Las nuevas tasas recaudarán en Galicia apenas 4,5 millones


2 ene 2013


Gallardón prevé obtener con ellas 141 millones adicionales en toda España

Las nuevas tasas que gravan el acceso a los tribunales en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo representan para jueces, fiscales, secretarios, abogados, funcionarios y asociaciones de consumidores una vulneración flagrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Pero el resultado práctico de ese sacrificio y del tremendo esfuerzo que supondrá a partir de ahora para muchos ciudadanos acudir a los tribunales para defender sus derechos o sus intereses se traducirá en migajas para las arcas públicas. Especialmente en Galicia.

El Ministerio de Justicia ha calculado que, tras la entrada en vigor de los nuevos gravámenes, recaudará al año alrededor de 306 millones de euros. Y dado que en el año 2011, con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial y con el modelo de tasas anterior, fueron 165 millones (5,3 millones en Galicia), el resultado práctico de la nueva ley serán apenas 142 millones de euros.

Si se distribuye esa cantidad entre las comunidades autónomas, siguiendo la misma proporción de la recaudación del año 2011, el resultado casi sonroja: las tasas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón no recaudarán en Galicia más de 4,5 millones, es decir apenas el 3,5 % del presupuesto total de la justicia en la comunidad.

El nuevo modelo obliga a los usuarios de la justicia a pagar una cantidad fija de entre 100 y 350 euros y otra variable, del 0,5 % del montante reclamado, por la interposición de demandas ante los juzgados de lo civil y de lo contencioso-administrativo. Además, grava el recurso a instancias superiores con entre 500 y 1.200 euros en esas jurisdicciones y también en la social, donde se dirimen los pleitos sobre despidos.

Para muchos ciudadanos, esas cuantías son un verdadero impedimento a la hora de acceder a la justicia. Y no solo porque en algunos casos se llegaría a la paradoja de que perderían dinero aun cuando los jueces les dieran la razón -las tasas por recurrir una multa de 200 euros o exigir a la compañía de teléfonos por vía judicial que devuelva el importe de una factura mal computada por esa cantidad costará más que lo que se reclama-. También porque las tasas pueden dispararse hasta puntos inasumibles para muchos: el cónyuge que litigue con su expareja para reclamar una pensión de divorcio de 200 euros al mes tendrá que pagar 812. El trabajador que recurra un despido improcedente abonará 1.250 euros si los tribunales no le dan la razón hasta la última instancia. Y la víctima no responsable de un accidente de tráfico que reclame daños y perjuicios por secuelas muy graves, como una paraplejia o un daño cerebral agudo, tomando como referencia las indemnizaciones que se pagan en esos casos, tendrá que depositar casi 6.000 euros.

Abogados críticos

Con esos mimbres, el Consello da Avogacía Galega, que agrupa a los siete colegios profesionales de la comunidad y que ha sido uno de los más críticos con las nuevas tasas, calcula que muchos ciudadanos renunciarán a acudir a la justicia, con lo que los pleitos caerán en Galicia un 40 %. Y si esa estimación es cierta, dejará la previsión del Gobierno en un futurible demasiado optimista.

Podría darse la paradoja de perder dinero aun cuando los jueces dieran la razón

Los abogados creen que con las tasas los pleitos caerán en Galicia un 40 %

Publicado o 31/12/2012 en www.lavozdegalicia.es

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