El 37,6% de las decisiones de los juzgados sociales, encargados de conflictos laborales, acaban impugnadas - La comunidad gallega lidera el 'ranking' de apelaciones en lo Civil
M. VÁZQUEZ - SANTIAGO Las nuevas tasas judiciales, que entraron en vigor el pasado 17 de diciembre encareciendo entre 50 y 750 euros el acceso a la justicia y, sobre todo, a la segunda instancia, disuadirán sin duda a un buen número de ciudadanos a la hora de recurrir una sentencia con la que no estén de acuerdo. La decisión del Gobierno debería notarse especialmente en Galicia, ya que es, junto con Asturias, Cantabria y Aragón, una de las comunidades donde más fallos judiciales se recurren cada año. Así se desprende de un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sitúa a Galicia a la cabeza del ranking en cuanto a porcentaje de sentencias civiles recurridas y entre los cuatro primeros puestos en el caso de las jurisdicciones Penal y Social.
Cientos de gallegos acuden cada año a los tribunales para impugnar decisiones judiciales bien porque les perjudican o bien porque consideran que no reparan satisfactoriamente el daño causado. Pero a pesar de las esperanzas que se depositan en estos recursos, cuya tramitación se prolonga durante meses y puede llegar a duplicar la duración inicial del procedimiento, las estadísticas demuestran que las probabilidades de que prosperen son muy escasas.
Aunque los porcentajes varían ligeramente de una jurisdicción a otra, el informe del CGPJ revela que, por término medio, el 96% de las sentencias dictadas en 2011 en Galicia se confirmaron en su totalidad bien porque nadie las impugnó, bien porque el recurso fue rechazado. Dicho de otro modo: apenas cuatro de cada cien sufrieron alguna modificación respecto a su redacción inicial, un porcentaje muy similar al del resto del país.
Pero a pesar de las escasas esperanzas de que prospere su demanda y de que el recurso agrava el ya de por sí lento funcionamiento de la justicia para obtener una resolución judicial en firme, los gallegos siguen optando por esta vía; mucho más, eso sí, en unas jurisdicciones que en otras.
Jurisdicciones
Las decisiones de los juzgados de lo Social son las más contestadas ya que el 37,6% de las sentencias que dictan estos órganos son impugnadas. Este porcentaje sitúa a Galicia como la segunda comunidad en la que más probabilidades hay de que un fallo judicial relacionado con un despido o cualquier otro conflicto laboral acabe en recurso. Pero a pesar de estas cifras, las opciones de que la reclamación prospere son igual de bajas ya que el 92,9% de las sentencias sociales no se tocan. Según los datos del CGPJ solo el 13% de los recursos de suplicación presentados en 2011 ante este tipo de órganos sirvieron para revocar totalmente la sentencia, en otro 4,1% de los recursos se le dio la razón parcialmente y en un 1,8% la segunda instancia anuló el fallo inicial. Es decir, que ocho de cada diez recursos solo sirvieron para confirmar por completo la sentencia dictada en primera instancia.
En cuanto a los órganos penales, también hay una notable tendencia a recurrir sus decisiones. En el año 2011 el 21,5% de los fallos dictados por este tipo de juzgados fueron apelados en Galicia, un porcentaje solo superado por Madrid (32,3%), Cantabria (29%) y Cataluña (23,7%). El 23,3% de todos los recursos presentados fueron admitidos total o parcialmente, obligando a cambiar la redacción inicial de la sentencia.
Cuando el fallo judicial implica a un menor de edad, sin embargo, los gallegos somos los españoles que más solemos exigir que se revise la decisión adoptada en primera instancia. Así se desprende del informe del CGPJ ya que el 17,8% de los dictámenes realizados por juzgados gallegos de menores fueron recurridos, un porcentaje que duplica la media nacional (8,5%).
En los juzgados de Primera Instancia y los órganos Mixtos, que se encargan de dirimir conflictos entre particulares o entre estos y alguna entidad o empresa, Galicia vuelve a liderar el ranking nacional de sentencias impugnadas. El 19,5% de las decisiones de estos órganos acaba en recursos de apelación, un punto más que en 2011 a pesar de que también se ha producido un notable aumento de las sentencias. Y es que a la jurisdicción civil llegan (además de los delitos de tráfico sin lesionados, que desde 2008 saturan estos órganos) desahucios, hipotecas impagadas, reclamaciones de deudas y conflictos de familia, asuntos que desde el inicio de la crisis se han disparado.
En materia contenciosa (que se ocupa de los litigios entre ciudadanos y Administración) Galicia ocupa una posición mucho más discreta, el octavo lugar del ranking. Pero aun así una de cada cinco sentencias dictadas por estos órganos acaba en recurso y el 18,4% de los fallos impugnados acaba siendo revocado totalmente.
Publicado o 04/02/2013 en www.farodevigo.es
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