La frenética hora cero del Alvia


7 oct. 2013


  • La policía realizó 61 diligencias durante cuatro días por orden del juez
  • El magistrado estuvo 36 horas seguidas sin dormir
En medio del caos que es la curva de Angrois a las 23 horas del 24 de julio, un funcionario escribe a boli las primeras líneas de un sumario que hoy acumula miles de folios para tratar de esclarecer la peor tragedia que se recuerda en los ferrocarriles españoles. El funcionario que toma notas a mano está a las órdenes del juez de instrucción número 3 de Santiago, Luis Alaez, que en el final de una apacible guardia en vísperas del día grande de Galicia ha recibido una grave alerta de la policía judicial. Un tren descarriló a las afueras. El primer balance, el que hacen los agentes nada más llegar, apunta seis víctimas mortales. A la media hora los policías hablan ya de 20 fallecidos. “O más…”.

Cuando está sobre el terreno, Aláez monta dos equipos: uno lo encabeza él mismo, el otro lo dirige su compañero José Antonio Vázquez Taín, que se ha ofrecido a ayudar. Cada uno de ellos lo integra además un secretario judicial y varios forenses. La caligrafía perfecta del informe detalla a las 23:35 horas “la inspección ocular de seis cuerpos, los cuales se hallan fuera del vagón que se encuentra en la ladera superior. Se procede al levantamiento del primer cadáver. Corresponde a un hombre de mediana edad que porta un documento del ministerio de defensa”. El segundo, otro varón, lleva encima 63 billetes de 50 euros, uno de 20, uno de diez y uno de cinco, junto al DNI en la cartera. Los funcionarios solo apuntan las cantidades relevantes, que se van depositando en los sudarios junto a cada cuerpo. La calderilla no cuenta en las grandes catástrofes.

Las horas siguientes se parecen mucho al guión de una película de terror: cuerpos mutilados, personas que no se pueden identificar y que son fotografiadas de una en una… Y restos que no se sabe a quién corresponden que deberá analizar al Instituto de Medicina Legal. A las 00:45 horas el levantamiento de cuerpos parece listo. Ni siquiera está claro el balance exacto, aunque las dos comisiones han ido ordenándolo todo minuciosamente. Un apunte provisional alude a la víctima número 73 pero es pronto y pueden ser más (finalmente, fueron 79, después de un ligero baile de cifras originado precisamente por el estado de algunos cuerpos).

Diez minutos más tarde, a las 00:55 horas, la secretaria judicial recibe por correo electrónico de un secretario de Estado de Fomento un documento crucial: el archivo electrónico grabado en el centro de control de Adif con la conversación entre el maquinista y personal de Renfe justo después del choque. El conductor del tren, Francisco José Garzón (imputado hoy por 79 homicidios por imprudencia) cuenta entre lamentos que circulaba a 190 kilómetros por hora en una zona limitada a 80. La frase la replican pronto todos los medios de comunicación.

Dos horas antes, a las diez de la noche, el juez ya había ordenado realizar análisis de sangre al maquinista (hospitalizado con un neumotórax y varias costillas rotas) por si se pudieran detectar sustancias tóxicas en su organismo. La instrucción es verbal, como casi todo durante esa madrugada en el lugar de la catástrofe. Ya habrá tiempo para redactar los autos y centrarse en la burocracia. Alguien en su equipo pregunta si hay algún lugar con cámaras de frío adonde llevar los cuerpos. La respuesta de la Xunta pide que se trasladen al pabellón Multiusos do Sar. Bomberos, médicos y agentes de protección civil siguen mezclados con el personal de las funerarias y vecinos voluntarios en un escenario dantesco que preside la chatarra de los vagones destrozados.

A las 3:45 se extrae la caja negra situada en la cabina delantera y media hora después la de la segunda locomotora. De su custodia se ocupa la policía judicial que anota del número de serie y las fotografía. La comitiva judicial se traslada al pabellón que acoge los féretros para intercambiar opiniones con los forenses que siguen trabajando a destajo. Surgen dudas sobres cómo repatriar cadáveres y múltiples complicaciones administrativas que se resuelven sobre la marcha.

Llega la mañana del 25 de julio, festivo de luto oficial, y Alaez junto a sus funcionarios redactan, ya con un ordenador delante, la apertura de las diligencias previas. En la primera hoja figura: “HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA”. Las mayúsculas subrayan la primera tesis de los investigadores. Los siguientes folios oficializan las actuaciones de la madrugada. El instructor pide a la policía tomar declaración a los primeros agentes que llegaron a Angrois, a heridos leves, vecinos, al jefe de estación de Santiago, a toda la tripulación del Alvia y a cualquiera que tenga alguna pista sobre lo que sucedió en la curva.

A las siete de la tarde, dos policías se presentan en la habitación 301 del Hospital Clínico a leerle al maquinista sus derechos. Pasa a estar detenido: los agentes lo consideran sospechoso de múltiples homicidios por imprudencia, tantos como víctimas mortales. Se llevan su teléfono móvil y una tarjeta prepago. No han transcurrido 24 horas desde el siniestro y por registro empiezan a llegar las primeras solicitudes para personarse en el caso. La aseguradora que debe correr con las indemnizaciones como titular de la póliza obligatoria de viajeros pide ser parte en el procedimiento.

En las vías el trabajo continúa. La policía rastrea los vagones en busca del otro teléfono móvil del maquinista, que no aparece. En comisaría empiezan los interrogatorios mientras algún cargo intermedio de Renfe se hace de rogar.

En el edificio Cersia, que arropa a los familiares, varios allegados se impacientan y exigen poder llevarse sus cadáveres tras el infierno que han sido las horas de espera. La policía judicial hace inventario de objetos en los vagones. Un listado manuscrito de diez folios por las dos caras incluye 73 bultos. Hay ordenadores portátiles, mochilas, bolsos de mano y hasta bicicletas. Muchos aparecen identificados pero en otros casos hay que acudir a facturas o recibos de la luz que estaban dentro de los equipajes para señalar a sus dueños. A las 3 de la madrugada del 26 de julio, tras más de 36 horas en pie, el juez Alaez se retira a descansar.



La mañana siguiente el juzgado se convierte en una máquina expendedora de autos. Manda oficios a Movistar y a Vodafone para que faciliten el tráfico de llamadas de los dos teléfonos del maquinista para comprobar si usó el móvil mientras conducía la locomotora (como finalmente se comprobó). A Renfe y Adif para que detallen la historia profesional de Garzón —incluidos cursos, resultados de pruebas físicas y su jornada laboral del 24 de julio— así como la grabación de las conversaciones entre la cabina y el control durante el último trayecto, las pruebas de mantenimiento de la vía… El juez solicita información exacta sobre el trazado entre Ourense y Santiago, el que recorrió el Alvia antes de estrellarse contra el hormigón que sujeta la curva de Angrois. Policías graban desde la cabina de un tren (con autorización de Renfe) el recorrido sin que hayan comenzado las tareas de reconstrucción de las vías. A mediodía, coincidiendo con la rueda de prensa que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está ofreciendo en la comisaría sobre las novedades del accidente, la policía traslada al maquinista (que ya ha recibido el alta hospitalaria) al calabozo de ese mismo edificio.

El día 28, cuatro después del accidente, el atestado policial incluye 61 diligencias, entre ellas declaraciones de vecinos, personal de Renfe, el revisor del Alvia, las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad del siniestro, el DVD con el estado de las vías, la lista completa con los 78 fallecidos (que había en aquel momento) y un prolijo informe con datos técnicos sobre los sistemas de seguridad ASFA y ERMTS. También consta la negativa a prestar declaración ante la policía del principal acusado, Francisco José Garzón. El juez le ha citado para el día siguiente.

Publicado o 06/10/2013 en www.elpais.com

Enlace permanente: pica aquí