CCOO considera inaceptable y rechaza la Instrucción sobre desplazamientos que ha remitido el Ministerio


23 oct. 2013


Hemos vuelto a remitir escrito al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia solicitando de nuevo (que adjuntamos también), y para que de inmediato, se retire la Instrucción sobre desplazamientos del personal de la Administración de Justicia, por constituir una decisión que atenta contra los derechos del personal de la Administración de Justicia.

La falta de respuesta en estos casi 20 días desde la primera carta que remitimos desde CCOO, no es tolerable. Y ante la falta de respuesta de la Dirección General:

1.- CCOO ha impulsado y promovido la firma, por todos los trabajadores y trabajadoras afectados, de una carta dirigida a los Secretarios Judiciales de los Servicios Comunes (y al resto de los órganos judiciales en los que se producen salidas por motivos profesionales), y con copia al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, señalando que los trabajadores no tienen ninguna obligación de adelantar dinero para los desplazamientos profesionales. Y que, por tanto, debe ser obligatoriamente la Administración la que se encargue de realizar las gestiones que permitan poner a disposición de los trabajadores los medios adecuados para su desplazamiento, y, en su caso, debe entregar con carácter previo al mismo el dinero para realizarlos.

2.- Mientras no se retire dicha instrucción, CCOO seguirá alentando a todos los trabajadores y trabajadoras para que no adelanten dinero a la Administración para las diligencias judiciales. Y defenderá y apoyará a todos los trabajadores que de esta manera defiendan los derechos individuales y colectivos.

La oposición a esta instrucción de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia es muy importante porque significa no aceptar de ningún modo una decisión que pretende que sean los trabajadores (a los que se nos ha recortado el salario dos veces y congelado cuatro en los últimos años) los que paguen por anticipado los gastos de las diligencias judiciales, mientras el Ministerio de Justicia gasta en partidas innecesarias con dinero público que son de todos los ciudadanos.