Definitivamente, Alberto Ruiz-Gallardón
es el Atila dispuesto a reducir a cenizas los restos de la maltratada
Justicia española. Con la gran parte de la carrera judicial en contra,
el actual titular del departamento ha decidido comprar con dinero
público la voluntad o el silencio de quienes, en el Tribunal Supremo
(TS) y en las Fiscalías Especiales, forman la elite de jueces y
fiscales. Si no es la definitiva rendición del poder Judicial al
Ejecutivo, lo parece. Al grano: con la firma del secretario de Estado Fernando Román,
el Ministerio de Justicia aprobó a mediados del diciembre pasado un
borrador de Decreto Ley por el que se regulan las sustituciones de la
carrera fiscal, del que hasta ahora nadie se ha hecho eco. El punto
culminante del proyecto es el que se refiere a los denominados Fiscales
Eméritos, aquellos fiscales del Supremo a punto de cumplir la edad de
jubilación, establecida en los 70 años, que a partir de ahora podrán
reengancharse a voluntad hasta los 75, con un sueldo neto de 6.000 euros
al mes a cargo del contribuyente, secretaria particular y trabajo cero o
próximo a cero. El señor ministro quiere que la elite fiscal coma de su
mano, a cambio de pasar por las horcas caudinas de espectáculos como el
protagonizado por la Fiscalía con la infanta Cristina de Borbón.
Al otro lado de la empalizada del Poder, los miles de jueces y
fiscales que en las trincheras de un juzgado de pueblo se dejan la vida
por nuestra seguridad haciendo cumplir la ley, malviven abrumados por
una carga de trabajo insoportable, sin medios materiales, sin concursos,
sin jueces sustitutos, dejándose la vida a pedazos cada día. La Ley de
Reforma del Poder Judicial del año 2004 estableció un mecanismo por el
que, para poder aprovechar la experiencia de los jueces de mayor edad
del TS y siempre que lo exigieran las necesidades del servicio, se
pudiera prorrogar a los mejores (“Magistrados eméritos”) por un año
natural una vez cumplida la edad de jubilación, mediante evaluaciones
que volvían a repetirse al finalizar el ejercicio. Pero el sistema se
pervierte, como casi todo en España que tiene que ver con el usufructo
del Poder, de forma que a finales de 2012, ya con Gallardón al mando de
la cosa, termina por convertirse en un derecho adquirido de todos los
jueces del Supremo al cumplir la edad de jubilación. Como es obvio,
nadie renuncia, ningún magistrado se va a su casa, no importa su estado
físico o mental, todos quieren seguir disfrutando de la canonjía de unos
ingresos de 6.000 euros mensuales frente a los 1.800 de la jubilación y
ello prácticamente por no hacer nada.
Con el caso de la Infanta, Gallardón está ofreciendo todo un recital de utilización torticera de la Justicia con fines privados
A consecuencia de lo cual, en el TS está ocurriendo lo que era de
prever. La Sala Segunda, por ejemplo, constituida por un presidente y 32
magistrados, cuenta ahora mismo con 38 magistrados, porque la plaza del
que “oficialmente” se jubila hay que cubrirla por ley, pero el jubilado
no se va a casa, se queda, con lo que la plantilla –en todas las Salas
hay magistrados “eméritos”- ha empezado a incrementarse de forma
llamativa en esta época de teóricos recortes para todos. Pues bien, lo
que desde diciembre de 2012 era una prebenda para los jueces del
Supremo, va a serlo también ahora para los fiscales del Supremo, en
particular para los fiscales de Sala y para los jefes de las llamadas
Fiscalías Especiales (esas a menudo pintorescas Fiscalías que se inventó
Cándido Conde-Pumpido -Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Delitos Informáticos, Extranjería, Medio Ambiente…-, algunas muy al gusto del superpolicía
de Hollywood, tan alejado de la función primigenia que nuestro Derecho
confiere al fiscal como representante de Ministerio Público en un
proceso penal), en suma, para la cúpula de la carrera fiscal, a menudo
formada por quienes han mostrado suficiente afinidad ideológica con
Cándido, antes, y con Eduardo Torres-Dulce, ahora.
¿Qué hace Torres-Dulce cuando llega al cargo? “Yo pensé que iba a
cambiar de arriba abajo esta situación”, asegura un fiscal del TS
avergonzado con lo que está ocurriendo, “porque él se había mostrado
ácidamente crítico con los métodos de Cándido para apacentar a jueces y
fiscales del Supremo. Al menos es lo que nos decía a los amigos cada vez
que surgía el tema. Pues bien, ha hecho justo lo contrario de lo que
decía o, dicho de otro modo, ha consolidado la obra de Cándido. Ha hecho
más: se ha dedicado a promover a no pocos de los protegidos de Cándido,
a gente de izquierdas (caso de la exportavoz del CGPJ Gabriela Bravo).
Estos favores no son gratuitos. Eduardo aspira a convertirse en
magistrado del Constitucional, y para eso necesita el visto bueno o el
respaldo del PSOE, razón de más para que la gente que le ha acompañado
en la travesía de la vida esté que trina con él…”
Un apaño en toda regla
“Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, una vez jubilados y a
propuesta del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, serán
designados por el Gobierno Fiscales de Sala Eméritos en el Tribunal
Supremo”, dice el Artículo 10, Capítulo II, Título III del proyecto (…)
“El procedimiento se iniciará a solicitud del interesado” (…) “Y de
acuerdo con las necesidades de refuerzo en la Fiscalía del Tribunal
Supremo” (…) “Los Fiscales de Sala Eméritos en el Tribunal Supremo
tomarán posesión ante el Fiscal General del Estado una vez hecho el
nombramiento por el Gobierno” (…) “Los nombramientos se publicarán en el
Boletín Oficial del Estado”. Un apaño en toda regla. Lo más llamativo
del caso es que, para los Fiscales de Sala, esa prórroga de actividad
hasta los 75 años no precisa de la existencia de necesidades del
servicio; es un premio que se concede de forma automática por ser vos
quien sois y aunque sus supuestos servicios al Ministerio Público no
sean necesarios. Ni siquiera se exige una evaluación anual de las
capacidades intelectuales de los agraciados, que a esa edad y en algunos
casos tal vez pudieran empezar a verse mermadas.
El proyecto también prorroga la vida activa del resto de Fiscales del
Supremo (aunque no tengan categoría de Fiscales de Sala) y de las
Fiscalías Especiales, aunque, en estos casos al menos, se trata de
cubrir las apariencias supeditando la concesión de la prórroga a las
necesidades del servicio, unas “necesidades” que se suelen encubrir bajo
la socorrida fórmula de las labores de “coordinación”, “unificación de
criterios”, “impartición de instrucciones generales”, etcétera. La dura
realidad es que las necesidades del Ministerio Fiscal no están en el TS,
ni en el Constitucional (TC), ni en las Fiscalías Especiales
(auténticos camelos inoperantes en su mayor parte). Las necesidades
están en las Audiencias Provinciales, en las Fiscalías de Área y en las
Secciones Territoriales, esas “trincheras” donde miles de jueces y
fiscales tratan diariamente de hacer cumplir la ley, llevándose con
frecuencia trabajo a casa, con escasos medios y sin ningún protagonismo
mediático.
El poder político vuelve a blindarse, a taponar la posibilidad de que los escándalos de corrupción lleguen a buen puerto
El favor de Gallardón a la elite de jueces y fiscales constituye una
obscena visión aristocrática de un Cuerpo del Estado, que de esta forma
blinda sus privilegios en la consideración de que las jubilaciones a su
debido tiempo –las que corresponden a todo hijo de vecino-, son cosa de
“obreros” sin cualificación. Hace un par de semanas, más de 200 fiscales
hacían pública una carta dirigida a Torres-Dulce, en la que
manifestaban su malestar por la falta de medios para investigar los
casos de corrupción y por el exceso de carga de trabajo tras los
recortes que han sufrido. El poder político no hace sino blindarse una
vez más, taponar la posibilidad de que los escándalos de corrupción que
le afectan lleguen a buen puerto, en el convencimiento de que,
traspasada la primera instancia, los asuntos terminarán por encallar
definitivamente en el TS. El caso Bárcenas, por ejemplo. El Consejo de Ministros del viernes, a propuesta de Gallardón y Torres-Dulce, renovó a Antonio Salinas
como fiscal jefe Anticorrupción. Nadie duda de que Salinas, 65 años,
que lleva ya una década en el puesto, acabará su carrera como Fiscal
Emérito dentro de otros 10, tras haber rendido múltiples servicios al
Poder político.
La Infanta y los juegos de poder de Gallardón
Con el caso de la Infanta Cristina, Gallardón está ofreciendo todo un
recital en lo que a utilización torticera de la Justicia con fines
privados se refiere. El escándalo del yerno del Rey ha dado oportunidad a
don Alberto de volver a poner los pies en Palacio y restablecer la
relación con la familia real, muy deteriorada después de su affaire con María Zurita. “Esto lo resuelvo yo”. La aparición en escena de jueces como José Castro,
un hombre honrado que aspira a llegar a la edad de jubilación con su
honor intacto, ha truncado de momento esos planes, pero su ambición
sigue intacta: la pieza de la Infanta no se le puede escapar, porque en
su imaginario ese es un peldaño fundamental para alcanzar un día la
Presidencia del Gobierno, con el eficaz apoyo de Juan Carlos I.
Un elemento más, en suma, del imparable proceso de degradación de la
Justicia española, que con Gallardón ha perdido los restos de esa
independencia que la propia Constitución del 78 le garantizaba, y que
camina, con la ayuda de su amigo Torres-Dulce, y del nuevo presidente
del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes –brazo ejecutor
de Gallardón en el desmantelamiento del Consejo- hacia su definitivo
sometimiento a los dictados del Ejecutivo, eso sí, con dinero público de
por medio.
Publicado o 26/01/2014 en www.vozpopuli.com
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