BNG y PSOE advierten de que concentrar estos órganos en las capitales provinciales aleja la Justicia del ciudadano - Los nacionalistas proponen que se transfieran a las comunidades las competencias sobre las demarcaciones
El Gobierno volvió a dejar ayer en el aire la continuidad del partido judicial de Vigo, a pesar de que corre ya el mes de octubre, en el que Alberto Ruiz Gallardón garantizó que se presentaría el proyecto de reforma de la Ley de Demarcación y Planta. No fue el ministro el que ayer respondió en la Cámara Baja a la oposición, que rechaza en bloque los planes del Ejecutivo para concentrar estos órganos en las capitales de provincia, sin admitir excepciones. Se encargó de ello el portavoz de Justicia del Grupo popular, José Miguel Castillo, que defendió la implantación de un modelo "flexible" y reiteró una vez más que no se reducirá la planta judicial ni se suprimirán sedes. Sin embargo, eludió esclarecer el futuro que correrán las actuales demarcaciones.
Los colectivos de jueces, fiscales, procuradores y abogados, así como las fuerzas políticas de la ciudad, han manifestado su rotunda oposición a esta propuesta -recogida en el informe de la comisión de expertos y colgada en la web del Ministerio de Justicia- que supondría la creación de un partido judicial uniprovincial, con la cabecera en Pontevedra, y la concentración allí de 92 de los 106 jueces. Para la sede viguesa, propone un "aprovechamiento provisional" de sus edificios. Además, según este texto, se eliminarían las Audiencias provinciales (en Vigo hay dos salas) y los recursos se desplazarían al TSXG, en A Coruña. Por otra parte, también abogan por la desaparición de los juzgados de paz.
A través de dos Proposiciones No de Ley, BNG y PSOE exigieron la retirada de esta propuesta, al considerar que supondrá un "alejamiento y encarecimiento de la Justicia para el ciudadano". En su debate, el popular Castillo señaló que el Gobierno apuesta por un modelo "flexible" que "optimice los recursos reasignando efectivos" sin "reducir la planta judicial ni suprimir sedes judiciales". Sobre los partidos judiciales solo aclaró que rechazan la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de reducirlos de 431 a 199. Presentó una enmienda -que fue rechazada por no incluir la retirada del informe de expertos- en la que instaba a tener en cuenta "las especifidades geográficas, sociales y económicas propias de las diferentes comunidades" en la elaboración de la reforma.
La parlamentaria del BNG Olaia Fernández destacó que "en Galicia es evidente que el camino no es la reducción de juzgados", sino que se precisan más. Subrayó el "auténtico caos" que se ocasionaría al privar a "ciudades del tamaño y características de Vigo, Ferrol o Santiago" de su propia demarcación y destacó la movilización de todos los profesionales de la Justicia en la ciudad olívica ante una reforma "que a todas luces es injusta". Reprueba que el Gobierno "se empeñe en reforzar las provincias, cuando es una realidad superada por los cambios demográficos" y sostiene que el nuevo modelo "refuerza el monopolio del Estado". Por ello, solicita que se transfiera la competencia sobre las demarcaciones a las comunidades autónomas.
El socialista Gabriel Echávarri opina que esta reforma va en la línea del resto de las emprendidas por Gallardón caracterizadas por el "desmantelamiento" y la falta de consenso. Alertó de que "están en riesgo de desaparición" 379 de los 431 partidos judiciales actuales. Considera que esta centralización pone en riesgo la garantía de la tutela judicial efectiva y añade: "¿Pero qué cabe esperar de un ministro que defiende que las tasas judiciales facilitan el acceso a la Justicia?"
Publicado o 17/10/2013 en www.farodevigo.es
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