El juzgado penal más antiguo de Vigo, el número uno, ha reclamado refuerzos de funcionarios porque están desbordados de trabajo y tienen más de 900 asuntos pendientes de ejecución.
Entre las sentencias que están pendientes de dictar y de ejecutar figuran asuntos complejos como el caso de la trama del contrabando del puerto de Vigo dirigida presuntamente por un guardia civil.
En el juzgado los legajos se acumulan en las baldas de los armarios y en las mesas mientras los funcionarios acusan el esfuerzo de intentar tramitar tanto papel. En esta dependencia trabajan dos gestores, dos tramitadores y cuatro auxiliares. Entre los tres juzgados penales los asuntos pendientes pueden superar en estos momentos los dos mil.
El sindicato Comisiones Obreras reclama más personal y señala que una serie de factores han contribuido al colapso de los juzgados penales. En mayo del 2003 entraron en vigor los juicios rápidos. En diciembre del año siguiente, la carga de trabajo volvió a incrementarse con la Ley de Medidas contra la Violencia de Género. Aunque muchos casos de maltratos son atendidos por el juzgado específico de violencia otros muchos acaban en otros juzgados penales.
Según los funcionarios, uno de los principales factores de colapso judicial es la entrada en vigor de la reforma del Código Penal del año 2007. En ese momento pasa a ser delito conducir cuando la tasa de alcohol supera los 0,60 miligramos por litro de sangre. Los juicios por alcoholemia terminan en penas que en algunas ocasiones no se cumplen, por lo cual los automovilistas tienen que volver a sentarse en el banquillo por quebrantamiento de condena. En mayo del año 2008 volvió a ampliarse la nómina de delitos contra la seguridad vial y, a partir de ese momento, se convierte en delito llevar un coche sin tener permiso de conducir.
Así las cosas, el 23 de diciembre del año pasado entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010 que modifica el Código Penal. Algunas de las normas que introdujo se refieren a los castigos por delitos contra la seguridad vial y contra la propiedad intelectual. Esto afectó a los funcionarios, porque al modificarse la calificación de los delitos contra los manteros tuvieron que revisar las ejecutorias de este tipo existentes en el juzgado.
Un ejemplo claro de la modificación de la ley es que antes de la Ley Orgánica 5/2010 existía una disyuntiva entre las penas de prisión, las de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora en lugar de realizar estas tareas en favor de la comunidad se puede pagar la multa correspondiente. El cambio lleva a revisar las penas y modificarlas en el sentido de la reforma, es decir son trámites extraordinarios que tienen que realizar los funcionarios.
Los trabajadores de los juzgados también se quejan de que tienen problemas de funcionamiento de los ordenadores y de falta de interconexión en los juzgados, lo que hace que a veces se trabaje en balde.
Publicado en www.lavozdegalicia.es
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