A los jueces de la ciudad les llegaron en marzo dos casos de falsas agresiones sexuales para eludir una expulsión e ir al trabajo
Una recompensa de 500 euros por fingir una violación, evitar una expulsión del país por ser víctima de una agresión sexual o simplemente tener un excusa suficientemente dramática para justificar una ausencia del trabajo son algunas de los motivos que están detrás de las últimas denuncias falsas que tienen los juzgados de la ciudad sobre la mesa.
A finales de mayo, el Juzgado de lo Penal 2 verá el caso de un trabajador de una autoescuela que acusa a dos exsocios de contratar a una supuesta alumna para que denunciara un abuso sexual (tocamientos) en plena clase práctica.
Hace sólo 15 días que ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 comparecía en calidad de imputada Vera R., una mujer de nacionalidad rusa sobre la que pesaba una orden de expulsión del país. Pero, para asegurar su estancia en España, optó por convertirse en víctima de una agresión sexual, llegando a introducir raíces y piñas en su vagina.
DOBLE VIOLACIÓN
Pero no es el único órgano judicial con casos basados en falacias por parte de las presuntas víctimas. El Juzgado de Instrucción 2 acaba de hacerse cargo de otra acusación falsa contra una mujer que el pasado año había denunciado ser víctima de una doble violación por parte de dos individuos que, según su versión, le salieron al camino cuando iba a trabajar en una casa particular de Punxín. Según parece, sólo buscaba tener un excusa para trasladarse a Xinzo para otra entrevista de trabajo.
En estos últimos años, los juzgados de la provincia son testigo directo del incremento de procedimientos penales que se revuelven contra personas que en su día declararon ser víctimas de un delito. Así, desde 2009, llegaron a triplicarse, según los datos que maneja la Fiscalía, pasando de los 11 diligencias por denuncias falsas en 2009 a las 30 con las que se cerró 2012.
Sin olvidar, los asuntos relativos a simulaciones de delitos (otra de las infracciones penales contra la Administración de Justicia), que también han aumentado debido a la crisis. Según comenta fuentes de la Comisaría, los periodos con altas tasas de desempleo favorecen la irrupción de prácticas basas en la picaresca para intentar engañar a las compañías de seguros, falseando o bien exagerando denuncias por robos, atracos u accidentes de tráfico.
El pasado año, por ejemplo, tramitaron ocho denuncias de esas características en la Policía Nacional (seis en 2011).
Tantos las fuerzas de seguridad como los jueces que se encargan de la instrucción penal son especialmente críticos con estas prácticas por los gastos innecesarios y cuantiosos que generan investigaciones basadas en relatos mendaces. Sin olvidar, la inversión en horas de trabajo. Aunque las denuncias falsas están escasamente penadas por el Código Penal -multas de seis a doce meses-, su tramitación detrae agentes que podrían estar realizando otros cometidos, máxime en tiempos 'en los que los recursos son cada vez más limitados', recalcan desde la Policía Nacional.
Publicado o 29/04/2013 en www.laregion.es
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