El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, asegura que el problema de la administración de Justicia es de "mala organización" por lo que sugiere que "en un momento de crisis en el que el dinero es escaso" hay que "explorar" reformas estructurales.
En una entrevista, De Rosa propone una serie de reformas para desatascar los juzgados"sin realizar una inversión económica" y se muestra contrario a la devolución de competencias en materia de Justicia porque "la centralización ha supuesto que la Justicia esté retrasada y sin inversión durante unas cuantas decenas de años".
Una de esas reformas sería "una nueva Ley de Demarcación y Planta en la que se haga una distribución mucho más racional de los órganos judiciales como ha ocurrido en otras administraciones como la Seguridad Social o Hacienda".
También "una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal" en la que si se apuesta por que sea el fiscal quien instruya las causas, "liberara un importante número de jueces de instrucción que se convertirán en jueces de garantía".
Además, apuesta por elaborar "una ley de tribunal de instancia" para "la coordinación de todos los jueces en un partido judicial", lo que supondría acabar con el binomio juez-juzgado para "volver a la relación asunto-juez", que significa que al juez "le corresponden tantos asuntos y por tanto son los que tiene que resolver".
Para De Rosa, el órgano judicial, con el gasto que ello conlleva en juez, secretario, funcionarios y unas instalaciones, "ha quedado obsoleto", y como medida para filtrar el número de asuntos que entran en los juzgados apuesta por "métodos alternativos a la propia judicialización" como la mediación, el arbitraje o la conciliación.
"Habrá que establecer qué asuntos deben ser objeto de judicialización" para que a los juzgados, donde entran nueve millones y medio de asuntos al año, "llegue aquello que efectivamente requiera la inversión del Estado y la intervención de un juez y fiscal y toda la estructura judicial".
Todo ello manteniendo la descentralización de las competencias en Justicia, porque para De Rosa, que fue consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana y que se define como "un ferviente admirador del estado autonómico", "se ha funcionado muchísimo mejor con la descentralización".
"Ayuda a acercar la Administración al ciudadano y al usuario y por tanto no soy partidario de que se devuelva ninguna competencia en materia de Justicia, porque el resultado de una Justicia centralizada, ya lo hemos visto, ese retraso histórico que tiene la Justicia".
En cuanto a la reforma que prepara el Ministerio de Justicia para el propio Consejo, el vicepresidente es "partidario de que haya una reforma profunda" de esta institución "para adaptarla a los tiempos actuales".
Fundamentalmente defiende que se cambie "el sistema de elección" de los vocalesporque, a su entender, "hay que ampliar mucho más, dar más voz a los jueces".
Sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referida a sustituciones y permisos de los jueces, De Rosa recuerda que en el informe que elaboró el Consejo al respecto, y que fue crítico con ella, se destaca la sobrecarga en los juzgados, sobre todo, por "el impacto que ha tenido la crisis en los órganos judiciales".
Por ello, "todo nuestro esfuerzo debe ir a esos juzgados", principalmente, los de lo Social, mercantil, laboral o de primera instancia (los más afectados por la coyuntura económica) porque "son los que más pueden contribuir a salir de la crisis".
Sobre la supuesta inquina hacia Interior que han mostrado en sus resoluciones algunos jueces de la Audiencia Nacional, De Rosa ha asegurado que no tiene "constancia de que exista algún tipo de actuación orquestada" y entiende que hay que "relativizar aún más y no ver enfrentamiento" en ciertas decisiones judiciales.
Para restar importancia al auto en el que Pedraz habló de la "decadencia de la denominada clase política" y de los "excesos" de la Policía en la gestión de los detenidos en la manifestación del 25S, De Rosa señala que al año se dictan más de dos millones de resoluciones y sólo hay "50, 60 ó 100 que pueden tener algo de polémica, lo que implica que las resoluciones judiciales no son objeto de polémica, pueden ser objeto de recurso, pero no de polémica".
Publicado o 15/10/2012 en www.lexdiario.es
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