CCOO acusa al Ministerio de Justicia de ocultar las graves disfuncionalidades del plan intensivo de tramitación de expedientes de nacionalidad


11 abr. 2013



Con motivo del anuncio de firma de la encomienda del Ministerio de Justicia con el Colegio de Notarios para que éstos puedan realizar las juras de nacionalidad española, el Ministerio ha colgado en su página web el estado del Plan  Intensivo de Tramitación de Expedientes de nacionalidad por residencia a 1 de abril de 2013, ofreciendo cifras sobre lo que a su juicio supone un éxito incuestionable del Plan y subliminalmente justifica que se pueda atribuir a los Registradores de la Propiedad la llevanza de todo el Registro civil, prevista en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, negociado por el propio Colegio de Registradores de la Propiedad,

El Colegio de Registradores de la Propiedad se presenta a sí mismo en sus publicaciones como el gran salvador del problema de las nacionalizaciones en España (del que hace un año ni sabían que existía), presenta cifras incuestionables sobre el número de expedientes digitalizados (es decir, escaneados), resueltos, denegados o con requerimientos para trámites, y se ofrece de forma desinteresada para hacerse cargo de todo el Registro Civil en aras de la modernidad. Para el Ministerio de Justicia todo es cuestión de números: tenía atascados 425.000 expedientes de nacionalidad en sus despachos a junio de 2012, debido al fuerte incremento de población extranjera en España durante los últimos 10 años,  la mala gestión del Ministerio que prefirió gastarse el dinero en la implantación de la fallida Nueva Oficina Judicial en vez de solucionar los problemas reales de la Administración de Justicia y la práctica paralización de la resolución de los expedientes de nacionalidad desde que Gallardón llegó al Ministerio de Justicia; hasta el 1.4.2013 los Registradores de la Propiedad han resuelto el 47,4 % de los expedientes pendientes, lo que les ha supuesto un gran alivio para los gestores del Ministerio de Justicia.

No hay duda que los miles de extranjeros ahora nacionalizados españoles que gracias al Plan Intensivo de Tramitación de Expedientes de nacionalidad por residencia han obtenido ya la nacionalidad española a la que tenían derecho, y que sin dicho plan ( y con un Ministerio de Justicia funcionando correctamente) se hubiera demorado al menos un año más, estarán sumamente agradecidos al Ministerio de Justicia y al Colegio de Registradores por la firma de la encomienda de gestión. Ni tampoco hay duda que el Plan ha conseguido agilizar la resolución de los expedientes de nacionalidad por el Ministerio de Justicia, auténtico agujero negro desde hace más de 15 años en materia registral por falta de medios personales para su resolución.

Pero no todo es tan idílico ni la gestión tan maravillosa como pintan desde el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, los cuales por cierto no tienen que tratar con ninguno de los ciudadanos extranjeros que están sufriendo las consecuencias de los problemas derivados del Plan, y frente a los cuales los funcionarios y funcionarias de los Registros civiles están dando la cara todos los días. Ya no sólo se ha incrementado sustancialmente el número de resoluciones denegatorias de concesión de la nacionalidad, sino que además, a título de ejemplo, estas son algunos de los problemas con que nos estamos encontrando los Registros Civiles como consecuencia del Plan, y frente a los cuales a sus funcionarios les toca dar la cara:

-          Solicitudes presentadas en el año 2010 sin resolver mientras que ya se han resuelto solicitudes presentadas en el año 2012.
-          Expedientes remitidos telemáticamente a Registros distintos de dónde se tramitaron, sin que se remitan al Registro civil de tramitación no obstante su requerimiento, lo que imposibilita su notificación y práctica de inscripción de nacimiento y nacionalidad
-          Certificados de nacimiento incorrectamente escaneados que impiden la inscripción de nacimiento de la persona nacionalizada española.
-          Hermanos o cónyuges que solicitaron la nacionalidad española el mismo día: a uno se la conceden, al otro le requieren documentación adicional cuando había aportado la misma que el anterior o no le contestan
-          Multitud de requerimientos para que se aporten documentos ya correctamente aportado
-          Requerimientos para que se aporten certificados inexistentes en el país de origen (certificado de movimientos migratorios)
-          Denegaciones de nacionalidad por existencia de antecedentes penales por delito cometidos hace muchos años, cuando la pena está completamente cumplida y carece de otros antecedentes.
-          Requerimientos de diligencias penales de causas muy antiguas respecto de las cuales aparece en los antecedentes policiales alguna incidencia (requerimiento de busca y personación, etc), sin que tenga el solicitante antecedentes penales.
-          Certificados de nacimiento de hijos menores de edad aportados en los expedientes y que no se devuelven para el ejercicio de opción de la opción de nacionalidad.
-          Práctica paralización de la resolución de los expedientes de nacionalidad desde mediados  de marzo.

Muchos, si no todos de estos problemas, no habrían ocurrido si en vez de ser los Registradores de la Propiedad los que revisen los expedientes de nacionalidad y hagan las propuestas de resolución al Ministerio de Justicia se hubiese realizado la encomienda a los propios Jueces Encargados que han tramitado los expedientes de nacionalidad. Hubiera bastado para ello con la devolución de los expedientes al Registro Civil de origen, poner a su disposición la aplicación informática que se está usando para la resolución de los expedientes de nacionalidad y que fuesen los Jueces Encargados, tal y como ya hacen en papel al finalizar la fase de instrucción del expediente, quienes emitiesen el documento electrónico de propuesta de resolución al Ministerio de Justicia, tal y como están haciendo los Registradores de la Propiedad. De esta forma el expediente seguiría en el Registro Civil donde se tramitó el expediente con lo que desaparecerían todos los problemas de documentación que no se devuelve, guardaríamos un riguroso orden en la resolución de los expedientes, no habría remisión de expedientes a Registros equivocados, las opciones de nacionalidad derivadas de las concesiones se harían con normalidad, se habrían ahorrado costes de formación de personal, etc.

En cuanto a los criterios para hacer la propuesta de resolución del expediente de nacionalidad, durante años los Registros Civiles hemos tenido que “adivinar” los criterios que tenía el Ministerio de Justicia para conceder o denegar las solicitudes de nacionalidad española o para requerir de nuevos trámites en dichos Expedientes. El Ministerio de Justicia no ha tenido, sin embargo, ningún problema en facilitar al Colegio de Registradores de la Propiedad una Guía de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad por Residencia, que contiene pormenorizadamente los criterios y documentación que hay que revisar (algunos erróneos) para resolver los expedientes de nacionalidad. Sin duda alguna, si el Ministerio hubiese remitido dicha Guía a los Jueces Encargados de los Registros Civiles, éstos están mucho mejor capacitados para resolver los expedientes de nacionalidad que los Registradores de la Propiedad, a cuyo personal ha habido que formar aprisa y corriendo para poder llevarse a cabo el Plan del Ministerio de Justicia. No sólo estamos más familiarizados con la documentación a presentar, sino que sobre todo es el Registro Civil dónde se realiza al ciudadano extranjero el examen sobre su integración en la sociedad española y conocimiento de idioma español.

Pero ello hubiera impedido al Colegio de Registradores de la Propiedad colgarse la medalla de la resolución del atasco de los expedientes de nacionalidad, y sobre todo, autopostularse para, en aras de la modernidad, y con tan buenos infiltrados en la Administración Central (Presidente de Gobierno, familiares de éste y del Ministro de Justicia, el Sr. Director y el Sr. Subdirector General de los Registros y del Notariado), quedarse con la llevanza del Registro Civil. Y eso, Sr. Gallardón, no será modernidad, sino un atraco en toda regla a todos los ciudadanos y ciudadanas.