Las decisiones de Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia
Ricardo V. Montoto
No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que Gallardón es un genio, uno de esos tipos que allá donde caigan dejan impronta, su huella indeleble. Desde que lo nombraron Ministro de Justicia está como loco, acelerado y con unas ganas incontenibles de hacer historia. Y, como todos los genios, sus razonamientos están fuera del alcance de las inteligencias medias. Para resolver el problema de la saturación de la administración de justicia -situación que no es general, sino que se localiza en determinados puntos-, en vez de promover una legislación procesal más ágil y la adecuación de medios a los tiempos que corren, el portentoso Ministro optó por la implantación de las tasas judiciales, gracias a las cuales se alivia la litigiosidad al hacerla inasequible económicamente. Es posible que tengas razón, o no, pero como no estás en disposición de depositar una pasta gansa para que un juez decida, te quedas sin ella y tan panchos. Qué solución tan fabulosa.
Ahora, además de marear de nuevo con el aborto, parece decidido a cortar de raíz la fea dinámica de los juicios de telediario, esto de que se conozca en tiempo real lo que está sucediendo dentro de un juzgado, si se presenta un correo electrónico como prueba, si se declara ante el juez, si se testifica y qué se testifica. Para ello, qué mejor medida que prohibir a los medios de comunicación la difusión de esos contenidos, supuestamente reservados. Las mentes torpes podrían entender que la norma debería ir encaminada a garantizar que en las actuaciones judiciales se observe la debida discreción, cuando no confidencialidad. Porque lo que no es normal es que se sepa con pelos y señales lo que declara Urdangarín, el contenido de textos personales, las preguntas exactas hechas por el fiscal y hasta los gestos y posturas del imputado. Los tontos pensaríamos que este exceso de publicidad de las investigaciones no es responsabilidad de los medios de comunicación sino de aquellos que filtran, que dejan escapar del juzgado esa información. Sin embargo, Gallardón, en otro alarde de clarividencia, entiende que la obligación de secreto incumbe al que repite los datos transmitidos por quienes deberían mantener la boca cerrada. Es la solución inversa, sólo entendible por las mentes privilegiadas.
Publicado o 04/06/2013 en www.lne.com
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