CCOO presenta una propuesta sobre la Reforma de los Registros Civiles para defender el empleo público


30 ene 2013


CCOO presenta ante el Ministerio de Justicia una propuesta sobre la reforma de los Registros Civiles para la defensa del empleo en la Administración de Justicia, el Servicio Público y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

CCOO también la presentará a todos los Grupos Parlamentarios

CCOO ha presentado en la mesa de negociación a la que hemos sido convocados un extenso documento que argumenta la posición que CCOO venimos manteniendo desde hace tiempo en torno a la reforma que el Gobierno de Rajoy, a la sazón Registrador de la Propiedad, y su ministro Gallardón pretenden sobre el Registro Civil que, en definitiva, no es más que la privatización de un servicio público que el ciudadano ya paga a través de sus impuestos, que se presta con eficacia, objetividad e imparcialidad, por más de 3.000 funcionarios públicos de la Administración de Justicia, y que Gallardón pretende ponerlo en manos de los Registradores de la Propiedad (y en menor medida de los Notarios) que harán de él un (otro) suculento negocio a costa del ciudadano. 

CCOO propone la modificación de la Ley 20/2011 de Registro civil en la que se recoja expresamente que el Registro civil es un Servicio Público, financiado con fondos públicos, independiente de cualquier otro registro, servido por funcionarios públicos al servicio de la Administración de Justicia (Secretarios Judiciales, Gestores, Tramitadores y Auxilio Judicial), dependiente del Ministerio de Justicia, y que exista, al menos una oficina de registro civil en cada partido judicial, con la pervivencia de los Juzgados de Paz y del Registro Civil Central. 

La modificación que propone Gallardón en el Borrador del anteproyecto de Ley de reforma integral de los Registros, supondrá un nuevo ataque al servicio público, privatizándolo, al empleo público, con la amortización de más de 3.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia, y a los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia que se verán abocados a planes de reordenación de efectivos –incluso con cambio de localidad pues así lo permite la actual reforma de la LOPJ-ceses de personal interino, disminución de plazas en la OEP –tanto en el turno libre como promoción interna-restricción del derecho a la movilidad voluntaria a través de los concursos de traslados 

CCOO hace una propuesta seria y argumentada pero tampoco se nos puede olvidar que la modificación que propone el Gobierno de Rajoy no es ni tan siquiera ética; cualquier Gobierno debería abstenerse de adoptar medidas que favorezcan claramente los intereses del colectivo profesional al que pertenecen sus miembros. Resultaría cuanto menos ética y políticamente reprobable que un Gobierno cuyo Presidente es Registrador de la Propiedad, y cuyo Director General de los Registros y del Notariado también es Registrador de la Propiedad, adopten medidas que favorezcan claramente a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y les asegure el monopolio de toda la actividad registral en España, sufragada por los aranceles que tendremos que pagar todos los ciudadanos. 

Los grandes beneficiarios del boom inmobiliario de España acaecido entre los años 1992-2008 han sido los promotores inmobiliarios, los dueños de terrenos y los que profesionalmente participan del tráfico inmobiliario, es decir, gestorías, notarías y registradores de la propiedad, sin que los beneficios de estos últimos, funcionarios públicos conforme el artículo 277 de la Ley Hipotecaria, hayan revertido de modo directo en la Administración pública. Como consecuencia de la crisis económica los Registros de la Propiedad han sufrido una gran caída en su actividad, lo cual les ha obligado a recortar principalmente gastos de personal.

CCOO ha presentado esta misma mañana en la mesa de negociación a la que hemos sido convocados un extenso documento que argumenta la posición que CCOO venimos manteniendo desde hace tiempo en torno a la reforma que el Gobierno de Rajoy, a la sazón Registrador de la Propiedad, y su ministro Gallardón pretenden sobre el Registro Civil que, en definitiva, no es más que la privatización de un servicio público que el ciudadano ya paga a través de sus impuestos, que se presta con eficacia, objetividad e imparcialidad, por más de 3.000 funcionarios públicos de la Administración de Justicia, y que Gallardón pretende ponerlo en manos de los Registradores de la Propiedad (y en menor medida de los Notarios) que harán de él un (otro) suculento negocio a costa del ciudadano. 

CCOO propone la modificación de la Ley 20/2011 de Registro civil en la que se recoja expresamente que el Registro civil es un Servicio Público, financiado con fondos públicos, independiente de cualquier otro registro, servido por funcionarios públicos al servicio de la Administración de Justicia (Secretarios Judiciales, Gestores, Tramitadores y Auxilio Judicial), dependiente del Ministerio de Justicia, y que exista, al menos una oficina de registro civil en cada partido judicial, con la pervivencia de los Juzgados de Paz y del Registro Civil Central. 

La modificación que propone Gallardón en el Borrador del anteproyecto de Ley de reforma integral de los Registros, supondrá un nuevo ataque al servicio público, privatizándolo, al empleo público, con la amortización de más de 3.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia, y a los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia que se verán abocados a planes de reordenación de efectivos –incluso con cambio de localidad pues así lo permite la actual reforma de la LOPJ-ceses de personal interino, disminución de plazas en la OEP –tanto en el turno libre como promoción interna-restricción del derecho a la movilidad voluntaria a través de los concursos de traslados 

CCOO hace una propuesta seria y argumentada pero tampoco se nos puede olvidar que la modificación que propone el Gobierno de Rajoy no es ni tan siquiera ética; cualquier Gobierno debería abstenerse de adoptar medidas que favorezcan claramente los intereses del colectivo profesional al que pertenecen sus miembros. Resultaría cuanto menos ética y políticamente reprobable que un Gobierno cuyo Presidente es Registrador de la Propiedad, y cuyo Director General de los Registros y del Notariado también es Registrador de la Propiedad, adopten medidas que favorezcan claramente a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y les asegure el monopolio de toda la actividad registral en España, sufragada por los aranceles que tendremos que pagar todos los ciudadanos. 

Los grandes beneficiarios del boom inmobiliario de España acaecido entre los años 1992-2008 han sido los promotores inmobiliarios, los dueños de terrenos y los que profesionalmente participan del tráfico inmobiliario, es decir, gestorías, notarías y registradores de la propiedad, sin que los beneficios de estos últimos, funcionarios públicos conforme el artículo 277 de la Ley Hipotecaria, hayan revertido de modo directo en la Administración pública. Como consecuencia de la crisis económica los Registros de la Propiedad han sufrido una gran caída en su actividad, lo cual les ha obligado a recortar principalmente gastos de personal.