Nota de prensa de CCOO de Xustiza
Las declaraciones en los distintos medios de comunicación del Sr. Presidente de la Xunta de Galicia. Nuñez Feijoo demuestran un desconocimiento absoluto, y no es la primera vez, de las condiciones de trabajo de los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia de Galicia y lo que es peor desconoce las propias medidas que han tomado a lo largo de este último año y medio.
Antes de dar lo motivos por los que entendemos que el Sr. Presidente desconoce la realidad de la Administración de Justicia queremos dejar muy claro varios puntos.
- Que los Funcionarios no somos los responsables de la “crisis-estafa” y mucho menos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
.- Nos parece una tomadura de pelo por parte de la Xunta de Galicia decir “vamos a solicitar otro sacrificio a los funcionarios”, cuando un porcentaje muy alto de Empleados Públicos no alcanza ni siquiera los 1.000€.
- En los últimos 3 años hemos acumulado una perdida del 13% del poder adquisitivo a lo que tenemos que añadir las congelaciones de los gobiernos de Felipe Gonzalez y Aznar.
- Los funcionarios públicos no somos responsable de los 5.000.000 de parados y la fijeza en el puesto de trabajo no puede ser justificación para repercutir en nosotros la “crisis-estafa”. El único motivo para tener un puesto fijo es, y fue, evitar que ningún funcionario actuara parcialidad, influenciado por el político de turno , es decir cumplir con la normativa vigente con independencia del partido que gobierno Y SOBRE TODO DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES Y EL ACCESO A LOS MISMOS DE TODO EL MUNDO , sin distinción de ningún tipo.
- Los Funcionarios Públicos cotizamos y pagamos todos nuestros impuestos, igual que todos los trabajadores que tienen una nómina.
Con respecto al desconocimiento del Sr. Feijoo de la condiciones de trabajo de los funcionarios de la administración de Justicia de galicia y de las medidas que ha puesto en funcionamiento la Xunta de Galicia en la propia Administración de Justicia decir lo siguiente:
No es verdad que los días de asuntos propios se cubran con otros trabajadores y mucho menos que se pague cantidad alguna, pues como he dicho no se cubren ni los días de asuntos propios, como tampoco se cubren las vacaciones.
Con respecto a las políticas de recortes que la Xunta de Galicia inicio hace un año y que el Sr. Nuñez Feijoo parece desconocer, decir lo siguiente:
Las bajas laborales, excedencias, no se cubren con funcionarios interinos al menos en 2-3 meses desde su inicio. Lo que está provocando que la Administración de Justicia que es junto a la Sanidad y la Educación uno de los pilares del Estado de Bienestar, no cumpla su cometido sobre todo en estos momentos de crisis
Estamos hartos de que se nos utilice como chivos expiatorios de todos los males, cualquier día nos acusaran de ser los responsables de la gripe aviar.
España (9%) esta a la cola de Europa en número de funcionarios, la medía en la Unión Europea es del 16% y en países como, Suecia (22%), Finlandia (19%), Dinamarca (26%), tienen un mayor número de funcionarios y la crisis no está afectando de igual manera que a España, lo que demuestra de una manera diáfana que los funcionarios públicos no somos responsables de la “crisis-estafa”.
Desde el Sector de Justicia de CC.OO creemos que los ciudadanos y los propios funcionarios deben entender que los recortes de los Servicios Públicos atacan directamente al Estado Social y de Bienestar.
Rechazamos, también, su conversión en un negocio para empresas privadas, así como que el incremento de los ingresos se realice sobre vías como los impuestos indirectos, el incremento de los precios públicos, el copago o formulas similares, que recargan el coste en la cidadanía.
Por ello, desde CCOO, manifestamos nuestro rechazo a la falta de inversión y los recortes en servicios públicos. En esta época de crisis deben centrarse los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos y del estado del bienestar, porque las personas son y deben ser siempre lo primero, y para ello deben conservarse los derechos a unas prestaciones sociales propias de un estado de bienestar desarrollado y a unas adecuadas condiciones de vida, además del derecho a un trabajo digno.
