La decisión del consejo sobre las juntas de Castilla-La Mancha y Cataluña supone un freno a las medidas de protesta previstas a nivel nacional y apoyadas por los magistrados vigueses
M. FONTÁN / A. BLASCO Algunas de las medidas de protesta previstas por los jueces ante las reformas legislativas y la falta de inversión en la Justicia acaban de toparse con un importante obstáculo. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial anuló ayer algunas de las decisiones adoptadas ya por la juntas de jueces de Cataluña y Castilla-La Mancha, como la de limitar la celebración de vistas al horario de mañana o la de exigir la dimisión del presidente del Consejo, Gonzalo Moliner. Los 35 magistrados del área de Vigo, el pasado 21 de septiembre, también decidieron sumarse a estas movilizaciones propuestas a nivel nacional, aunque su aplicación todavía estaba a la espera de la aprobación formal. La nueva situación parece cercenar la posibilidad de poner en marcha estas protestas.
Para el CGPJ, "el derecho de los ciudadanos a la obtención de la tutela de sus intereses legítimos" debe anteponerse a la adopción de medidas que "pueden limitar la atención de las necesidades del servicio o provocar retrasos en la prestación". Además, respalda la opinión de los Tribunales Superiores de estas dos comunidades, que consideran que los jueces reunidos en junta se excedieron en sus funciones y por ello remitieron el asunto al CGPJ. La Comisión Permanente concluye que adoptaron "decisiones no previstas" en la Ley Orgánica del Poder Judicial para este tipo de reuniones. De todos modos, el criterio no fue unánime. Dos vocales, Margarita Robles y Manuel Almenar, emitieron votos discrepantes. La primera se opuso a la resolución al entender que los acuerdos de los magistrados catalanes y manchegos se "ajustan a derecho" y destacó que "comprende el malestar existente" en la Carrera Judicial, descontento que fue expresado en un comunicado conjunto de las siete asociaciones españolas de jueces y fiscales. El vocal para Galicia también asegura compartir "gran parte" de este manifiesto, pero opina que el acuerdo de las juntas deberían entenderse como "sugerencias" ya que el ajuste de la carga de trabajo corresponde a cada titular.
Las medidas de autorregulación y petición de dimisiones ahora anuladas, también habían sido respaldadas hace un mes por el conjunto del colectivo vigués, que anunció que las pondría en práctica si no se abría una vía de negociación con el Ministerio de Justicia en octubre. Superado el plazo, los jueces vigueses preveían celebrar juntas sectoriales (que agrupan a los magistrados de cada jurisdicción en Vigo, como la Social o la Penal) para aprobar de manera formal los acuerdos y comenzar a trabajar a reglamento, es decir, cumpliendo escrupulosamente con los módulos máximos fijados, que no incluyen vistas de tarde, entre otras cosas. Sin embargo, la postura manifestada ayer por el CGPJ podría suponer un impedimento a esta pretensión. Aunque no hay nada en firme, los magistrados también estudian realizar un paro o convocar una huelga.
Publicado o 24/10/2012 en www.farodevigo.es
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