Gómez Benítez denuncia que varios vocales viajan diariamente en primera a su residencia para dormir en casa y que muchos solo trabajan de martes a jueves
El pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazó el jueves pasado un plan de austeridad propuesto por el vocal José Manuel Gómez Benítez para poner un poco de orden en los abusos en los que, según el citado vocal, incurren continuamente algunos de sus vocales y el propio presidente, Carlos Dívar. Los gastos por viajes durante el último año se elevan a casi medio millón de euros, de los que una gran parte se atribuyen a desplazamientos particulares que se financian con cargo al presupuesto del Consejo.
José Manuel Gómez Benítez considera un escándalo que no pocos vocales duerman en sus domicilios de provincias prácticamente todos los días, adonde viajan en primera clase con cargo al contribuyente, y que algunos pasen hasta dos semanas sin aparecer por la sede del Consejo en la madrileña calle de Marqués de la Ensenada.
Además, critica que la gran mayoría viaje a su lugar de residencia el jueves en lugar del viernes por la tarde y regrese el martes, en lugar del lunes por la mañana, lo que se conoce en la sede del organismo con la expresión “semana caribeña”.
Por último, denuncia los desplazamientos del presidente, que siempre viaja con numeroso séquito, más el personal de seguridad, lo que considera un dispendio. Especialmente, varios viajes de fin de semana al sur de España, es decir, fuera de su lugar de residencia. Gómez Benítez sostiene que la mejor medida para la austeridad en los viajes es que estos gastos tengan que ser publicados. Por ese motivo, Gómez Benítez propuso en ese mismo pleno del órgano de dirección de los jueces un plan de ocho puntos en el que pretendía que en la documentación sobre desplazamientos del presidente y de los vocales con cargo al presupuesto del Consejo se hiciera constar expresamente la actividad concreta que motivaba el viaje.
Igualmente, reclamaba que, “salvo en circunstancias personales o familiares excepcionales”, la obligación de dejar constancia en el expediente de la actividad concreta motivo del desplazamiento fuera “aplicable a los viajes al lugar del domicilio fuera de la Comunidad de Madrid (...) cuando el desplazamiento tenga lugar en días que no coincidan con los fines de semana (de viernes por la tarde a lunes por la mañana) o con días festivos”.
Muchos vocales argumentan que viajan en jueves porque los viernes los dedican a visitar juzgados o sedes judiciales en su comunidad. Y que eso lo hacen también algunos lunes. Pero el vocal Gómez Benítez considera que simplemente realizan la llamada “semana caribeña” y que, por tanto, si no acuden a la sede del Consejo los lunes o viernes deben justificar su ausencia indicando el lugar y la actividad que estaban realizando. Gómez Benítez proponía que, para reducir el gasto en desplazamientos, los vocales concentraran las visitas a las sedes judiciales en determinados días del mes.
Además, en caso de que los desplazamientos no fueran en automóvil, instaba a que los vocales y el personal de los servicios técnicos viajaran en clase económica o similar cuando lo hicieran con cargo al presupuesto. Únicamente se permitiría viajar en clase preferente en vuelos internacionales de duración superior a dos horas y media.
Otra de las medidas propuestas hacía referencia a que los puntos y bonificaciones sobre precios que conceden las compañías aéreas y ferroviarias por los viajes realizados con cargo al Consejo deberían revertir al organismo —para reducir o amortizar el coste de otros viajes oficiales— y no a los vocales y a sus esposas, como ocurre ahora.
También se proponía que los viajes del presidente y de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales se deberían realizar con propuestas razonadas de presupuesto y limitar los viajes y el personal que se desplaza a lo imprescindible, además de estar justificado el desplazamiento del personal auxiliar.
La propuesta fue acogida con mucha frialdad, y algunos vocales pretendieron que se votara por separado cada uno de sus puntos. Uno de los vocales anunció que estaba dispuesto a votar a favor del acuerdo propuesto, pero que era contrario al punto relativo a que se especificase a qué se dedicaban los vocales durante los lunes y los viernes en los que no estaban en la sede del Consejo.
Nadie quiso hacer más observaciones, pero puesto el acuerdo a votación fue rechazado por 15 votos en contra y cuatro a favor. Dos ya se habían marchado. Los cuatro votos favorables fueron los del propio Gómez Benítez, Margarita Robles, Claro José Fernández Carnicero y el presidente Carlos Dívar. Curiosamente se produjo entonces una explicación de voto sucesiva de todos los vocales. Todos defendieron que hubieran votado aspectos concretos, pero no todo el bloque de reformas.
Otros vocales han calificado de “insultante” y de “planteamiento infumable” la propuesta de Gómez Benítez y han dejado claro que los cuatro que votaron a favor son residentes en Madrid. Gabriela Bravo, la portavoz del Consejo, aseguró que se han rebajado un 35% los gastos de desplazamientos. Los vocales del CGPJ ganan unos 112.000 euros al año y el presidente 130.000.
Las sanciones a los jueces permanecerán secretas
Las sanciones que el pleno del Consejo General del Poder Judicial o la comisión disciplinaria del citado organismo impongan a los jueces y magistrados no serán públicas, salvo que el caso de que se trate tenga una especial relevancia y los vocales decidan que la resolución puede ser conocida por la opinión pública.
El pleno del Consejo rechazó por 14 votos en contra y 7 a favor una propuesta del vocal José Manuel Gómez Benítez en la que instaba a la transparencia informativa en materia disciplinaria sobre los jueces y magistrados, el jueves, justo la víspera de que el Consejo de Ministros aprobara ayer la nueva ley de Transparencia.
En el pasado, las decisiones tanto del pleno como de la comisión disciplinaria que suponían apertura de expedientes informativos o disciplinarios, así como las exculpaciones o las sanciones que se imponían a jueces y magistrados eran públicas. Incluso el consejo publicó hasta 2004 unos libros compilatorios sobre las mismas, que desde entonces solo son accesibles por los propios jueces.
Gómez Benítez señalaba que la política de transparencia “exige una actuación responsable de las Administraciones públicas, de forma que la información sobre su actividad no perjudique el ejercicio de sus respectivas funciones y los derechos fundamentales de las personas”. Agregaba que la transparencia “es incompatible con las prácticas de ocultación de aquello que, con los límites señalados, tiene interés público, y precisamente por eso, debe ser difundido de forma veraz y responsable”.
Por el contrario, “una política de ocultación de la actividad pública deja el campo abierto a la filtración interesada, manipulada y parcial de una información que de otro modo habría llegado con naturalidad y objetividad a los ciudadanos”. Por ello proponía la publicidad de las sanciones entre 2005 y 2010, que permanecen secretas, así como una actualización anual de los datos.
El pleno del consejo rechazó la propuesta de Gómez Benítez con el argumento de que la publicidad de esos expedientes y sanciones genera mala imagen para la justicia.
Publicado el 24/03/2012 en www.elpais.com
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