Los trabajadores del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados de A Coruña utilizan un símil para describir su labor: “Somos el motor de los procedimientos. Como una sala de máquinas que impulsa los juzgados a través de las comunicaciones”. Una sala de máquinas que, según denuncian los sindicatos, se ahoga en los cerca de 52.000 actos de comunicación que este departamento tramita cada año –la cifra corresponde a 2011–, derivados de procedimientos judiciales civiles y mercantiles.
Esas son, junto al orden laboral, las áreas jurisdiccionales en las que mayor incidencia ha tenido la crisis, que además de despidos y Expedientes de Regulación de Empleo, acarrea un ingente aumento de las reclamaciones de cantidad (deudas), desahucios, embargos o posesiones (derivadas de subastas tras una ejecución hipotecaria).
“somos como carteros judiciales, solo que los carteros se reparten el trabajo”
La plantilla demanda más ordenadores
y un sistema informático adaptado
Todas estas gestiones se realizan desde el Servicio Común de Notificaciones, pero no son las únicas, ya que sus trabajadores también se ocupan de trasladar citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos, órdenes procedentes de los juzgados y necesarias para dar impuso a un procedimiento judicial. El ejemplo que pone uno de los funcionarios de este departamento, resulta ilustrativo: “Si una sentencia ya dictada no se notifica, no puede ejecutarse”. Es decir, que no se lleva a efecto.
Escalada
La creciente litigiosidad provoca una escalada en el número las comunicaciones de esta oficina desde 2007 hasta la actualidad: en cinco años aumentaron desde las cerca de 40.000 a 52.500 que se alcanzaron en 2008 y se han mantenido desde entonces.
Y como observan desde el servicio de A Coruña, la tendencia no tiene visos de invertirse, en tanto que ni la situación económica del país se ha estabilizado ni las demandas se cumplen de inmediato. “Las de 2008 empiezan a ejecutarse al año siguiente, o en 2010”, ejemplifica Ángel Garmendia, que trabaja en esas dependencias.
Sin embargo, y según denuncian los representantes de los trabajadores, pese al incesante aumento de trabajo derivado del creciente número de litigios y su cada vez mayor dificultad, la plantilla de la oficina no ha variado desde hace cinco años. Eso significa que sus 18 miembros asumen cada día una media de 250 comunicaciones, a repartir, no solo en domicilios de A Coruña, sino de todos aquellos municipios del partido judicial, incluido Cerceda.
Pero, según recalcan los funcionarios, ni siquiera las distancias que abarca su tarea dan cuenta de lo que supone el trabajo real. Uno de los trabajadores pone como ejemplo de la entrega de bienes tras una subasta: se trataba de un centenar de pisos en la urbanización Valaire, en A Zapateira, cuya entrega requirió al funcionario cuatro jornadas completas. “En las estadísticas solo computa como una comunicación”, apunta. Y lo mismo con las notificaciones a una única persona a la que hay que “perseguir” por varios domicilios hasta dar con su paradero.
“Somos como carteros judiciales, solo que los carteros se reparten el trabajo”, plantean, para formular a continuación sus demandas para poder sacar a flote el mecanismo: ampliar el número de ordenadores, un programa informático específico y bases de datos sobre las diligencias realizadas y, sobre todo, una plantilla acorde a las necesidades de un servicio troncal como la que sus miembros asumen.
Publicado o 30/09/2012 en www.elidealgallego.com
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