CC.OO. convoca protestas contra la privatización del Registro Civil y denuncia el colapso en los archivos judiciales


20 feb. 2014


El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha denunciado la situación que se sufre en los edificios judiciales de la ciudad y los problemas a los que se están enfrentando los funcionarios que trabajan en estas dependencias.
Según Pablo Valeiras del sector Xustiza del sindicato los archivos judiciales de Pontevedra, al igual que los de la mayoría de los juzgados de Galicia, se encuentran en una situación límite al borde del colapso.
Señala, además, que se está aplicando un plan piloto de expurgo en la Audiencia Provincial de Pontevedra y en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta ciudad que no fue negociado ni consensuado con los representantes de los trabajadores. Ante esta situación, el sindicato indica que se oponen a que se encomienden nuevas tareas y se sobrecargue de trabajo a los funcionarios, además de exigir que la realización de estas labores sea recompensada económicamente.
CC.OO. indica que es necesario que todos los miembros de los equipos reciban la formación necesaria para la labor que desempeñan con el fin de garantizar la conservación de aquellos documentos que tienen un valor histórico por su relevancia como son las denuncias y los testificales de los casos judiciales en el franquismo y en la transición que ayudan a describir estas épocas con gran precisión.
Denuncian la existencia de graves irregularidades y anomalías en materia de prevención de riesgos laborales con una especial denuncia hacia las condiciones de la salida de emergencias del edificio judicial de A Parda.
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Además, el sindicato volverá a convocar manifestaciones de protesta contra la intención por parte del Ministerio que dirige Ruiz Gallardón de privatizar el Registro Civil. Según los representantes sindicales, el Gobierno intentará volver a poner en marcha esta medida que fue bloqueada en 2013. Indican que conllevaría la pérdida de más de 240 puestos de trabajo en Galicia y el alejamiento del servicio público de los ciudadanos. Aseguran que si no se impide, los ciudadanos tendrán que pagar todas las certificaciones que se expidan por fe de vida, matrimonio, adopción, defunción o nacimiento, entre otras.
Publicado o 19/02/2014 en www.pontevedraviva.com
Enlace permanente: pica aquí