El anteproyecto de ley de justicia gratuita visto en el Consejo de Ministros del viernes amplía el número de beneficiarios que podrán acogerse a ella y extiende este derecho a determinados colectivos especialmente vulnerables como son las víctimas de violencia de género, terrorismo y menores y discapacitados objeto de agresión.
El Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que sustituirá, una vez se apruebe en el Parlamento, a la vigente Ley que data del año 1996, "porque después de 17 años era absolutamente necesario adecuarla a la realidad social", ha dicho el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Esta reforma, según ha subrayado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "garantiza que los ciudadanos más desfavorecidos puedan acceder a la tutela judicial efectiva y permite que colectivos que hasta ahora no tenían este beneficio puedan acceder a él sin necesidad de acreditar la insuficiencia de medios".
Además de elevar los los niveles de renta para acceder al beneficio de la justicia gratuita, por primera vez se tendrán en cuenta las circunstancias familiares.
Así, el umbral de dos veces el salario mínimo interprofesional (14.910 euros al año) se eleva a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a 3 veces cuando los miembros de la unidad familiar sean cuatro (19.170,39 euros).
Con independencia del nivel de renta, podrán beneficiarse de la justicia gratuita en todos los procedimientos las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, los menores y discapacitados objeto de agresión, así como organizaciones sindicales, de consumidores o la Cruz Roja.
Recursos presupuestarios
Tal y como ha explicado el ministro de Justicia, "este anteproyecto contiene la regulación sustantiva de la justicia gratuita, pero los recursos presupuestarios imprescindibles para que hoy el Consejo de Ministros haya podido aprobar esta ampliación de la justicia gratuita en España nacen de la ley de tasas que fue aprobada el año pasado en el Congreso y en el Senado".
"Sin la revisión de las tasas judiciales y sin la vinculación de estas al beneficio de justicia gratuita, con los recursos presupuestarios que tenemos aprobados en el presupuesto vigente, hubiese sido imposible poner en marcha la ley que hoy ha estudiado el Consejo de Ministros", ha añadido Ruiz Gallardón.
El ministro también ha aclarado que las disposiciones de este anteproyecto "serán de aplicación general a todo tipo de procesos judiciales, es decir se incluyen además de aquellos que se tramitan en la jurisdicción ordinaria, los recursos de amparo en Tribunal Constitucional y, esto es muy importante, el asesoramiento previo al inicio del proceso en algunos supuestos".
Publicado o 14/01/2013 en www.lexdiario.com
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