La Plataforma Ciudadana "Por una Justicia de Todos" comenzará en los próximos meses una campaña contra el proyecto de ley de tasas judiciales propuesto por el Gobierno del PP por considerar que deja la Justicia "al alcance de unos pocos adinerados".
Esta entidad señala que el proyecto de ley, que contempla una subida generalizada de las tasas de entre 50 y 750 euros, es "desmedido, desproporcionado y cercena el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".
Si se aprueba este proyecto, las tasas judiciales supondrán "una puerta infranqueable que impedirá el acceso a la Justicia a la mayor parte de la sociedad", avisa la Plataforma en un comunicado.
Las tasas judiciales propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suponen una regresión a una ley preconstitucional del año 1959, "una época democráticamente superada", precisa este colectivo.
A diferencia de los depósitos que se reintegran caso de una resolución favorable, las tasas se pagan igualmente se gane o se pierda el pleito, aclara esta entidad.
En su opinión, la situación se agrava, al permitir el proyecto de ley la doble tasa, la estatal y la autonómica, en el caso de los usuarios de la Justicia de Cataluña o el País Valenciano, sometidos a un doble copago.
Por ello, pide al Gobierno que deje sin efecto el proyecto de ley de tasas, después de tomar conciencia de la necesidad de mantener a la Justicia como un servicio público a disposición de los ciudadanos "de toda clase y condición" que garantice y fortalezca la democracia en España.
Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) también expresa su absoluta oposición al proyecto de ley de tasas, que "limitarán de forma manifiesta el acceso a la Justicia de la mayor parte de la población".
En una nota, el SISEJ se muestra "rotundamente en contra de esta nueva vuelta de tuerca a la ciudadanía" y recuerda a los poderes estatal y autonómicos que España es un Estado social, según la Constitución.
Los secretarios judiciales critican al Ejecutivo por haber paralizado el proceso modernizador de la Administración de Justicia y por implantar las tasas "como mecanismo recaudatorio y disuasorio para quien necesita el reconocimiento judicial de sus derechos".
Para el SISEJ, las tasas encarecen el acceso a la Justicia, que ya tiene un coste elevado para gran parte de la ciudadanía, que queda fuera del ámbito de acción del derecho de Justicia gratuita, pero carece de los recursos necesarios para hacer frente a un pleito.
Estiman que si se aprueba el proyecto de ley de tasas, habrá ciudadanos de primera y de segunda clase en el ámbito de la Justicia y provocará que "la mayoría de la ciudadanía se sitúe en el segundo grupo".
El CGPJ ya criticó el anteproyecto al poco de anunciarse, en un informe de su Comisión de Estudios en el que se pedía al Gobierno que reconsiderara la subida de las tasas judiciales propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al entender que son desproporcionadas y en el que criticaba la desigualdad en el acceso a la Justicia que puede provocar el anteproyecto.
Publicado o 19/09/2012 en www.lexdiario.es
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