CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia también privatiza la tramitación de la nacionalidad


1 abr. 2013


Madrid, 1 de abril de 2013




Los medios de comunicación se van haciendo eco de las reformas previstas en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, en virtud del cual se pretende la privatización del Registro Civil que sería asumido, si entre todos no conseguimos pararlo, por los Registradores de la Propiedad, que convertirán un servicio público esencial en su negocio privado. Anteproyecto que, tal y como afirma el propio Presidente del Colegio de Registradores, han estado negociando durante tres meses dicho Colegio con el de Notarios, lo que demuestra una vez más que el Anteproyecto únicamente busca favorecer a dicho colectivo, al que pertenece el Sr. Presidente del Gobierno y parte de su familia y la de Gallardón, y que en España la iniciativa legislativa ya no está en las Cortes Generales o en el Gobierno, sino en un grupo de presión privilegiado, lo que convierte el Anteproyecto en antidemocrático y antisistema.

Esta semana ha tocado el turno a la tramitación de la nacionalidad. Junto al anuncio de que los extranjeros que quieran nacionalizarse españoles tendrán que aprobar un examen, que al parecer se convocará dos o tres veces al año, para acreditar su grado de conocimiento de cultura, historia e idioma español al igual que se hace en otros países, de tapadillo se anuncia que en el mismo borrador se recoge también un nuevo procedimiento de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia con intervención del notario, un procedimiento que incluye "cambios profundos" a la vista de las "disfunciones" causadas por la anterior regulación y que llevó a "retrasos incompatibles con el normal funcionamiento de los servicios públicos", según consta en la exposición de motivos. De este modo, la acreditación de los requisitos para la obtención de la nacionalidad se hará mediante un acta notarial, en la que el notario dará fe de haberse presentado correctamente todos los documentos y acreditados los requisitos. La nacionalidad española se concederá por el Ministerio de Justicia, previo expediente tramitado por la Oficina del Registro Civil competente, a cargo de un registrador de la propiedad.

Vayamos por partes: las disfunciones del actual sistema y el retraso incompatible con el normal funcionamiento de los servicios públicos son culpa principalmente del Ministerio de Justicia y además de las Comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia. En el anteproyecto parece como si la actual situación de la tramitación de los expedientes de nacionalidad no tuviera nada que ver con el Ministerio de Justicia, cuando es al contrario. Los datos: en el año 2002 había en España 1.977.000 ciudadanos extranjeros, y en el año 2012 5.711.000, aumento de población extranjera que supone un incremento significativo de la carga de trabajo en cuestiones como expedientes de nacionalidad, expedientes de matrimonio e inscripciones de nacimiento principalmente; durante estos años las plantillas de los Registros civiles principales apenas se han aumentado, mientras que su trabajo prácticamente se ha duplicado. En el año 2013 seguimos sin un programa de gestión procesal para la tramitación de los expedientes de Registro Civil, común para toda España, por lo que cada registro sigue tirando de los formularios hechos por ellos mismos, o por las adaptaciones de los sistemas de gestión procesal al registro civil que han hecho algunas comunidades autónomas. En alguna ciudad como Zaragoza, para evitar las largas colas de extranjeros pidiendo una cita previa para tramitar su expediente de nacionalidad, se ha implementado por la administración un sistema de cita previa electrónica que pervierte todavía más el sistema, al ser limitado el número de citas que ofrece y sólo estar operativo unos pocos minutos a la semana por lo que la obtención de dicha cita previa se convierte en un negocio para quienes las acaparan, además de la imposibilidad material para muchos extranjeros de conseguir una cita para tramitar su expediente de nacionalidad. El Ministerio de Justicia es quien tiene que resolver los expedientes de nacionalidad, y allí es donde año tras año se han ido atascando los expedientes de nacionalidad, hasta que en el primer semestre del año 2012 y sin causa justificada alguna el Ministerio de Justicia resolvió un 65 % de expedientes menos que en el semestre anterior, lo que dio pie a que su máximo responsable, el Sr. Director General de los Registros y del Notariado, a la sazón también Registrador de la Propiedad, propusiese a su colectivo para desatascar el trabajo del Ministerio, y de paso lanzar su propuesta de quedarse con todo el Registro Civil.

El Ministerio de Justicia, culpable y máximo responsable de este desaguisado, ofrece como solución a este problema la privatización del expediente de nacionalidad y que sean los Notarios quienes lo realicen, repartiendo el pastel de la nacionalidad entre Registradores y Notarios y pasando de la tramitación gratuita de los expedientes de nacionalidad al pago por realizar muchos de sus trámites. Dirán los del Ministerio que esto no es una privatización, porque los Notarios tienen la condición de  funcionarios públicos (como los Registradores de la Propiedad), aunque nadie vea como funcionarios públicos a quienes hacen de una función pública su negocio particular.

¿Cómo prevé el Anteproyecto negociado por los Registradores con los Notarios que se tramite el expediente de nacionalidad? El proceso se iniciaría con un modelo normalizado disponible en la Sede Electrónica de los Registradores de la Propiedad (posible pago). La acreditación de los requisitos exigidos para la obtención de la nacionalidad española y la presentación de los documentos exigidos, entre ellos la superación del examen antes mencionado, se hará mediante un acta notarial (pago seguro al Notario por esta tramitación ). Dicha acta, una vez finalizada su tramitación, se remitirá telemáticamente a la Oficina del Registro competente, que completará la instrucción del procedimiento (posible pago) solicitando preceptivamente informes de los órganos correspondientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Presidencia; una vez completado el expediente, el Registrador de la Propiedad encargado del Registro Civil emitirá, en el plazo máximo de quince días, informe fundamentado proponiendo la concesión o denegación de la nacionalidad española por residencia. Dicho informe se elevará, junto con el expediente, al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. A la vista de dicho informe, la Dirección General de los Registros y del Notariado elaborará la correspondiente propuesta de concesión o denegación de la nacionalidad española para su elevación al Ministro de Justicia, quien resolverá, lo que se comunicará al Registrador de la Propiedad que tramitó el expediente, para su notificación al interesado (posible pago).

Si la resolución es positiva, habrá que levantar acta de juramento (por el Registrador de la propiedad del domicilio del solicitante, a pagar) e inscribir el nacimiento de la persona, si no nació en España, y en todo caso la adquisición de la nacionalidad española (a pagar otra vez)

Si la adquisición es por opción de nacionalidad, la declaración se hará ante notario (a pagar) el cual remitirá el acta al Registro que resulte competente para su calificación e inscripción de nacimiento y adquisición de nacionalidad (a pagar de nuevo).
En resumen: el Ministerio de Justicia pretende arreglar las disfunciones provocadas por el mismo en las tramitaciones y resoluciones de los expedientes de nacionalidad privatizando su tramitación, aumentando los trámites para su concesión y obligando a los ciudadanos extranjeros al pago por muchos de estos trámites. De esta forma transforma “los retrasos incompatibles con el normal funcionamiento de los servicios públicos”, hasta ahora gratuito,  en “los pagos y burocracia incompatibles con el normal ejercicio del derecho fundamental de acceso a una nacionalidad”. Muchos extranjeros no podrán pagar al Notario y al Registrador correspondiente, y por tanto no podrán ser españoles, pese a cumplir todos los requisitos. Sr. Ruiz Gallardón: el bombero torero lo haría mejor que usted.

Podéis ver la hoja informativa en este enlace.

¡¡¡DETENGAMOS LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL!!!

¡¡¡POR UN SERVICIO PUBLICO DE REGISTRO CIVIL, SERVIDO POR PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!