Sus señorías contra Gallardón


27 nov 2012



La Voz pasó una mañana con un juez de instrucción de Pontevedra para constatar el malestar del sector judicial con la reforma de la justicia


El juez pasa entre las mesas firmando los documentos que le ofrecen en carpetas de colores: naranja para las diligencias previas, amarillo para procedimientos abreviados, verde para juicios de faltas de este año, rosa para faltas del 2011... «Parece que lo hace sin mirar, pero te aseguro que sabe perfectamente lo que firma», dice Ana. Lleva 23 años en el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra, por el que ha visto pasar a varios jueces. Quien ahora firma los papeles que le entrega es Xermán Varela, de 37 años, que devuelve las alabanzas de la media docena de funcionarios a su cargo:«Sen eles sería imposible sacar isto adiante», dice.
Ha empezado a las nueve de la mañana tomando declaración a un testigo de una pelea callejera que acabó con un herido grave. Bajo la mirada cotilla del periodista y el fotógrafo a los que ha autorizado a espiarlo durante un día, lo interroga durante hora y pico y él mismo teclea sus respuestas en el ordenador: «Se tivera a un funcionario ocupado con isto sería unha hora menos para outros asuntos», justifica.
Y el tiempo hace falta. En Galicia hay 22 juzgados de instrucción como el suyo que, según el Consejo General del Poder Judicial, tramitaban a principios de abril 28.554 casos. Casi 1.300 por órgano. En las 255 salas de lo penal, social y contencioso de Galicia entraron entre abril y junio 118.894 asuntos. En ese período, se resolvieron 123.842.
Sentencias
El día de la visita de La Voz, Varela no tiene programadas vistas orales, pero la víspera fueron cuatro y el día anterior otras tantas. Unas quince en una semana. «Chego a casa ás tres e media ou catro, cociño, como, e logo empezo a redactar sentenzas», explica, para describir un ritmo de vida que sus compañeros ratifican. «Yo llevo unas 300 en lo que va de año», cuenta Miguel Aramburu, titular del Juzgado de lo Penal número 4. Ha tenido cuatro vistas y las resolverá durante el fin de semana. Como el decano de Pontevedra, Ignacio de Frías, que hoy tiene cinco juicios y quien admite que el trabajo «más fuerte» de los jueces se hace por la tarde, en casa, disputándole el tiempo a la familia, al ocio y al estudio: «Iré a clase de inglés de dos y media a tres y media, luego comeré y pasaré la tarde redactando sentencias». No es la primera vez que ha usado los permisos anuales de hasta 18 días que disfrutan los jueces para desatascar trabajo acumulado.
La reforma auspiciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planea quitarles permisos y acabar con los jueces sustitutos, lo que obligará a los titulares a asumir el trabajo de sus compañeros cuando estén de vacaciones, de baja o de libranza. «Si no puedo con lo mío, ¿cómo voy a poder con lo de los demás?», dice De Frías.
Eso sin contar con la falta de medios, ni con las tasas, que según María González, magistrada de lo civil, quiebran el derecho a la tutela judicial: «Hay casos que no se pierden por temeridad en el planteamiento de la demanda, sino porque falla un testigo o sencillamente porque los jueces no somos infalibles. Que se revise nuestro trabajo en apelación no puede costar 800 euros», apunta.
Las protestas contra la reforma han puesto de acuerdo a abogados, procuradores, secretarios, funcionarios, fiscales... Y a las tres grandes asociaciones de jueces: Jueces para la Democracia, a la que está asociado Varela; Francisco de Vitoria, a la que pertenece De Frías, y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con decenas de miembros en Galicia.
No reclaman mejoras salariales, pese a que, según un informe del Consejo de Europa con datos del 2010, sus sueldos no están entre los más altos: 47.494 euros brutos anuales, más que un juez portugués (35.699) o un francés (40.660), pero menos que un belga (62.367), un danés (104.098) o un escocés (150.106). Y eso que los de España están entre los que más carga de trabajo soportan: hay 10,2 jueces por 100.000 habitantes, frente a los más de 21 de la media.
«Organización»
Aun así, para Varela el atasco de la justicia «non é cuestión de número, senón de organización». «Eu podo estar no meu despacho tomando declaración como demandante a alguén que estea en busca e captura no xulgado do lado, e non teño forma de enterarme», afirma.
En las seis horas que han pasado desde que llegó al juzgado hasta que pasa a firmar recibís, ejecuciones y citaciones, ha interrogado a tres testigos de la pelea callejera y a un hombre acusado de no pasar la pensión a su exmujer, ha despachado con un mando policial sobre un asunto de robo con violencia y ha atendido a abogados y periodistas.
Ni siquiera ha podido abrir el correo electrónico, y hoy solo le dará tiempo a comer un bocadillo. Por eso, como les pasa a sus funcionarios, no entiende que la Administración les complique aún más el trabajo con recortes que consideran absurdos. Como la decisión de la Xunta de eliminar las carpetas de colores, que les permitían localizar rápidamente los expedientes entre las montañas de papeles que se acumulan en sus meses. «Ahora perderemos un montón de tiempo buscando documentos. Es un sinsentido», dice Ana.
Entre abril y junio los juzgados gallegos recibieron casi 119.000 asuntos

Publicado el 25/11/2012 en www.lavozdegalicia.es
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