administración a convocar ofertas de empleo público suficientes en los últimos años ha provocado, además, la existencia de más de 10.000 puestos vacantes ocupados por personal interino que en la implantación de nuevo modelo organizativo que se propone no tienen en absoluto garantizada su continuidad ya que el fin último de estas reformas no es otro que el ahorro de gasto y la reducción de empleos públicos.

Además se afianza la privatización de los actos de comunicación y ejecución mediante su atribución a los procuradores,  lo que también será aprovechado para la reducción de puestos de trabajo en los cuerpos de funcionarios que actualmente realizan estas funciones.

CCOO no se va a resignar ante tamaña agresión y es por eso que nuevamente en la reunión de hoy hemos vuelto a exigir en varias ocasiones la paralización de las reuniones de la mesa de trabajo, para que antes de seguir abordando la negociación de los aspectos reglamentarios que contiene la LOPJ, se negocie en la mesa sectorial el futuro de los partidos judiciales, de los juzgados de paz y de los registros civiles, cuestiones no recogidas en el libro VI pero que conllevarán una drástica modificación de los derechos y condiciones laborales.

No se garantizan las actuales retribuciones, se eliminarán miles de puestos de trabajo, se implantará la movilidad forzosa, geográfica y funcional, mientras no se recoge que ésta siempre será voluntaria e incentivada.

CCOO ha vuelto a exigir la recuperación de todos los derechos laborales y retributivos que nos han sido hurtados con la excusa de la crisis económica y ha  reclamado nuevamente la devolución inmediata de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 tras las últimas sentencias favorables de distintos jueces de lo contencioso-administrativo de diversas provincias.

En la mesa de trabajo de hoy se han tratado los capítulos de la LOPJ relacionados con las situaciones administrativas, con el régimen retributivo y con la ordenación de la actividad profesional, provisión de puestos de trabajo y movilidad. Estas han sido las principales propuestas de CCOO a las que, como siempre en este simulacro de negociación, no ha habido ninguna respuesta de la Administración:


  • Se entenderá por centro de destino cada una de las secciones de los servicios comunes y cada una de las UPAD, cada una de las áreas de la fiscalía y los registros civiles.
  • La redistribución de efectivos solo se hará en base a las modificaciones de las RPT motivadas por la variación de las cargas de trabajo. Anualmente se revisarán las RPT para adaptar las plantillas al aumento de las cargas de trabajo. Las redistribuciones siempre serán voluntarias, respetándose la totalidad de las retribuciones, incluidas las guardias, y sin cambio de localidad.
  • Mantenimiento de la convocatoria anual obligatoria de los concursos de traslado ordinarios y también de concursos específicos anuales para los puestos singularizados. En ambos casos se incluirá en el concurso la totalidad de las plazas vacantes.
  • Se establecerá un regulación basada exclusivamente en criterios objetivos para la cobertura de las plazas vacantes y para la sustitución de todas las ausencias de larga duración, estableciendo en primer lugar la prioridad de las sustituciones verticales y en segundo lugar de las  comisiones de servicio, en ambos casos con relevación de funciones y percibiendo la totalidad de las retribuciones. Los puestos no cubiertos por estos sistemas y los que dejen libres los titulares que accedan a sustitución o comisión de servicio serán cubiertos por personal interino. Se reservará la plaza de origen en todos los casos, incluidos a los gestores que realizan sustituciones del cuerpo de secretarios.
  • Eliminación de los puestos de libre designación.
  • Equiparación al alza para todos los funcionarios del mismo cuerpo del complemento general del puesto eliminándose las diferencias retributivas injustas como las derivadas del grupo de población o de la categoría del juez o magistrado.
  • Elevación de la cuantía mínima del  complemento específico de los puestos genéricos equiparándose al alza.
  • Las retribuciones correspondientes a la productividad de un órgano judicial se distribuirá entre todos los integrantes del órgano de manera lineal.
  • Renegociación al alza de las guardias y sus retribuciones, que se integrarán en el complemento específico.
  • Las pagas extraordinarias comprenderán el 100% del total de las retribuciones mensuales.
  • Extensión de todas las mejoras contenidas en el Estatuto Jurídico de jueces y fiscales al resto del personal de la Administración de Justicia.
  • Reserva del puesto de trabajo a los funcionarios en situación de servicios especiales y de excedencia para cuidado de hijos mientras dure dicha situación. También a las víctimas de violencia sobre la mujer que soliciten excedencia (en este caso con la totalidad de las retribuciones durante seis meses).
  • Posibilidad de elegir entre todas las vacantes cuando se solicite el reingreso.