Los registros civiles en general, y los de la comarca en particular, sufren desde hace años un colapso derivado de la falta de personal. Esa situación se agrava en los meses de verano, porque todavía con menos funcionarios a causa de los períodos vacacionales, tienen una carga de trabajo mayor derivada de que muchos arousanos que viven fuera, aprovechan su regreso estival a casa para solucionar trámites que requieren de una fe de vida o una partida de nacimiento. A todo ello se suma que es la época en la que los padres necesitan certificados para matricular a sus hijos en los colegios. Todo ello provoca que en Cambados y en Vilagarcía, donde solo hay un trabajador en los meses de verano, la situación se vuelva insostenible.
A mayores surge un problema que probablemente no conozcan muchos vecinos que residen fuera y que ahora acuden a los registros civiles para solventar sus trámites; y es que sobre estos servicios pende la amenaza de cierre, provocada por la intención del Gobierno central de privatizarlos y dejar esas certificaciones en manos de notarios y registradores de la propiedad que, por supuesto, cobrarán por esa tramitación. Haciendo un cálculo sobre lo que esos organismos privados podrían cobrar por arancel, resulta que a los arousanos, la pérdida de un servicio que hasta ahora era gratuito, les puede suponer un desembolso anual de unos 700.000 euros.
Y hay que tener en cuenta que buena parte de esos trámites son de obligado cumplimiento. Nacimientos y defunciones, por ejemplo, tienen que quedar necesariamente registrados. Hacerlo ahora es gratis; en el futuro dejará de serlo si sale adelante el anteproyecto de reforma integral del registro civil. Contra esa intención del Gobierno central luchan funcionarios y sindicatos a través de una campaña que pretende llegar a los ciudadanos con las movilizaciones emprendidas este invierno y que se acompaña de una recogida de firmas tanto presencial como a través de Internet.
Mercedes Vázquez, delegada de CC.OO. en Xustiza, anima a los ciudadanos a manifestar su rechazo a través de la web ccooxustiza.com, donde se puede firmar en contra de la privatización de los registros civiles.
A su entender, se trata de «un regalo a la carta a los registradores de la propiedad». Un beneficio para ellos y un prejuicio para los ciudadanos y para los 200 funcionarios que se verán afectados en Galicia. «Cada vez que una persona tenga que hacer un registro deberá pagar entre 10 y 40 euros, dependiendo del trámite. Ellos no mueven un papel por un euro».
Órganos provinciales
De consumarse la privatización, se crearán registros provinciales en manos de registradores y notarios. O sea, que además de pagar las tasas, los vecinos de O Salnés tendrán que trasladarse a Pontevedra para hacer esos trámites, «o pagarle a una gestoría para que los haga», puntualiza Mercedes Vázquez, que si bien se pronuncia como delegada de CC.OO., es también la presidenta de la junta de personal de la provincia.
Para dejar claro cómo quedaría la situación, recuerda que la privatización de los registros civiles supondría, por una parte, que el servicio dejaría de ser gratuito, pero también una indefensión jurídica que ataca a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y arramplar con el concepto de Justicia próxima al ciudadano.
O prexudicado, o cidadán
Ante a pretendida privatización do rexistro civil polo ministro Gallardón, e a súa posta a disposición dos colegas de profesión de Mariano Rajoy, rexistradores da propiedade e notarios, amosamos a nosa frontal oposición e pedimos a retirada do proxecto, xa que supón unha volta de torca á dilapidación de recursos públicos. No rexistro civil foron investidos 128 millóns nos últimos anos para a súa modernización e agora vai ser entregado de balde a uns profesionais que parece que hai que compensar polo estalido da burbulla inmobiliaria. O maior prexudicado é o cidadán, que terá que asumir un repago xudicial, vía impostos e, agora, vía aranceis, en trámites cotiás que antes eran gratuítos -certificados de nacemento, defunción, matrimonio, adopción, fes de vida...-, amén de desprazamentos gravosos, por non haber rexistradores en todas as vilas e cidades. Por outra banda, ao saír da órbita pública, o rexistro perde a súa faceta garantista, a seguridade xurídica: non estará en arquivos oficiais, nin baixo a tutela e garantía da Administración. A nivel laboral, deixa cun destino incerto a máis de 3.500 funcionarios de Xustiza a nivel nacional, 200 na comunidade galega, planeando no futuro dos funcionarios reordenacións, mobilidades xeográficas ou amortizacións de cadro de persoal, formulismos legais para equiparar os EREs do sector privado á función pública.
Publicado o 21/07/2013 en www.lavozdegalicia.es
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